El fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jorge Norambuena, recomendó reabrir la investigación por el proceso de privatización de Soquimich (SQM), en que prácticamente Pinochet le regaló la empresa estatal a su entonces yerno, Julio Ponce Lerou, y su hermano Luis Eugenio.

Por Macarena Montes

En un documento, el fiscal Norambuena recomendó reabrir la investigación judicial contra los hermanos Ponce Lerou por la cuestionada privatización de la minera no metálica, según informó este martes Radio Bio Bio.

La investigación se enmarca por la querella interpuesta en 2016 por cerca de 1.400 extrabajadores por los delitos de estafa y apropiación indebida de acciones de Pampa Calichera que les fueron apropiadas en 1985 y que el régimen violó sistemáticamente los derechos humanos de los trabajadores de SQM y de todos los chilenos, en el marco además de una serie de maniobras en la apropiación indebida de bienes fiscales que caracterizaron a la dictadura.

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No obstante, el 34 Juzgado del Crimen de Santiago, declaró prescritos los hechos, sobreseyendo a los hermanos Ponce Lerou. Sin embargo, en la Quinta Fiscalía Judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago, el persecutor Jorge Norambuena, consideró que es relevante reabrir la investigación.

«Dentro de los argumentos, se apunta que están justificadas la existencia de los delitos de estafa y apropiación indebida. Pero no solo eso, sino que que aparecen presunciones fundadas para estimar que a los inculpados han tenido participación en los delitos como autores» señala el citado medio.

Cabe recordar que en 1983 la Corfo emitió una resolución que permitía la venta de hasta el 30% de las empresas del Estado, mismo año en que la entonces minera estatal se convirtió en sociedad anónima ante la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y se inscribió en el registro de valores de la Bolsa de Comercio de Santiago, esto mientras Julio Ponce Lerou era presidente de SQM y a su vez gerente general de Corfo.

La apropiación de empresas públicas fue uno los grandes daños al patrimonio de Chile en los sistemáticos robos realizados a la población en dictadura y que han afectado gravemente la capacidad del fisco de obtener recursos en favor del enriquecimiento de los círculos de especuladores cercanos al régimen.