[resumen.cl] Una compleja situación vive una madre penquista y su hija, diagnosticada con epilepsia refractaria, luego de una serie de hechos de violencia, ignorados por las autoridades penquistas que finalmente cerraron su caso por una insólita razón. Luego de acudir a una serie de instancias, finalmente Fiscalía comunicó la orden de no perseverar en la investigación, argumentando que la adolescente no puede hablar y por ende, no podría entregar un testimonio de lo sucedido en su contra.

Abandono estatal y vacíos legales advirtió en conversación con RESUMEN, Angelica Loyola, madre penquista que desde 2018 enfrenta la negligencia de las instituciones, que desde el SML hasta el Ministerio Público, le negaron atención pertinente a ella y a su hija de 17 años, diagnosticada con epilepsia refractaria y trastorno psicomotriz.

Las agresiones reportadas por Loyola contra su hija empezaron a informarse a las instituciones pertinentes en 2018., específicamente el 26 de diciembre. Luego de que pasara cuatro días con su padre, la adolescente de por entonces 14 años de edad, fue devuelta a su madre con el cuerpo lleno de hematomas.

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El inicio de las negligencias

Luego de estos hechos, Angelica explicó que «puse una denuncia en Fiscalía por agresión física. Después de eso, el padre de mi hija la dejó de ver por ocho meses. Durante esos ese tiempo Fiscalía no hizo absolutamente nada, demoraron 10 meses en hacer los peritajes de los moretones y sólo fue después que puse una denuncia por posible abuso sexual, que los hicieron».

Loyola relató que su hija comenzó a vivir los cambios hormonales propios de la pubertad, situación abordada con una neuróloga, que en primera instancia le explicó que serían normales los cambios de conducta.

Paralelo a ello, el Juzgado de Familia de Concepción, otorgó nuevamente visitas al padre después . «Llegó el 1 de septiembre, él pasó un día con mi hija y llegó a mi casa inmediatamente con psicosis, la mirada perdida, llantos y gritos. Como yo había hablado con la neuróloga me imaginé que era parte de ese proceso», acotó. Pero las crisis no cesaron y la madre advirtió que algo más pasaba, «cuando le cambié paños grabé a mi hija y la matrona me dijo que eso no era normal y que no perdía nada con denunciar la situación», agregó.

Luego de las recomendaciones de la profesional, Angelica Loyola, se dirigió nuevamente a Fiscalía, esta vez para dejar todos los antecedentes relativos a posibles agresiones sexuales. Una de las abogadas de la institución le habría comunicado que la iban a llamar y que se fuera tranquila, pero nunca le explicó el conducto regular, que entre otros, implicaba que llevara a su hija hasta el Servicio Medico Legal o a un hospital, no a un medico particular. Sobre esta situación, comentó que «ese mismo día la tía del colegio me llama y me dice ‘mamita, su hija no está bien’.»

Angustiada por la situación, inmediatamente buscó de forma particular la atención médica de una matrona que pudiera evaluar a su hija y determinar si efectivamente había o no indicios de abuso sexual.

Durante la consulta, Loyola relató que en conjunto con la especialista, «le sacamos los pañales, la matrona revisó como correspondía e hicimos una grabación donde tenía una fisura en el interior de su vagina. Imagínate cómo quedamos con esa situación, me estaban confirmando lo que creía, yo lo vi, estaba ahí y vi cómo estaba mi niña».

Fiscalía sumó y siguió

Después de conocer el diagnostico de la medica, se Loyola se dirigió hasta la PDI desde donde la volvieron a enviar a su casa, explicándole que con los videos que les presentó bastaba para estampar la denuncia y que la llamarían de Fiscalía. «Ahí siguió mi calvario con Fiscalía», adelantó la madre.

Explicó que el trato hacia ella y su hija fue peyorativo y desinteresado, recordando que «la fiscal Jocelyn Briseño no me recibió en dos oportunidades. Primero me dejó esperando con mi primer abogado y no me recibió en una segunda oportunidad, ni si quiera me dio la cara. Me trató como prácticamente si yo le hubiera pagado a la matrona y que por qué había ido a ella si ellos tenían el SML y eran los únicos que podían determinar si había o no pasado algo, que esa prueba no servía».

27 días después, recién el Ministerio Público ordenó la evaluación en el SML para acreditar si existía o no abuso sexual.

Orden de no perseverar

Sin siquiera considerar la opinión de los especialistas que trabajan con la adolescente, Fiscalía optó por no perseverar en la investigación, dándole un portazo en la cara a Angelica Loyola y su hija. Pese a existir dos denuncias por maltrato y posible abuso, el organismo persecutor decidió que como la joven no puede hablar, no existe un testimonio que valide la acusación.

A quien sí le tomaron declaraciones fue al padre de la joven y a la hermana de éste, que según declaró Loyola, ni siquiera se encontraba el día de la última visita. Finalmente «no se hizo absolutamente nada», enfatizó, haciendo extensa de forma transversal esta crítica a todas las instituciones que fallaron y las desprotegieron.

Sobre la el abandono estatal para con este tipo de situaciones, la madre se refirió a que «no hay información de los protocolos a seguir, ni siquiera con niños con distintas capacidades. Por ejemplo, no consideran a su equipo de trabajo, que son los que conocen más a estos niños que no se comunican de forma verbal o escrita pero sí conductual. Mi hija entró en psicosis el primer día y nadie vio eso, sólo la tía del colegio, la profesora, el kinesiólogo, etc. Mi hija caminaba, tomaba su taza, tenía más independencia y ahora nada, retrocedió totalmente después del abuso».

Angelica Loyola espera poder organizarse con otras familias que se hayan visto vulneradas en situaciones similares. Expresó que ya está en contacto con una madre que padeció el mismo abandono institucional frente a abusos contra uno de sus hijos.

Finalizó exigiendo legislaciones que permitan resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con algún grado de discapacidad frente a la ley y las agresiones de cualquier tipo en su contra. «Se deben tomar en consideración a las personas que están con estos niños, los kinesiólogos, los terapeutas, no un abogado que llega y toma a la persona sin saber lo que hace. Que existan mecanismos en que se capaciten a psicólogos que puedan ver este tipo de situaciones», concluyó.