[resumen.cl] Tras revelaciones efectuadas este domingo recién pasado a un matutino de la capital por la actual presidenta del Tribunal Constitucional, María Luisa Brahm, quién reconoció descomposición en el trabajo de ese organismo durante años, este lunes la abogada Carmen Hertz presentó una denuncia ante la Fiscalía Nacional para que investigue esos hechos.

La diputada Hertz, quien ha sido abogada querellante de causas de derechos humanos, solicitó se investigaran delitos de cohecho y prevaricación en que habrían incurrido miembros del Tribunal Constitucional, particularmente, en el período en que este organismo estuvo presidido por Iván Aróstica Maldonado, el antecesor de María Luisa Brahm. Ésta última es miembro del TC desde el año 2013 y en agosto de 2019 asume la presidencia del desprestigiado organismo.

La controversia se genera a raíz de las irregularidades señaladas por la señora Brahm en la referida entrevista, pues éstas se producen esencialmente en lo referido a causas por delitos de derechos humanos. Como lo han denunciado en reiteradas ocasiones por familiares de las víctimas, los abogados de los criminales procesados y/o condenados por causas de derechos humanos utilizan resquicios legales para recurrir ante el TC como maniobra dilatoria con la finalidad de entorpecer y obstaculizar el avance de los procesos, o impedir su resolución definitiva.

Este recurso es usado por abogados de criminales en cualquier instancia o tramo de tramitación de una causa, lo hacen en reiteradas ocasiones en el mismo proceso, o a favor del mismo criminal, y lo utilizan aún después de dictada resolución ejecutoria de sentencia por parte de la Corte Suprema. Todo ello con el objetivo de impedir la aplicación de justicia.

Uno que ha convertido este método en un deporte jurídico y en una reiterada forma de burla hacia los recurrentes y contraparte, es el abogado Maximiliano Murath, un obstruccionista de la justicia por ideología, cuyas últimas acciones consistieron en representar a los parlamentarios derechistas que recurrieron al TC para tratar de obtener el indulto de criminales que cumplen condenas por delitos de lesa humanidad, intentando obtener un beneficio de indulto originado por la epidemia del coronavirus destinado a los presos comunes adultos mayores.

Como a los senadores de derecha les fue mal en el TC con esta intentona – aunque los ministros Iván Aróstica, José Vásquez y Juan Romero estuvieron por acoger las peticiones de sus correligionarios de derecha – de inmediato un grupo de diputados derechistas (de nuevo representados por el mismo Murath) interpusieron otro recurso en el TC, con el fin de impedir la aplicación legal del beneficio en tanto no se les otorgara a los criminales autores de delitos de lesa humanidad. Finalmente decidieron retirar el requerimiento del TC, tras el portazo que se le dio al primer requerimiento.

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Respecto de las causas de derechos humanos que han sido llevadas hasta el TC, la señora Brahm reconoce que había incumplimiento del plazo legal para ver las causas, causas que pasaban dos años en el tribunal sin verse, causas en las cuales se hacía una discrecional selección previa de la sala que la vería, poco rigor y muy pocas tramitaciones, entre otros casos.

"Había causas detenidas en el Tribunal Constitucional por mucho tiempo, al límite de la corrupción".

Recordando que quien decidía y proponía que causas se ven en el pleno del organismo es el presidente del Tribunal Constitucional, la señora Brahm señala:

"Cuando llegué a la presidencia había causas que llevaban más de ocho meses y no pasaba nada con ellas, estaban en una especie de limbo. Estaban listas y no se veían. Antes que yo llegara había causas detenidas en el TC por mucho tiempo y eso llevó a una situación que estuvo al límite de la corrupción".

La dilación de las causas de derechos humanos se convirtió en una herramienta posible de lograr en el TC causando un daño jurídico pero, además, convirtiéndose en un negocio. Un abogado que en su contrato con el cliente cobraba en relación al tiempo que le tenía retenida la causa en el TC. La retención era posible por la complicidad de los ministros llamados a resolver esas cuestiones en el TC, alguno de los cuales con anterioridad había sido incluso abogado defensor de criminales por delitos de derechos humanos en los tribunales de justicia. En suma, a la larga espera por justicia que se prolonga por décadas en los tribunales ordinarios, los ministros del TC aplican su propia cuota de daño, más retraso y más negación de justicia.

Dice la señora Brahm: "Se acumulaban causas y no se gestionaba internamente y eso permitió que el TC fuera ocupado de forma instrumental para suspender juicios. Muchos litigantes vinieron en búsqueda de tiempo, a detener sus causas, a dilatar, y lo consiguieron".

Pero sentencia: "Ya nadie que busque tiempo por buscar tiempo puede venir acá. No hay refugio".

La composición de este Tribunal Constitucional está determinada por la propia constitución vigente, cuna y causa de esta descomposición moral que impregna estamentos institucionales. El TC está compuesto por 10 integrantes, tres de ellos son de libre designación del presidente de la república; cuatro son designados por el senado, dos de los cuales son propuestos por los diputados; y tres son designados por la Corte Suprema. Iván Aróstica Maldonado fue designado integrante del TC en el año 2010 por Sebastián Piñera, en su primer mandato presidencial.

La denuncia formulada por Carmen Hertz fue acogida por la Fiscalía Nacional. El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, señaló que se iniciará una investigación para determinar la existencia de delitos en el TC. El Fiscal Regional Centro Norte, Xavier Armendariz, fue designado para conducir el proceso.