[resumen.cl] Esta jornada en el 11º Juzgado de Garantía de Santiago, el Ministerio Público formalizó a 10 carabineros por el delito de facilitación de prostitución infantil de 3 menores de edad.

Según relató el fiscal que imputó el delito a los carabineros Jorge Peña, Javier Lagos, Aníbal Paredes, Manuel Álvarez, Cristián Garcés, Erwin Cárdenas, Diego Aguilar, Richard Espinoza, Jorge Sánchez y Cristián Cea -todos funcionarios de la Comisaría de La Cisterna-, los funcionarios policiales no habrían tomado medidas preventivas cuando sorprendieron en variadas oportunidades a 3 menores de edad ejerciendo la prostitución en la Avenida Américo Vespucio, en la comuna de la Cisterna.

El querellante en el caso, el Consejo de Defensa del Estado, señaló en la denuncia hecha llegar a la Fiscalía que "el día 12 de julio de 2016 a las 00.02 horas el vehículo policial a cargo de Javier Lagos y Aníbal Paredes quienes en calle San Carlos próximo a caletera Américo Vespucio sin descender del auto sostuvieron una conversación con mujeres que ejercían comercio sexual en la vía pública. Para posteriormente avanzar unos metros y conversar con una mujer que por su contextura física demostraba ser menor de edad, para posteriormente retirarse del lugar, sin adoptar ningún procedimiento policial".

Otro caso donde los funcionarios habrían actuado de manera similar fue en julio de 2016, donde dos carabineros involucrados "interceptaron a un adulto que estaba requiriendo los servicios sexuales de la menor explotada F.V.M. y solo lo pararon para cursarle una infracción de tránsito, conversaron con la pequeña y no hicieron nada para adoptar un procedimiento en favor de la protección de la menor."

La querella del Consejo de Defensa del Estado se señala que "personal de Carabineros que realizaba servicios en la población al efectuar la fiscalización del comercio sexual en la vía pública a diferentes mujeres, entre ellas menores de edad, omitió cualquier tipo de procedimiento en garantía de los derechos de las niñas y adolescentes involucradas, permitiendo que siguieran facilitando la prostitución de ellas, al no adoptar procedimiento policial alguno"

Los policías uniformados quedaron con las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.