Se trata de cinco funcionarios del Ejercito, acusados de apremios ilegítimos (tortura) contra una persona en Peñalolén, durante el Estallido Social. Los hechos están siendo investigados por la Fiscalía Oriente de Santiago.

Por Juan Contreras Jara

Durante esta jornada, fueron formalizados 5 funcionarios del Ejercito, entre ellos un capitán, por el delitos de tortura (apremios ilegítimos) cometidos durante el Estallido Social en contra de un vecino de Peñalolén, mientras patrullaban en el marco del toque de queda.

La formalización fue realizada por la Fiscalía Oriente en  el 13º Juzgado de Garantía de Santiago, instancia que decretó la firma quincenal, arraigo nacional y prohibición de acercase a la víctima para la y los funcionarios militares, pese a la gravedad de sus actos.

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Los hechos ocurrieron durante la noche del 21 de octubre de 2019, mientras un grupo de funcionarias y funcionarios del Ejercito hacían una ronda de patrullaje en Peñalolén. Uno de los hoy formalizados disparó su escopeta antidisturbios contra una persona que transitaba en el lugar, hiriéndolo en su pierna izquierda.

No conformes con la injustificada utilización de su arma anti disturbios, los demás militares persiguieron y golpearon en el piso al poblador, luego de amarrarle las manos. Todo lo anterior, en presencia de una teniente del Ejercito, quien no solo hizo vista gorda de la golpiza, si no que también ignoró la gravedad de las lesiones y no las reportó, ni tampoco lo trasladó hasta un centro asistencial.

La golpiza continuó hasta que la teniente entregó al poblador a otra guarnición del Ejército que se encontraba patrullando, donde volvió a sufrir apremios ilegítimos (torturas), estando amarrado de manos y boca abajo.

Sumada a los meses de incapacidad que le provocaron a la víctima la y los agentes del Ejército, el poblador de Peñalolén resultó con fracturas en sus costillas, en el tabique nasal y una serie de otras contusiones calificadas como graves luego de ser asistido médicamente.

Pese a la gravedad de los hechos y a las reiterativas torturas perpetradas por agentes del Ejército durante el Estallido Social, la y los funcionarios quedaron apenas con arraigo nacional y prohibición de acercase a la víctima, lo que demuestra una vez mas la desigual aplicación de la ley cuando el o la infractora son agentes del Estado.