Este viernes se realizó el foro anti represivo: Criminalización de los movimientos sociales" organizado por la , , Metiendo Ruido - Vocalía Contrainfo Federación de estudiantes de la Universidad de Concepción (FEC), Fedración estudiantes de la Universidad del Bío Bío (FEUBB) ANDHA Chile a Luchar Democrático, CEE de Derecho Universidad San Sebastián, Co-Lektivo.

La primera parte se llevó a cabo en el auditorio de la facultad de medicina de la Universidad de Concepción que se encuentra en toma. Expusieron Ricardo Ruz y Lorena Arce, miembros de la Asamblea ciudadana de Dichato; Paulina Rubilar, estudiante que recibió un disparo de lacrimógena por parte de carabineros en su rostro; Roxana Miranda, miembro de la agrupación Andha Chile a Luchar Democrático y el partido Igualdad; Recaredo Gálvez, estudiante y diregente de la Federación de estudiantes de la Udec; y Rodrigo Román, miembro de la Defensoría popular metropolitana. Estos invitados abrieron el foro, que en su primera etapa intentaba visualizar la represión y criminalización que el Estado ejerce contra la comunidad organizada.

Es así que los miembros de la Asamblea ciudadana de Dichato relataron la jornada de protestas que se vivió en la comunidad. Ellos consideraron que en Dichato se vivió un estado de sitio y no de derecho, pues se presentaron más de 25 buses de fuerzas especiales de carabineros. Asimismo manifestaron que lo que se vivió es uno de los tantos episodios de represión que responde a una política de Estado que busca criminalizar y reprimir a la comunidad que se organiza por exigir sus derechos.

Finalmente Ruz manifestó que " es violencia también que el presidente anuncie una reconstrucción, y que el intendente afirme que están trabajando junto a la gente, cuando esto es una gran mentira"

 Roxana Miranda, por su parte, contó las experiencias de represión que han recibido los deudores habitacionales por parte del Estado, recordando la toma que realizaron en el río Mapocho y otras situaciones. Igualmente dijo que no solo existe la violencia física, pues considera que el cobro excesivo por la vivienda (más de tres casas) también es violencia.

 Paulina Rubilar, relató cómo recibió el disparo en su rostro, el secuestro en el hospital por parte de carabineros y finalmente comentó en qué va la denuncia que interpuso contra carabineros.

 Todos los expositores concluyeron en la necesidad de abandonar el miedo a denunciar los actos de violencia por parte del Estado y la necesidad de constituir un grupo de autodefensa que incorpore a abogados que estén dispuestos a llevar estas causas, médicos que constaten efectivamente las lesiones de los denunciantes, en definitiva un grupo multidisciplinario.

 Igualmente expuso Rodrigo Román, abogado miembro de la defensoría popular. Ésta última es un organismo de derechos humanos que tiene como propósito la asistencia de los luchadores sociales que son vícitmas de la criminalización de la protesta social.

Denuncia que a partir de los últimos años de la concertación donde hay un auge de la protesta social se han realizado miles de detenciones ilegales, consideradas así porque "los tribunales de justicia, no la controlan, solo son vistas por fiscales y carabineros".

Agrega que "La protesta social no es un delito, pues está garantizada por la constitución, lo que pasa acá es que los grupos que dententan el poder quieran criminalizarla".

 Recomienda, finalmente, a las personas que se movilizan y que son detenidas por carabineros, no tengan miedo de hacer todas y cada una de las denuncias correspondientes, pues llegará alguna vez el día en que se hará justicia por estas violaciones a los derechos humanos.

 La segunda parte se realizó en la Universidad del Bío Bío por la tarde, el objetivo según los organizadores era conformar un grupo multidisciplinario de autodefensa.

Marta Pérez, sicóloga, miembro de «el kolectivo», recalcó la urgencia de conformar una defensoría popular multidisciplinaria en nuestra región, de modo que no solo se defienda judicialmente a las personas que participen de las protestas, sino que además se les dé contenido desde los profesionales. A modo de ejemplo mencionó que "la violencia en protestas estudiantiles debe ser entendida como la manera natural y legítima con la que los jóvenes expresan su vitalidad, además de la frustración que sienten al ser engañados por los gobiernos, así mismo los pobladores de Dichato".

 Pablo Ortega, quien ha participado en la defensa de distintos presos políticos mapuche, destacó el origen autoritario del mismo Estado chileno, hasta ahora el más "eficiente" en America Latina, dijo que en este contexto no se puede culpar a uno u otro gobierno de los niveles de represión. El abogado indicó que a pesar de que el pueblo mapuche es reprimido de forma mucho más brutal, poseen elementos concretos de triunfo, que han ido replicando, de modo que por más de 10 años han mantenido sus reivindicaciones. Agregó que la reforma procesal penal fue probada con las primeras causas Mapuche, que ésta ha servido al Estado para tener aun más control sobre los procesos.

 Por último Luis Arteaga de la Defensoría popular de la octava región dijo haber constatado que los casos mas frecuentes son las detenciones injustificadas, frente al derecho constitucional a protestar, las largas horas de detenciones y los niveles de violencia física y sicológica ejercida por carabineros, así también los miembros del Pikete jurídico de la Universidad de Chile expusieron sus experiencias apoyando a movimientos sociales y presos condenados por violencia política. En su exposición aclararon que para ellos el Derecho lo esconden las elites para causar temor y reprimir, "criticamos el Derecho por que las leyes que usan para juzgarnos no son nuestras"

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