[resumen.cl] Este martes los trabajadores públicos de la Provincia de Concepción marcharon por el centro penquista, mientras el Gobierno ingresaba al Congreso un veto presidencial aditivo al proyecto de ley sobre el reajuste salarial del sector público, insistiendo en un 3,2% e innovando con un aumento irrisorio en el bono de fin de negociación, quedando en:

$104 mil para quienes tienen una remuneración líquida igual o inferior a $550.000,

$75 mil para quienes tienen una remuneración líquida entre $550.000 y $770.000;

y $38 mil para quienes tienen una remuneración líquida entre $770.000 y $920.000.

Recientemente, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el veto interpuesto por Bachelet. En la votación, ocho votaron a favor, ninguno en contra y cinco se abstuvieron. Por la tarde, entre las 16:00 y las 17:30 horas, se votará el mismo veto en la Sala de Sesiones, donde intervendrán la totalidad de los partidos políticos con representación en el Congreso.

Los diversos Gobiernos civiles han implementado políticas que han acabado por precarizar las condiciones laborales de quienes trabajan en las diversas reparticiones del Estado, sin considerar su repercusión en la calidad de los servicios públicos. Son miles quienes laboran por contratos a honorarios y con contratos anuales, son miles quienes reciben salarios insuficientes para satisfacer sus necesidades básicas, sin que haya una respuesta gubernamental orientada a revertir estas condiciones. Falazmente, los personeros han justificado sus decisiones arguyendo un supuesto ahorro fiscal, sin hacerse cargo de todo el dinero del erario fiscal entregado a empresas privadas injustificadamente, a cambio de supuestos servicios, en realidad usados como pretextos para lucrar. Estos mismos dignatarios, ni siquiera insinúan el aumento de impuestos (o, su cobro) a las empresas que amasan pingües utilidades con la expoliación de comunidades, a través de su explotación laboral y la extracción de productos destinados al comercio de materias primas.

Cada vez, de manera más elocuente, la clase política expresa su desinterés por representar los intereses de la sociedad, ya ni siquiera se molesta en hacer pantomimas. Estas fotos del Ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dibujando, mientras se tramitaba el veto presidencial, son representativas de ello.

Esto obliga a los trabajadores a replantearse sus métodos organizativos y de lucha. El comienzo tardío y titubeante de este proceso de lucha por alcanzar un mejor salario ha terminado por pasar la cuenta. El compromiso de varios de los dirigentes nacionales con los partidos políticos oficialistas se ha evidenciado como nefasto. Y las organizaciones sin participación deliberante de sus afiliados se han mostrado impotentes para los desafíos presentes.