[resumen.cl] Este sábado diversas organizaciones territoriales desde Atacama hasta Chiloé se reunieron en Concepción en el Quinto Encuentro anual por la Defensa del Agua y los Territorios, donde discutieron cómo coordinar y fortalecer sus luchas frente a la multitud de iniciativas que buscan convertir en mercancía bienes comunes imprescindibles para la vida humana. Luego de las conversaciones y el establecimiento de acuerdos, unas tres mil personas marcharon por el centro penquista, visibilizando cada una de sus preocupaciones y anunciando el comienzo de un nuevo ciclo, donde, con una organización más nutrida, esperan responder con mayor eficacia a los embates del empresariado.

Este mismo día se cumplieron 8 meses desde que se encontró sin vida a Macarena Valdés, de quien se presume fue víctima de sicarios que actuaron bajo órdenes de los interesados en la instalación de ocho centrales hidroeléctricas en las cercanías de Panguipulli, Región de los Ríos. Macarena junto a su compañero, Rubén Collío, habían hecho una persistente oposición al emplazamiento de estos proyectos, exigiendo que se aplicara una Consulta Indígena a la población directamente afectada y denunciando las arbitrariedades de la empresa RPGlobal. Sin embargo, estas acciones tuvieron una interrupción trágica cuando sus familiares la encontraron muerta el 22 de agosto de 2016. Lo ocurrido desde esa fecha hasta ahora está marcado por la negativa del poder judicial a colocar a disposición todos los medios para esclarecer este hecho, manteniéndose impune.

En el transcurso de la marcha, conversamos con representantes de algunas organizaciones presentes, quienes nos actualizaron respecto a lo ocurrido en sus territorios y respecto a sus luchas. Aquí está el registro de sus afirmaciones:

Michel Donoso, miembro de la Coordinadora de Defensa de los Territorios, plantea que el propósito del Movimiento es levantar una propuesta de forma de vida distinta a la impuesta por este sistema. «Podemos decir que no tenemos ninguna decisión sobre cuáles son los proyectos energéticos existentes en nuestro territorio; respecto a la alimentación tampoco tenemos control, no podemos decidir si queremos tener alimentos orgánicos o no; por lo que pudimos ver durante los recientes incendios, el tema de las forestales urge, pues estamos arriesgando nuestra vida y eso lo pudimos ver este verano; el agua es imprescindible y seguimos siendo uno de los pocos países que tenemos privatizada el agua; también debemos abordar la lucha por una salud integral, lo que incluye un ambiente sano».

Lucio Cuenca, miembro de Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales [OLCA], afirma que se ha ido extendiendo el reconocimiento de la necesidad de decidir qué se hace en cada uno de los territorios y sobre los límites a los cuales se puede llegar respecto al uso de los ecosistemas. Además planteó que esta instancia se ha mostrado una convergencia en cuanto a esta preocupación y a entender que las amenazas y las fuentes de los daños son transversales, y, en este sentido, lo que se acordó para el resto del año, es estratégico.

Patricio Cavieres de Agua y Soberanía de Puente Alto, Región Metropolitana, involucrada en la lucha por detener el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, denuncia el evidente contubernio entre la clase política y el empresariado interesado en el funcionamiento de éste, de cual se ha reconocido que ha sido aprobado bajo condiciones fraudulentas, desoyendo sus nefastas consecuencias para la salud de la población santiaguina.

Lautaro López del Movimiento Salud para Todos, asevera que el modelo privatizador de los servicios sanitarios ha devenido en una precarización progresiva de la salud pública y una inmensa acumulación de utilidades por parte de quienes hacen negocio en este rubro. Esto debe enfrentarse con una propuesta que permita sumar a la comunidad a una lucha por acceder, de forma integral, a condiciones de salud.

Angélica Maripil de la comunidad Cauñicú y Los Chenkes, expresa que están enfrentándose a la ocupación realizada por la industria forestal y los intentos de instalación de centrales hidroeléctricas en el cajón del río Queuco. Explica que la defensa de su territorio es imprescindible para seguir habitándolo y en consecuencia lucharán para para ello.

Lucía Sepúlveda de la Red de Acción contra los Plaguicidas, expone que la posibilidad de acceder a alimentos sanos y seguros, no va a poder ser realidad en tanto la industria agrícola y forestal siga teniendo el poder que ostenta y el agua siga en manos de privados. Denuncia que en Paine, la transnacional Monsanto busca construir una planta de semillas transgénicas lo cual representa una nueva amenaza ambiental, fundamentalmente, por el uso de cuantiosas dosis de agrotóxicos, como el glifosato, del cual se ha reconocido sus nocivos efectos en los organismos vivos. Hasta ahora, plantea Lucía, el Estado chileno no ha posibilitado realizar una consulta ciudadana donde la comunidad pueda presentar sus observaciones al proyecto, por cual a ésta no le cabe otra alternativa que movilizarse en su propia defensa.

María Cecilia Bartolín de Antimafia Chile y miembro de Chile mejor sin TPP, afirma que el inicio del gobierno de Trump representó, entre otras cosas, el comienzo de una serie de gestiones orientadas a modificar las condiciones de los tratados bilaterales con EE.UU., buscando mejores condiciones para el empresariado de tal país. También se busca aprobar el TISA [Acuerdo sobre el Comercio de Servicios entre Australia, Canadá, Chile, Colombia, Corea, Costa Rica, Estados Unidos, Hong Kong, Islandia, Israel, Japón, Liechtenstein, Mauricio, México, Nueva Zelandia, Noruega, Paquistán, Perú, Suiza, Taiwán, Turquía, Unión Europea y Panamá], que extremará la pauperización a la cual está sometida la sociedad chilena y de otras naciones.

Sara Antulaf de la Coordinadora de Defensa de los Territorios se refirió a las catastróficas repercusiones de la expansión del negocio forestal en la Región, donde muchas comunidades han perdido las condiciones de habitabilidad de sus territorios, debiendo depender, ahora, de empleos precarios y de la asistencia de camiones aljibe (convertidos en un negocio sin regulación alguna), reproduciendo su pobreza.

Edison Neira, vocero de la Coordinadora Penco Lirquén, expuso que el proyecto Octopus se ha retrotraído luego que la Corte Suprema reconociera la ilegalidad de su Resolución de Calificación Ambiental, sin embargo la empresa persistirá buscando su aprobación definitiva, por cuanto la comunidad de la provincia de Concepción y Bulnes debe estar alerta.

Alejandro Campana y Mario González de la Coordinadora Territorial Barrio Norte, plantean que el río Andalién y las siete lagunas situadas en Concepción sufren una contaminación extrema producto de la permisividad de las instituciones públicas al empresariado inmobiliario y de otros rubros, permitiendo la progresiva degradación de estos ecosistemas. Denuncian que los estudios hechos en torno a estos ecosistemas no muestran antecedentes nuevos y tienen el propósito de pagar favores políticos.

Gabriela Torres de Triagrama afirma que los usuarios y cultivadores de marihuana han logrado establecer en la jurisprudencia chilena que su cultivo es legal para uso personal, sin embargo falta que se exprese en la práctica, pues se sigue criminalizado a quienes cultivan. Recientemente han interpuesto Recursos de Amparo en Concepción y Santiago, y próximamente en otras ciudades, donde se exigirá al Estado que los usuarios y cultivadores sean protegidos del actuar de la policía, pues la soberanía personal no puede ser transgredida por el Estado.