No es una sorpresa para muchos la decisión unánime del Tribunal Constitucional de acoger el recurso presentado por el abogado de SQM, Samuel Donoso -amigo del Ministro Peñailillo- por las investigaciones llevadas a cabo por la fiscalía respecto a la arista salida del caso Penta y que, al parecer, involucra a una red transversal de sujetos de los partidos políticos del establishment. La decisión sigue con la tendencia de la clase política de bloquear las investigaciones de la fiscalía, cuya hoja de ruta parece apuntar incluso a la Moneda.

La decisión del TC es una cuestión fundamentalmente política. La "guinda de la torta" de la Constitución del 80 -la misma de Guzmán y Pinochet- creo este poder superior capaz de frenar las investigaciones de la fiscalía -esa es una de sus múltiples facultades- , y está compuesto por 5 sujetos vinculados a los partidos políticos de la derecha y la Nueva Mayoría -dos a RN uno a la UDI y dos vinculados a la DC-. Es decir, si ya el Servicio de Impuestos Internos estaba cuestionado porque al no querellarse por el caso SQM, no permitía avanzar a la fiscalía -siendo el cargo del Director del SII un puesto de exclusiva confianza de la Presidencia, por lo que puede entenderse como un bloqueo de la clase política a la investigación judicial- la decisión del TC vino a confirmar el cerco político en torno a Ponce Lerou.

Más argumentos que fortalecen esta teoría los da la propia empresa, tras haber entregado la información contable solicitada por la fiscalía al SII y NO a la fiscalía. Posteriormente a estos hechos, el Servicio de Impuestos Internos reconoció que la información contable entregada por SQM entre el 2009 y el 2014 es incompleta. Es decir, la empresa del ex yerno de Pinochet sigue ganando tiempo.

Los últimos sucesos vienen a sumarse al intento de descabezar la investigación por parte de personajes de la Nueva Mayoría, que habían permitido el desplazamiento del Fiscal Gajardo de la investigación dejando a cargo de un familiar de la Nueva Mayoría el caso. La intentona "golpista" que no prosperó tras la presión ciudadana, hizo que el Fiscal Nacional Sabas Chahuán se hiciera cargo del caso, volviendo a dejar a Gajardo en un papel central.

A futuro se ve, a pesar de las crisis generada por los delitos, un posible "perdonazo". El propio SII unos días antes de señalar que la empresa no entregó todos los datos de información contable, anunció que las empresas que hubiesen cometido las mismas irregularidades que Penta debían autodenunciarse para de esta manera llegar a una vía extrajudicial.

La fortuna de Ponce Lerou tiene sus oscuros orígenes en la Dictadura Militar. Según una investigación de la propia Cámara de Diputados «como rematador de cientos de miles de hectáreas expropiadas por la reforma agraria, salió convertido en propietario de numerosos fundos. Hasta 1982 fue simultáneamente presidente del Complejo Forestal y Maderero Panguipulli y presidente de la Celulosa Constitución, Celco. Desde 1979, como ejecutivo de Corfo estuvo a cargo de Chilectra, Endesa, Soquimich, CAP, director de Iansa, CTC y Celulosa Arauco y Constitución. En 1983 fue sobreseído de la acusación de enriquecimiento ilícito y en 1984 y 1985, Corfo le hizo un préstamo con fondos del BID por 150.000 UF, de las cuales sólo pudo pagar menos de 50.000 UF. Todo ello dentro de la ley». Tras haber estado en el directorio de SQM preparó su privatización, para luego adueñarse el mismo de la empresa.

Involucrado en el Caso Cascadas, donde perjudico a través de sociedades cascadas a socios minoritarios, debió pagar una multa de US$164 millones a la SVS. El caso, bastante bullado fue muestra del actuar de este personaje, que para evitar multas mayores y procesos judiciales, dejó en los directorios de sus empresas a sujetos vinculados a la Nueva Mayoría.

Reconocido financista de la derecha, parece serlo también de la Nueva Mayoría.