En la lucha territorial por la defensa de la Bahía de Concepción y el humedal Rocuant-Andalién, la comunidad de Talcahuano presentará nuevas acciones legales de la mano de la Coordinadora Chorera y la ONG Defensa Ambiental.
Por Organizaciones Ambientales de Talcahuano
Ante el rechazo de las comunidades del borde costero de la provincia de Concepción por la posible instalación de terminales gasíferos en la Bahía de Concepción desde el año 2013, las organizaciones sociales del Bio-Bío han levantado y mantenido una lucha desde diversos ámbitos, siendo las acciones legales importantes armas que, junto a la movilización territorial, mantienen frenados a los polémicos proyectos GNL Penco y GNL Talcahuano.
La amenaza de este último radica en instalarse a 3 kilómetros frente a la Isla Rocuant de la comuna de Talcahuano, ingresando el año 2016 al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). GNL Talcahuano tiene como finalidad la distribución de Gas Natural Licuado (GNL) al sector industrial de la zona, como también hacia Argentina mediante el Gasoducto del Pacífico.
Es por esto que la Coordinadora Chorera junto a la comunidad organizada, el día 8 de octubre interpondrán dos denuncias ante la Superintendencia de Medioambiente de la mano de ONG Defensa Ambiental.
La primera de estas acciones es por elusión al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental debido a un proceso de evaluación "ambiental" realizado por tramos, con motivos comerciales y no en su totalidad para efectos de medir los impactos en el medio ambiente. La segunda, por incumplimiento de la Resolución de Calificación Ambiental ante la caducidad de esta infraestructura, considerando que no ha existido mantención desde su creación en 1998; esperando que de esta manera el organismo fiscalizador realice las investigaciones correspondientes a fin de evitar el funcionamiento de proyectos que podrían significar un peligro para la comunidad.
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El Gasoducto del Pacífico corresponde a una instalación trasandina que opera desde octubre de 1999 y que, con su extensión de 543 kilómetros, permite el transporte de GNL entre la provincia de Neuquén, en el sector noroeste de la Patagonia argentina y la región del Biobío, en Chile.
Si bien la actual legislación ambiental en el Art. 10 de la Ley 19.300 sobre Bases Generales de Medioambiente tipifica que los proyectos del tipo "gasoducto" deben someterse a Evaluación de Calificación Ambiental, no existe entidad fiscalizadora de aquellos proyectos instalados previamente a la entrada en vigor de dicha ley, como es en el caso del Gasoducto del Pacífico.
Cabe señalar que, además del término de su vida útil de 20 años tras no haber recibido mantenciones, esta instalación no ha sido evaluada ambientalmente en su totalidad, ya que se encuentra dividida por tramos, desconociendo los impactos socioambientales que podría ocasionar en los distintos territorios que ha intervenido, sin considerar los eventuales daños colaterales que podría provocar una fuga o explosión por parte de este tipo de instalación, ocasionando deslizamientos de tierra e inundaciones en las zonas costeras. Como también, ser altamente vulnerable ante eventos naturales de gran magnitud como lo son terremotos, tsunamis y trombas marinas, siendo estos bastante frecuentes en este territorio.
Frente a las irregularidades e infracciones ante la Ley 19.300 mencionadas anteriormente es que el movimiento socioambiental ha encendido las alarmas por la peligrosa conexión entre GNL Talcahuano y el Gasoducto del Pacífico, más aún considerando un tramo de 60 mts. no evaluado ambientalmente que corresponden a la estación de descompresión que debe construir el proyecto para establecer su conexión al gasoducto.
Cabe mencionar que dicha estación pretende ser construida sobre el Humedal Rocuant-Andalién, importante sitio de avistamiento de aves, corredor de aves migratorias y barrera natural frente a fenómenos naturales como Tsunamis.
Desde la Coordinadora Chorera señalan que "como organización y habitantes de Talcahuano, tenemos la firme creencia de que el desarrollo de nuestra comunidad debe basarse en el buen vivir de sus habitantes y no en el crecimiento económico de empresas ajenas a nuestro territorio. Asimismo, tenemos el derecho a elegir un desarrollo desde y para las comunidades".