[resumen.cl] Tenso se encuentra el ambiente al interior de las organizaciones de los funcionarios públicos. Mientras se estampaba la firma del acuerdo de reajuste de 3,5% con el gobierno, el ejecutivo realizó una serie de despidos de funcionarios a contrata y honorarios a lo largo de todo el país.

Nuevamente se acrecientan las críticas hacia las cúpulas sindicales de la mesa del sector público, pues dirigentes de base vieron con amargura y descontento como se firmaba un acuerdo de reajuste salarial mientras se despedían a trabajadores. Llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp anunciando desvinculaciones llovían mientras se acogía la propuesta del gobierno.

Las desvinculaciones son denunciadas como irregulares.

Cristián Inzunza, de la Federación de funcionarios públicos del Ministerio del Interior señala a Resumen que hay hasta el momento 250 personas despedidas del Servicio de Gobierno Interior -210 a contrata y otros honorarios- todo ello basándose en razones como "baja presupuesto", lo que es desmentido por el dirigente quien aclara que de hecho hay un incremento de 2,6 puntos percentuales para gasto en personal. Agrega que muchos fueron desvinculados aludiendo a un presunto "mal desempeño" lo cual desmiente, pues indica que se trata de funcionarios con excelentes calificaciones, algunos con 10 años, 15 años de servicio. En síntesis, explica que la dotación de funcionarios de Gobernaciones e intendencias se redujo en cerca de un 10%.

A estas desvinculaciones se agregan los 40 despidos en Senda, 46 despedidos de la Subsecretaría de Prevención Delito, 45 en la Subdere y 35 en la Subsecretaria del interior. Insunza anuncia que la Federación se juntará para definir movilizaciones próxima semana.

Esteban Orella, dirigente local de los trabajadores a Honorarios informó que hay 7 desvinculaciones en el FOSIS de 'uble y 7 de Desarrollo Social. Eso por el momento.

Una situación particular se dio en Valparaíso. Los funcionarios agrupados en la Andime, del Ministerio de Educación, ante la información de despidos de sus compañeros de trabajo decidieron continuar con la paralización y no la bajaron ayer tras la firma de acuerdo con el gobierno.

En el Bío Bío, la dirigente regional de la Anef, Lorena Lobos, también anunció posibles movilizaciones a partir de la próxima semana debido a la gran cantidad de desvinculaciones.

Las críticas del sector disidente

Jimena Aguirre, parte del Movimiento Cabreados de la ANEF -dirigentes críticos a las conducciones partidarias de la organización- señaló a Resumen que todavía no pueden tener cifras exactas, que más bien el número de desvinculaciones está en construcción, pero que se puede hablar de cientos de despidos en los distintos organismos del Estado.

Entre los desvinculados se encuentran ex dirigentes sindicales, actuales dirigentes sindicales, un ex dirigente regional de la ANEF en Aysén, dirigentes a honorarios en el Ministerio de Transporte y de Educación. "Son cientos de despidos de trabajadores del Estado que llevan 10, 20 años trabajando que se van a sus casas sin un peso en el bolsillo, porque nosotros no tenemos derecho a indemnización, ni a seguro de cesantía, por tanto la gente puede haber entregado una vida al Estado, haberle dado sus pulmones y se va a su casa sin un peso. Hay gente que tiene cerca de 60 años que están a punto de jubilarse, mujeres, hombres, o sea una razzia del estado que ha hecho el gobierno de Sebastián Piñera"

Ello, lamenta Jimena, sumado a las pensiones miserables que reciben de las AFP conjugan una realidad perversa.

Aguirre señala con indignación que lo negativo de la situación actual no solo es enfrentar a un gobierno de derecha, sino a las cúpulas sindicales de la ANEF "Lo peor son las altas cúpulas de los dirigente sindicales que, nuevamente, no están disponibles para luchar por el empleo público y la estabilidad laboral. Esa era la consigna de la movilización de estos días: la dignidad en el empleo, la estabilidad laboral, por un reajuste digno."

Argumenta que se trata de dirigentes del Partido Comunista, Socialista y Democracia Cristiana que, prácticamente, celebraban que en esta oportunidad habían menos despidos que en el primer gobierno de Piñera, por lo que llamaron a pelear por los puestos de los despedidos de manera local, restándole fuerza a una movilización que recién estaba comenzando y que podría haber obligado al gobierno de Sebastián Piñera a revertir las desvinculaciones. "Están coludidos en sus partidos con los distintos gobiernos, porque no es un tema de gobierno de derecha o de Nueva Mayoría o del que sea, ha sido en todos los gobiernos de la postdictadura el como han transado, como desarticulan, como maquinean"

La dirigenta fustiga que se trata de desvinculaciones en programas sociales que estaban implementados en el Estado y que benefician a gran parte de la población. "Eso es lo que el gobierno de Piñera trata de disminuir y de arrasar en el Estado (...) Es preocupante porque finalmente nosotros somos servidores públicos, nos debemos a esas personas que son las que van a requerir los servicios del estado y esos programas sociales desaparecen."

Respecto al reajuste Aguirre no duda en tildarlo de migaja. "0,6% proyectado, que ni siquiera tenemos la certeza de que va a ser un 0,6 porque si el IPC es más alto, el reajuste va a ser aún menor. 0,6% real en una renta de 500 mil pesos, son 3 lucas en una familia de en promedio, 4 personas. Es indigno lo que hace el gobierno porque nuestro país proyecta un crecimiento sobre el 4% entonces dónde quedan las utilidades. No se distribuye en la fuerza que hace funcionar el motor de este país que son los trabajadores del Estado"

Los dirigentes críticos agrupados en la ANEF plantean la necesidad de revitalizar la lucha sindical a través de la movilización social, en un escenario cada vez más complejo para los funcionarios públicos y los trabajadores en general, con un gobierno que pretende avanzar más en el recorte de derechos laborales. Lo que se complejiza aún más con el cambio en la composición de las salas de la Corte Suprema, donde su sala laboral termina con una mayoría de jueces proclives a las prácticas antisindicales de los empleadores, sean estos particulares o el Estado.