Los derechos sexuales y reproductivos afectan directamente el acceso a la salud de mujeres y disidencias. Estos, se entienden como aquella dimensión que busca resguardar todo lo que conlleva la salud en el ámbito sexual. La Nueva Constitución y la consideración de estos derechos en ella, amplia el horizonte para garantizar el acceso y la dignidad en la salud de mujeres y disidencias. 

Por Valentina Luza Carrión / resumen.cl  

Cuando se habla de salud sexual y reproductiva, están contemplados dentro de estos derechos: el acceso a tratamientos de VIH y enfermedades de transmisión sexual, derecho a decisión en planificación familiar, métodos de anticoncepción e interrupción del embarazo, acceso a tratamientos ginecológicos, entre otros.

Según datos de la Fundación Miles la salud sexual y reproductiva fue una piedra de tope durante el primer trimestre de 2020 fecha de plena emergencia sanitaria. El acceso al método de anticoncepción, controles obstétricos e incluso el acceso a tratamientos de VIH no se pudieron llevar a cabo. Cerca de un 88% no pudo acceder tratamientos de VIH, indica un informe de Corporación Miles.

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Al tratarse de un derecho no consignado en la Carta Magna, varias irregularidades quedaron en denuncias sin respuestas. Según este mismo documento las mujeres y disidencias sufrieron un grave impacto de accesibilidad a la salud dentro de la legalidad. En la Segunda encuesta sobre acceso a derechos sexuales y reproductivos (2020) se constató que un 74% tuvo dificultades para el acceso a anticonceptivos.

Un 42% manifestó problemas para poder acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. También, el aumento de embarazos y abortos bajo la clandestinidad significó un problema que puso en riesgo la vida de muchas mujeres. 

Por ello, desde Corporación Miles aseguran que el Estado se asuma como responsable de la salud sexual y reproductiva como una dimensión específica es un aporte significativo para las políticas del país, y asimismo, para los derechos de la comunidad LGBTIQ+ y las mujeres. 

Las pastillas anticonceptivas tuvieron un alza de un 18,8% en el último año. Créditos: Mostrador.cl.

» Y recordemos que será primera vez en nuestra historia que los derechos sexuales y reproductivos serán contemplados constitucionalmente», indicó la Corporación.

En su Cuarto Informe Sobre Derechos Sexuales y Reproductivos (2022)  abordó también que la Educación Sexual Integral, es parte de estos derechos que deben ser garantizados, siendo un inicio clave para ampliar desde lo social y cultural.

Desde la Fundación PRODEMU aseguran al respecto que: "El ejercicio de derechos por parte de las mujeres es uno de los requisitos centrales para avanzar en autonomía e igualdad de género. Exigir y poner en práctica las garantías aseguradas por el Estado demanda que las mujeres nos informemos; que tengamos claridad sobre nuestros derechos y de los mecanismos para hacerlos valer".

En el índice 253 Artículo 16 se indica que el Estado garantiza el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos sin discriminación, con enfoque de género, inclusión y pertinencia cultural, así como el acceso a la información, educación, salud, y a los servicios y prestaciones requeridos para ello.

Lo anterior, asegurando a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar, las condiciones para un embarazo, una interrupción voluntaria del embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos. Asimismo, garantiza su ejercicio libre de violencias y de interferencias por parte de terceros, ya sean individuos o instituciones.

Desde el Observatorio Constitucional de la Universidad de Chile, expresaron que se "logró tener un ideal de enfoque de género de manera transversal" ya que la Nueva Constitución consideró paridad en todas las comisiones, sin distinción. 

Además, que la pertinencia de los artículos – como el anteriormente mencionado-y su posible alcance en la vida de las mujeres puede impactar de manera directa a la equidad. 

Casos como el de Francisca, quién fue esterilizada contra su consentimiento en 2002, recuerdan la importancia de garantizar en la Nueva Constitución los derechos sexuales y reproductivos, como un avance que va correlacionando a las demandas desde el movimiento feminista.