[resumen.cl] El Ministro para causas de Derechos Humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, lleva adelante la investigación por la quema de actas de Consejos de Guerra del año 1973 y de microfilms de la CNI, documentos que podrían haber contenido una serie de antecedentes que aportarían a diversas causas por violaciones a los derechos humanos. Según un careo contemplado en la investigación del juez, el sujeto que quemó microfilms de la CNI declaró que había informado a un miembro del Alto Mando del Ejército de su acción, mientras se desarrollaba la "Mesa de Diálogo" del año 2000. Lo que contradice la histórica versión del Ejército acerca de que no tenía antecedentes sobre estos crímenes.

Carroza investiga 2 episodios de quemas de archivos. La primera, en la que ha citado a declarar a ex miembros del Ejército que se encontraban de guardia, se produjo tras un supuesto atentado -un presunto montaje- en donde se responsabilizó a miembros del Frente Patriótico Manuel Rodriguez de disparar con un cohete Low sobre la Escuela de Educación Física del Ejército, donde se almacenaban los expedientes de los Consejos de Guerra tras el golpe militar de 1973, archivos de gran importancia para perseguir los crímenes de los violadores de Derechos Humanos de la Dictadura.

En la segunda arista, se investiga la quema de microfilms de la CNI al interior de las dependencias de la Dirección de Inteligencia del Ejército, en que los militares Mercedes del Carmen Rojas Kuschevich, Osvaldo Ramírez Lazcano y Luís Zúñiga Celis destruyeron los archivos por orden del general Eduardo Jara Hallad. Lo realizaron sin dejar actas que documentaran su acción.

Radio Bío Bío reveló que en el careo realizado en el año 2015 entre Rojas Kuschevich, exjefa de archivos en el Departamento II de contrainteligencia y el general Eduardo Jara Hallad, se descubrió un pasaje desconocido hasta este momento: el jefe del Estado Mayor, general del Ejército, el general de División, Patricio Chacón Guerrero, habría sido informado verbalmente de la acción por el general Eduardo Jara Hallad.

Lo particular de esta declaración, es que revela que la quema de los microfilms se produjo mientras se desarrollaba la Mesa de Diálogo, instancia promovida por el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle en que se buscaba avanzar en materia de derechos humanos, para saber del paradero de los detenidos desaparecidos de la Dictadura militar.

Magdalena Garcés, abogada de Londres 38 y querellante en la causa investigada por Carroza, señala sobre este antecedente, que si bien no es algo que cause sorpresa en el sentido en que que se creía que el Ejército si tenía conocimiento de las quemas, "no deja de llamar la atención cuando hay un informe policial o declaración judicial que confirman lo que uno cree." La abogada señala que "aquí hay evidencia de que el Alto Mando sabía de la quema de archivos del año 2000 y que sin embargo, nunca fue investigado, ni fue informado a las autoridades. Más bien, la excusa acostumbrada del Ejército es que ellos no tenían información"

Las aseveraciones contradictorias del Ejército siembran nuevos mantos de dudas en cuanto a la veracidad de sus declaraciones sobre los casos de violación a los Derechos Humanos. Al respecto, Garcés advierte que la investigación está en su fase inicial y que pueden seguir revelándose antecedentes en el sospechoso actuar de los militares.

Cabe recordar que ambas quemas se dan en un contexto complejo para la institución armada: un atentado justo el año 89, cuando Pinochet ya había perdido el plebiscito y se encaminaba el candidato de la derecha a perder las elecciones y una quema en medio de la Mesa de diálogo en la cual el Ejército se comprometía a entregar antecedentes sobre los Detenidos desaparecidos. Para la abogada, suena al menos "paradojal".

Sobre la importancia de los documentos incinerados, Garcés señala que "hay antecedentes que dicen que existió un archivo de la CNI, que se trabajó en la confección de ese archivo, que fueron microfilmados, que hubo un contrato con la compañía kodak, para microfilmarlos, etc. Entonces, obvio que es importante si pensamos que la CNI estuvo involucrada en muchísimos asesinatos y desapariciones de personas "

Lo señalado por la abogada fue descubierto tras una investigación de la periodista Pascale Bonnefoy publicada en The New York Times el 30 de octubre del año pasado, titulada «Cómo los archivos en microfilme de la dictadura de Pinochet se hicieron humo», donde se detalla como la empresa Kodak tuvo un trato con la CNI, que capacitó a sus agentes y como fueron incinerados los microfilms.

Tras esta revelación el Sitio de Memoria Londres 38 se querelló, en una acción judicial que busca que se demuestre la posible configuración del delito de encubrimiento de crímenes cometidos por funcionarios del Estado, por agentes del Ejercito, durante la dictadura militar.

Ahora, con este nuevo antecedente relevado por la emisora radial, los querellantes en la causa solicitarán al juez Mario Carroza que cite a declarar al General superior de Eduardo Jara, Patricio Chacón.

Al respecto Garcés indica "nosotros no teníamos copia de ese careo y en ese careo Eduardo Jara señala que informó de la quema de archivos a su superior jerárquico del Ejército y nos parece que tiene que declarar en el proceso para saber que medidas se tomaron, que antecedentes tenía, etc."