El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, afirmó que «cuando manejas una operación de estas dimensiones (…) podría haber un error y que haya gente detenida sin tener ningún vínculo con las pandillas». Su declaración es expresión de las diversas denuncias que se han levantado contra el actuar del Gobierno y las policías en procesos de detención sin fundamento de cientos de personas por vínculos no comprobados con pandillas.

Por J. Arroyo Olea

Esta semana el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, dio una entrevista al medio BBC abordando la situación que vive el país con un año de estado de excepción en los hombros del Gobierno.

Entre las ideas planteadas por el representante del régimen encabezado por Nayib Bukele, se mantiene la férrea defensa al estado de excepción, el despliegue policial para seguir avanzando en detenciones y dardos dirigidos a organizaciones y medios internacionales que han sostenido una mirada crítica al proceso de «Guerra contra las Pandillas», debido a la serie de vulneraciones que se han denunciado públicamente y cuyas críticas el Gobierno ha rechazado.

En este contexto, Ulloa confirmó la posible existencia de errores en procedimientos de detención, donde pese a focalizarse en el procesamiento de integrantes de pandillas han privado de libertad a quienes no cuentan con relación alguna.

En sus palabras dadas al medio en cuestión, el vicepresidente explicó que «cuando manejas una operación de estas dimensiones --y hasta ahora hemos encarcelado a más de 65.000 personas--, podría haber un error y que haya gente detenida sin tener ningún vínculo con las pandillas».

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Reglón seguido, el funcionario público señaló que son miles las personas que han sido liberadas luego de una revisión en los tribunales del país de casos que no mantenían vínculo con agrupaciones criminales, pero declinó en dar una cifra de cuánta población inocente de delitos imputados sigue con privación de libertad.

Las declaraciones de Ulloa vienen a reforzar algo ya sabido, y es que el régimen de Bukele ha optado por una cacería generalizada contra la población de El Salvador con el objetivo de desestructurar a las pandillas. Sin embargo, esta misma forma de operar ha conllevado irregularidades al debido proceso de incontables personas.

Un caso icónico es el del albañil José Alfredo Grande Martínez. El medio del país salvadoreño El Faro informó que el trabajador fue detenido en abril de 2022 por parte de efectivos policiales en su vivienda, quienes lo capturaron apuntándolo como colaborador de la 37 Locos Salvatruchos (37LS), parte de la pandilla MS-13.

Sin embargo, la Unidad de Control de la Policía determinó que su detención fue arbitraria, sumándose el hecho de que los agentes policiales ingresaran información falsa en el acta de detención. A febrero de 2023, el albañil de 45 años seguía preso.

Paralelamente a la permanencia de estas irregularidades, El Salvador vive un proceso de consolidación de un Estado militar y policial sobre el cual, informan desde El Faro, se constituye «un régimen que ya no es una excepción y que ha provocado miles de denuncias de violaciones a los derechos humanos e incluso decenas de muertes en las cárceles».

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Fotografía principal: Secretaría de prensa de la Presidencia de El Salvador