En una ceremonia realizada en La Moneda, finalmente el Gobierno hizo oficial la presentación su proyecto de Reforma Tributaria, la que en palabras del Ejecutivo, pretende aumentar la recaudación fiscal neta en 4,1% del PIB. El proyecto ahora debe ser votado por ambas cámaras del Congreso.

Por Alejandro Baeza

Si bien el Gobierno había anunciado que presentaría el proyecto de Reforma Tributaria durante julio, fue precisamente el primer día del mes en que el presidente Boric junto a el equipo económico encabezado por el ministro Marcel realizaron el anuncio de la presentación en Patio de las Camelias del palacio presidencial.

El proyecto que debe ser ahora discutido y revisado por ambas cámaras del Congreso, tiene entre sus puntos principales que deberían haber menores exenciones tributarias y un royalty minero, así como el aumento del impuesto a la renta para las personas con ingresos mensuales superiores a los $4 millones de pesos.

En este último punto desde el Ejecutivo señalaron que este aumento sólo afectará el 3% de las personas asalariadas, mientras el resto, incluido el 75% que se encuentran exentos del impuesto a la renta, se mantendrá en esta situación.

Asimismo, el proyecto integra a las viviendas DFL2 al pago de carga tributaria por concepto de arriendos y un impuesto a las rentas del capital de 22% aplicado sobre los dividendos o retiros efectuados desde una empresa grande, aludiendo que dejan fuera de esto a las pymes. Este gravamen del 22% también se aplicará a las utilidades generadas por la especulación financiera en las bolsas, la que hasta ahora sólo consistía en un 10%

Desde el Gobierno también aseguraron -a través de una minuta- que proyecto pretende establecer «un conjunto de medidas orientadas a reducir las exenciones tributarias, eliminar resquicios que facilitan la elusión, fortalecer la capacidad para combatir la evasión de impuestos, y facilitar el cumplimiento tributario de los buenos contribuyentes» uno de los principales problemas de la estructura tributaria chilena.

Así también, se apunta a la creación de «un nuevo royalty minero, que elevará la renta captada por todos los chilenos producto de la explotación de recursos no renovables, sin por ello desalentar las inversiones y desarrollo de este sector. La recaudación de este impuesto se orientará a apoyar la diversificación productiva del país y financiar a los gobiernos regionales para sus inversiones en infraestructura social y desarrollo productivo».