El gobierno portugués ha manifestado que el «derecho a la propiedad» no puede prevalecer sobre otros derechos fundamentales, como el de la vivienda.  Se estima que son más de 700 mil las viviendas vacías en Portugal, mientras cientos de miles de personas no cuentan con ellas.

Por Joaquín Pérez

Ante la especulación inmobiliaria y alza desmesurada del precio de los arriendos de casas y departamentos, el gobierno portugués lanzó el plan «Mais Habitação», el que propone la intervención del Estado, con el objetivo de bajar el precio del arriendo y facilitar el acceso a la vivienda de las familias que no cuenten con ella.

El plan sugiere aumentar la oferta de casas y departamentos, bajando los precios, disparados por la especulación.  La propuesta portuguesa apunta a un conjunto de medidas que van desde penalizar o imponer un gravamen a los servicios de alojamiento local para turistas, como a las viviendas vacías, hasta poner al Estado como aval o prestador de servicios de arrendamiento.

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Otra de las medidas adoptadas por el gobierno portugués es el fin de la emisión de visas doradas, que permiten la residencia en el país y con ello dentro de la unión Europea y el espacio Schengen, a cualquier extranjero que invierta en la compra de una vivienda cuyo costo sea superior a 500.000 euros (430 millones de pesos).

La oposición de derechas y las empresas del sector inmobiliario ya se han pronunciado en contra, y se espera un mes de fuerte debate en los medios y el Parlamento.

La implementación del plan dependerá de algunas iniciativas que puede hacer el ejecutivo en forma directa, pero otras deben pasar por el Parlamento.

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Una de las medias más polémicas es la de que el Estado arriende viviendas particulares para luego subarrendarlas a precios accesibles a las familias trabajadoras. Otra es que el Estado obligue a arrendar viviendas actualmente vacías, actuando como aval de las personas arrendatarias.

El paquete de medidas, denominado «Mais Habitação», es un programa enfocado en las personas, que pretende dar respuesta a la urgencia de viviendas asequibles para las familias más pobres, pero también, a una clase media alcanzada por la especulación, las alzas del interés bancario y la inflación. Además, también considera a los jóvenes que logran su emancipación y que, debido al alto costo de la vivienda, sus salarios no alcanzan a cubrir.