Este viernes se aprobó en el Consejo Regional del Biobío la iniciativa suscrita por el gobernador Rodrigo Díaz de financiar y realizar un espectáculo a cargo de la Asociación Gremial de Turismo y Cultura de la Región del Biobío, PROTUR A.G. por un costo de $82.500.000.

Por Aniceto Hevia

El evento denominado «Encuentro cultural y ciudadano con la Convención Constitucional» se realizaría en el anfiteatro de San Pedro de La Paz el próximo 23 de noviembre y contempla la participación de la banda Los Tres, la Orquesta Sinfónica de Niños de Curanilahue y del tenor Miguel Ángel Pellao. La iniciativa tuvo 13 votos a favor, 6 rechazos y 4 abstenciones. En el documento firmado por Rodrigo Díaz y visado por el Consejo Regional del Biobío se puede leer el "diagnóstico" en que se funda esta iniciativa:

«La convención constitucional, que es el órgano encargado de la redacción de la nueva constitución política de Chile y la región del Biobío albergará la primera salida territorial de los constituyentes, debiendo trabajar el pleno y sus comisiones del 22 al 26 de noviembre. Se trata por tanto de un congreso en el marco del turismo de negocios muy importante para la región del Biobío» Sic.

Al revisar el sitio web de la Asociación Gremial de Turismo y Cultura de la Región del Biobío, PROTUR A.G. se puede apreciar que en su directorio están representadas las empresas: Hotel MDS Concepción, Hotel Four Points, Esquerré Tour Operador, Inacap Chillán, Nevados de Chillán, Hotel Pettra Concepción y Hotel Atton. De este modo, se infiere que los más de 82 millones destinados a este espectáculo tienen el propósito de subvencionar la actividad del empresariado agrupado en esta entidad y, por su parte, la Convención Constitucional es instrumentalizada como el símbolo legitimador de un pingüe negocio que sigue el libreto neoliberal con el Estado como financista.

Pero, la miseria de este "emprendimiento" impulsado por PROTUR, Rodrigo Díaz y su corte, también es representativo de la displicencia supina sostenida por la clase política contra trabajadoras y trabajadores del arte, quienes en el transcurso de toda la emergencia sanitaria han sufrido la ausencia de toda garantía laboral y social que debiera otorgar la institucionalidad pública.

El periodo de pandemia ha exacerbado los efectos de la precariedad laboral no superada de quienes laboran en la áreas artísticas y culturales. El segundo Monitoreo Nacional de Trabajadores de la Cultura, elaborado por el Observatorio de Políticas Culturales y publicado en febrero de este 2021, arrojó que «en la escala del 1 al 7, en promedio, este grupo califica con un 2,7 las ayudas brindadas por el Gobierno». En cuanto a los fondos concursables de emergencia dispuestos por el Mincap, sólo un 13% declaró haberse adjudicado alguno. Este Monitoreo también consignó que en cuanto a la ayuda que recibieron de familiares «la transferencia de dinero en efectivo (27,1%) fue la más mencionada, seguida de los alimentos o cajas de alimentos (15,3%) y la ayuda para pagos específicos de algunas cuentas o deudas pendientes (10,2%). Aumentó el porcentaje de personas que fueron ayudadas con espacio gratuito para vivir o mantención económica (8,3%) y el descuento para arriendos o servicios básicos (7,6%)». Ante la pregunta «¿Más allá de su trabajo, qué otras repercusiones económicas ha tenido para usted la pandemia?», un 59,3% indicó que debió recurrir a sus ahorros, un 51,1% que postergó consultas médicas, tratamientos o cirugías, un 15% que vive en condición de allegado/a en casa de familiares o amistades.

A pesar de esta realidad, catastrada, corroborada y evidenciada innumerables veces, las autoridades regionales siguen entiendo las actividades artísticas en una lógica de negocio para el empresariado del cual se espera un «chorreo» de lo sobrante para el resto. En vez de destinar tales recursos al fortalecimiento de una red de artistas y agrupaciones afines, con salarios adecuados a sus requerimientos, y de promover la existencia de instancias permanentes de desarrollo en diversas expresiones en distintas comunas de la región, en un ejercicio descentralizador y democratizador del ejercicio de exploración artística para toda comunidad, el Gobierno Regional apuesta por más de lo mismo: perpetuar la política neoliberal en el ámbito de la «gestión cultural», como se acostumbra a llamar. Eso sí, ahora usando a la Convención Constitucional como fuente legitimadora.

Red de Danza Biobío en protesta frente a la Seremi de las Culturas en Concepción.

Imagen por captura de pantalla de protur.cl

convención Constitucional

Convención Constitucional

Convención Constitucional