La Empresa de Servicios Sanitarios San Isidro S.A., conocida por operar en diversas comunas de Chile, ha sido acusada de incumplir repetidamente la normativa ambiental, causando serios impactos en la biodiversidad y la calidad del agua en las regiones donde opera. A pesar de las numerosas denuncias y la presión pública, la empresa continúa su funcionamiento, respaldada por un preocupante conflicto de intereses que involucra a altas autoridades del Estado.

Por Coordinadora Nacional contra Aguas San Isidro y Movimiento por el Agua y los Territorios – MAT Chile sin Ecocidio.

Aguas San Isidro ha estado en el centro de una creciente controversia debido a la deficiente calidad del servicio que ofrece en las cinco regiones donde opera. La situación alcanzó un punto crítico el 8 de agosto, cuando se denunció a través de redes sociales el vertimiento de aguas servidas en el estero Los Coiles, en Los Molles, comuna de La Ligua. Esta acción contaminante es solo una de las muchas irregularidades atribuidas a la empresa, que ha sido acusada de vulnerar sistemáticamente la normativa ambiental, lo que ha generado daños irreparables en los ecosistemas locales.

La gravedad de estos actos ha llevado a la Coordinadora Nacional contra Aguas San Isidro a emitir una fuerte declaración, expresando su profunda preocupación por las recientes declaraciones del Superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas donde asegura que la comunidad de Pichidangui cuenta con agua potable a pesar de que las evidencias demuestran todo lo contrario. El superintendente ha mostrado un inexplicable apoyo a San Isidro, a pesar de las recomendaciones de la Comisión Investigadora del Congreso, que ha solicitado la caducidad de la concesión de la empresa. Este respaldo pone en duda la imparcialidad del superintendente, especialmente al conocerse su conexión con Víctor Galilea, un gestor de intereses del gremio sanitario.

El conflicto de intereses entre Rivas y Galilea no solo debilita la credibilidad de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, sino que también pone en riesgo la salud pública y la naturaleza. La Coordinadora Nacional ha subrayado la urgencia de que se aclare la postura del superintendente y se adopten medidas efectivas y coherentes con los hallazgos de la investigación parlamentaria.

Además, la Coordinadora ha señalado el uso inapropiado de la Junta de Vecinos "La Noria de Pichidangui" por parte de Galilea, quien, bajo el manto de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (ANDESS A.G.), ha intentado instrumentalizar a esta organización comunitaria en favor de los intereses corporativos de las empresas de agua. Este acto, que compromete la integridad de la representación comunitaria, ha llevado a los vecinos que no están a favor de Aguas San Isidro a denunciar a la Junta de Vecinos ante la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) por su defensa corporativa. Por lo tanto, ante estas irregularidades y la instrumentalización de las organizaciones, se evidencia un desmoronamiento ético y legal en la gestión de los bienes comunes en Chile.

La ciudadanía se enfrenta a una encrucijada: mientras la crisis hídrica se agudiza y los ecosistemas sufren, las autoridades parecen más interesadas en proteger los intereses corporativos que en garantizar el bienestar público. Es fundamental que se tomen acciones contundentes para restaurar la confianza pública y asegurar la protección de los derechos ambientales y humanos de las comunidades afectadas.

El caso de San Isidro es un claro ejemplo de cómo la corrupción y el conflicto de intereses pueden llevar al colapso de la gestión pública, dejando a las comunidades más vulnerables expuestas a los peores impactos. Ante esta situación, la demanda por justicia ambiental y transparencia es más urgente que nunca.

Por lo tanto, exigimos una declaración urgente por parte de las autoridades correspondientes, así como una acción efectiva y coherente con los resultados de la investigación parlamentaria. Es imperativo que se tomen medidas para garantizar la transparencia, la justicia ambiental y la protección de los derechos de las comunidades afectadas y los derechos de la naturaleza.