[resumen.cl] El decreto impulsado por el presidente Jimmy Morales y corroborada por el Congreso el sábado con el pretexto de utilizar a las fuerzas armadas para enfrentarse al narcotráfico, es profundamente rechazada por organizaciones civiles y de Derechos Humanos que organizan protestas contra la medida que limita libertades constitucionales a la población de seis departamentos del norte del país.

Un nuevo episodio en la crisis social que vive Guatemala se vive luego que el Congreso del Estado centroamericano aprobara este sábado con 88 votos a favor y 9 en contra, un decreto que permite al Gobierno implementar estado de sitio en el noreste del país bajo la excusa de enfrentar a grupos narcotraficantes. La medida limitará garantías de los pobladores de cinco departamentos de la región, como manifestarse por las calles y movilizarse libremente y entrega al Ejército facultades para detener e interrogar a sospechosos.

El decreto afectará durante 30 días a 22 municipios de los departamentos de Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz, Zacapa, El Progreso y Petén.

Durante el estado de sitio, todas las autoridades y entidades estatales están obligadas a prestar a la autoridad militar "el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia". Esta situación le permite a la autoridad militar "intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento" cualquier grupo, ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio la detención o confinamiento de cualquier persona, y repeler o reprimir por los medios "preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados" cualquier acción. Además, restringe derechos del ciudadano como la libertad de acción, la libertad de locomoción y manifestación, el derecho a la reunión, entre otros.

Cabe recordar que Guatemala es un país que viene saliendo de un cruento conflicto armado de al menos 36 años en que el Estado utilizó el ejército en un genocidio de grupos indígenas con el soporte de Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría.

Estos motivos y la historia viva del país impulsan a organizaciones Derechos Humanos de las comunidades indígenas de las zonas a rechazar el estado de sitio, denunciando que la medida, irá en contra de ellos y de sus líderes que serán nuevamente los más perjudicados, pues el Ejército podrá encarcelar y perseguir a quienes defienden su derecho a la tierra.

"Es un paso previo al Estado de guerra, por lo que nos parece una medida exagerada y repudiable", afirmaron en un comunicado los manifestantes, que fue divulgado a través de las redes sociales.

El presidente Jimmy Morales ordenó establecer la medida esta semana después de que el Ejército informó que un grupo de delincuentes había emboscado a una patrulla de la marina que acudió a detener una aeronave aparentemente cargada con droga que buscaba aterrizar en una pista clandestina de la zona, incidente en que tres efectivos militares perdieron la vida y otros tres resultaron heridos.