Por Joaquín Pérez

Los tres primeros días de la semana se vivió una violenta represión en el emblemático liceo, Fuerzas Especiales de Carabineros procedió a detener numerosos estudiantes, entre los que se encontraba el propio presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, quien desde el vehículo policial en el que se encontraba difundió un video en el que se puede observar el nivel de afectación y desesperación generado por el ataque con gases tóxicos que sufrieron los alumnos. Tras ser liberado, Pérez destacó que las edades de las niños violentados van de los 12 a los 17 años, y que en total hubo 8 estudiantes que fueron "torturados con gas pimienta".

Incapaz de aplacar la resistencia del estudiantado, el muy derechista alcalde de Santiago continúa su escalada represiva adoptando el inaudito chequeo del carnet de identidad de los estudiantes al ingreso al establecimiento. Esto se suma a otras medidas previas propias de la dictadura militar, entre las que se encuentra el allanamiento de mochilas, cerco policial a los establecimientos, ingreso violento de Fuerzas Especiales al interior de los mismos liceos, incluso las salas de clases, uso de gases tóxicos en espacios cerrados, campañas comunicacionales en total concomitancia de los grandes medios de criminalización de los niños, que incluyen la aprobación de leyes como "aula segura", rebautizada por los estudiantes como "jaula segura".

Sin embargo la medida, como era de esperarse, fue inaplicable y provocó la reacción de los estudiantes que entraron en masa para impedir el control y llevó a inmediatas protestas en el establecimiento.

Estas políticas extremas, son la ofensiva final del modelo neoliberal hacia la educación en un país donde la destrucción de la educación pública se inició durante la dictadura militar, con el proceso de municipalización y la entrega de los liceos técnicos a las corporaciones empresariales. Proceso profundizado durante los gobiernos postdictadura, con el subsidio permanente, desregulado y en constante crecimiento, hacia el negocio de los «particulares subvencionados», que año a año vio incrementar sus matrículas, en detrimento de la educación municipalizada.

El resurgir del movimiento estudiantil entre 2005 y 2011, vio reaparecer el discurso de recuperar la educación pública en Chile, sin embargo la constante represión a las manifestaciones públicas en las calles, obligó a estos a replegarse a sus propios establecimientos para protestar, ante el riesgo que en Chile significa ejercer un derecho a manifestarse en la vía publica, donde la policía tiene uno de los actuares más violentos de Sudamérica.

Los estudiantes creían sentirse más seguros en sus liceos, sin embargo la represión y la violación de la propia legalidad y tratados internacionales, como aquellos que defienden los derechos de niñas y niños, ocurre constantemente con la revisión de mochilas o protocolos como los que impiden la utilización de gases de guerra en recinto cerrados, como pasillos o salas de clases, así el reclamo de un derecho tan básico como la educación, un pilar de toda sociedad republicana, se ve asfixiado por gases lacrimógenos, golpeado por garrotes policiales, amedrentado por autoridades municipales y de gobierno, en complicidad con parlamentarios que crean leyes punitivas.

El futuro del Instituto Nacional no será muy distinto de la realidad que hoy vive el Liceo Enrique Molina en Concepción, otrora emblema de la ciudad de Concepción, que de 3 mil estudiantes hoy tiene una matrícula que apenas supera los 300. Ése es el objetivo del neoliberalismo, seguir incrementando los subsidios a privados en educación, colegios particulares subvencionados y universidades privadas, las cuales han demostrado ser centros de muy mala calidad, incluso para los estándares que el propio ministerio, dominado por criterios neoliberales, establece.