Cuando estas cosas ocurren, tal vez la única esperanza está en el nuevo Chile que pueda surgir no sólo desde una parte de la Convención Constitucional, donde los derechos humanos, sociales y políticos estén garantizados por sobre los intereses mezquinos de los grandes fortunas de este país. Es lo que la mayoría del pueblo espera, un país donde estas niñas no estén a merced de traficantes; la construcción de un nuevo Chile donde las niñas y adolescentes sean sujetas de derechos, empoderadas, construyendo la nueva sociedad por nacer.
Por Joaquín Pérez
El día de ayer Tirúa se vio sacudida por dos hechos delictuales de suma gravedad y que tuvieron repercusión nacional. Cerca de las 02:00 de la madrugada, aproximadamente, al interior del pueblo de Tirúa, un vehículo cuyas matrículas estaban adulteradas fue emboscado a tiros por otro vehículo que posteriormente apareció incendiado y cuyos registros lo vinculan a la ciudad de Los Ángeles.
Momentos más tarde, a las 04:40 en el sector Manqueche, ubicado entre la caleta Quidico y la localidad Tirúa, dos cabañas fueron atacadas e incendiadas pereciendo dos personas en su interior. De inmediato surgió la información respecto a que jóvenes mayores y menores de edad "carreteaban" en el lugar cuando fueron atacados por personas que llegaron en una camioneta roja, en busca de un sujeto apodado "el colombiano" y que la situación tendría relación con el tráfico y consumo de drogas.
Las personas que estaban en las cabañas, originarias en su mayoría de la ciudad de Temuco, tenían prontuario policial, incluido el hijo del dueño de las cabañas identificado como Jaime Monsalve Condeza, a quienes algunos medios de comunicación vincularon a un grupo denominado "Los Huellanos".
Los trágicos sucesos que terminaron con una persona calcinada y una adolescente de iniciales C.R.E.Q. asesinada a tiros, se volvió noticia nacional y tendencia en todas las redes sociales.
Uno de los problemas tras el hecho es que todo el contexto fue adulterado, para así continuar con la instalación del relato de la "narcoguerrilla" mapuche creado en las sucias y oscuras cloacas del Estado, por los organismos de "seguridad e inteligencia". El gobernador del Biobío exigiendo la salida del ministro del Interior ante la gravedad de los "actos terroristas", el mismo gobierno que movilizó unidades militares en Tirúa, teniendo antecedentes más que claros que ninguno de los involucrados en los hechos tenía relación alguna con el pueblo mapuche.
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Los medios de comunicación intentaron crear a toda costa un contexto que apuntara al conflicto mapuche, como la malintencionada frase de Radio Bío Bío al hablar del grupo "Los Huellanos" como "orgánica radical". ¿Es acaso que la Bío Bío no tiene acceso al diccionario de la RAE u otro, y darse cuenta que la palabra huella es castellana? ¿Qué ninguna organización radical mapuche usaría un nombre de este tipo? ¿Qué el prontuario de quienes participaban tiene relación a delitos comunes en ciudades?
En pocos minutos los apellidos de convencionales mapuche se transformaron en tendencias en redes sociales: el de la presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, y el de la machi Francisca Linconao.
Los insultos de odio y racismo en contra de estas representantes del pueblo mapuche, alimentados por una campaña comunicacional orquestada desde las cloacas del Estado y muy bien interpretados por los grandes medios de comunicación comerciales no se hicieron esperar; llevan semanas de campaña del terror de guerra sucia comunicacional contra de la Convención y de su presidenta Elisa Loncon, desde que Radio Bío Bío sacara en vivo hace unas semanas a una empresaria mapuche afectada por un ataque incendiario en la comuna de Pitrufquen, pidiéndole a Elisa Loncon encarecidamente, de una Convención cuyo fin es redactar la futura Constitución de este país, que detuviera las acciones de sabotaje en territorio mapuche y trajera la paz a la región.
Discurso del que se hizo eco el Gobierno, que por ley es el responsable de la seguridad interior del país, tarea que no cumple no sólo en territorio mapuche, sino que en ningún lugar de este país, como lo demuestran los velorios y funerales narcos en plena pandemia, con estado de emergencia, toque de queda y militares en las calles.
Es triste saber que una adolescente de 16 años resultó asesinada, y es más triste saber que en esa fiesta en la comuna de Tirúa había otras menores, una de ellas de apenas 15 años y que ya tendría a su corta edad 10 detenciones por hurto entre el año 2020 y 2021.
Lo que pasó en Tirúa pasa cada vez más seguido en otras comunas de Chile, donde los traficantes se adueñan de los territorios, corrompen aún más nuestras instituciones de por sí corruptas, se abren paso en la política, como muy bien lo sabe el gobernador del Biobío que recibió respaldos de figuras políticas con cuestionados antecedentes en la materia.
Cuando mueren niñas en hechos así, en situaciones relacionadas a bandas criminales, tráfico de drogas y delincuencia, lo que constatamos es el fracaso de este modelo de Estado y sociedad, la eterna crisis del Sename: es la putrefacción del viejo orden político, al servicio del lucro sin límite, ausente de valores.
Cuando estas cosas ocurren, tal vez la única esperanza está en el nuevo Chile que pueda surgir no sólo desde una parte de la Convención Constitucional, donde los derechos humanos, sociales y políticos estén garantizados por sobre los intereses mezquinos de los grandes fortunas de este país. Es lo que la mayoría del pueblo espera, un país donde estas niñas no estén a merced de traficantes; la construcción de un nuevo Chile donde las niñas y adolescentes sean sujetas de derechos empoderadas, construyendo la nueva sociedad por nacer.