[resumen.cl] Luego que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la prisión preventiva para Claudio Crespo, el para entonces teniente coronel de Carabineros que le mutiló ambos ojos, Gustavo Gatica cuestionó los argumentos para tomar esta decisión apelando a lo extenso de los 14 meses de la cautelar, indicando que hay presos políticos que llevan mucho más en prisión preventiva sin siquiera comenzar los juicios.
Además, indició que tanto para él como para su familia, claramente es «un peligro para la seguridad de la sociedad».
Estos mensajes los envió a través de un video en difundido en redes sociales, luego que se diera a conocer que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la cautelar de prisión preventiva para el teniente coronel de Carabineros dado de baje, Claudio Crespo, cambiándola por firma quincenal y arraigo nacional.
También puedes leer: Comisión Chilena de DDHH solicitó cambio de fiscal en acusación por delitos de lesa humanidad contra Piñera
"Hoy dejaron en liberad a Claudio Crespo, el autor de los disparos en mi contra. Esta es una noticia que no golpea a mí y a mi familia ya que realmente el quedó en libertad ni siquiera en arresto domiciliario".
"Quedamos tristes, vulnerados. Él va a estar en la calle como nosotros (...) Esperamos que la Justicia actúe como corresponde", agregó.
Sin embargo, una de las reflexiones más importantes que realizó hacen alusión al argumento utilizado por el tribunal, que informó que el cambio de cautelar se debería a los 14 meses que llevaba Crespo con esta medida, lo que sería considerado demasiado tiempo.
Ante esto Gatica replicó en el video: «Yo pienso en los presos políticos, muchos van a cumplir dos años presos y ahí el poder judicial no se cuestiona la prisión preventiva».
El crimen a Gustavo Gatica es uno de los más emblemáticos de las masivas y sistemáticas violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social, delitos por los que a dos años aun no tienen culpables.
La necesidad de concretar el Indulto General
El proyecto de indulto general está siendo discutido desde diciembre de 2020 y ha pasado por la Comisión de Derechos Humanos, de Seguridad Pública y la de Constitución del Senado, esperando sea discutida y votada por la sala de la cámara alta.
La iniciativa busca, concretamente, promover un indulto a quienes cuenten con «calidad de autores, cómplices o encubridores, en cualquiera de los grados de desarrollo del delito, hayan incurrido o se encuentren imputados en el contexto de la protesta social en Chile». El proyecto además delimita el rango temporal de consideración para el indulto, entre el 7 de octubre de 2019 el 9 de diciembre de 2020, día de la presentación del proyecto de ley que da origen a la presente norma.
Con la aprobación de dicho proyecto se busca poner fin a la persecución política realizada por el Estado chileno y sus tribunales de justicia, contra las personas que protestaron durante el Estallido Social.