La cifra seguramente resulta corta, pero resulta ya espeluznante de por sí. Y la ONU ha puesto el foco sobre la cuestión con dos informes consecutivos, el del Grupo de Trabajo sobre Desaparecidos y el del Relator de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición. Según datos de un juzgado de la Audiencia Nacional, quedan todavía al menos 114.000 personas por descubrir, desaparecidas en el periodo franquista.

El Español está entre los países del mundo con el mayor número de desapariciones forzadas, y la situación no ha sido remediada en los 78 años transcurridos desde el golpe de Estado franquista de 1936. La propia Audiencia Nacional española -en concreto su Juzgado de Instrucción número 5- reconoce la existencia de, al menos, 114.266 desapariciones forzadas durante la guerra y la represión de las décadas posteriores.

Con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la ONG Rights International Spain (RIS) remarcó que el desconocimiento del número exacto de víctimas de personas hechas desaparecer en esa época «ya evidencia la desidia absoluta de las autoridades españolas en la materia».

Subrayó también que estas desapariciones constituyen una violación continuada de varios derechos fundamentales, que se mantiene hasta el momento en que se establecen el destino o el paradero de la víctima, como es el caso de «los más de 100.000 desaparecidos enterrados en fosas comunes por toda España».

«La impunidad sistemática existe, que es tolerada y promovida por el Estado español, contribuye a prolongar el sufrimiento de sus familiares que, según la definición internacional, son también víctimas de desaparición forzada», denunció.

RIS ha solicitado al presidente, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, a través de una carta a la cual puede sumarse cualquier persona, que «de una vez por todas den cumplimiento a las obligaciones internacionales de derechos humanos en esta materia, cesando en los comportamientos que ignoran deliberadamente y de forma continuada los derechos de las víctimas a la justicia, verdad y reparación y adoptando las medidas instadas por la ONU».

Demanda que, «con carácter de urgencia, se incluya el delito de desaparición forzada en el Código Penal, que se establezca la verdad sobre las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, que se investiguen las desapariciones y que los responsables sean enjuiciados, en su caso sancionados, y que se otorgue una reparación integral a todas las víctimas. Todas estas medidas deberían adoptarse con carácter de urgencia», incidió RIS.

De los 114.266 desaparecidos, más de 12.000 lo serían en Euskal Herria, donde desapareció uno de cada 250 habitantes.

Según la Sociedad de Ciencias Aranzadi, que investigó las desapariciones forzadas entre 1936 y 1942 correspondiente a la CAV, 8.666 hombres y mujeres de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa desaparecieron durante ese periodo. En Nafarroa, donde no hubo frente de guerra, está constatado es que 3.100 navarros fueron fusilados en retaguardia.

«Modelo de privatización»

Toda esta situación ha puesto al Estado español ante la ONU en estas últimas semanas. En un informe hecho público anteayer, el Relator sobre Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición de la ONU concluye que «nunca se ha establecido una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de esclarecimiento de la verdad».

Critica también que «el modelo vigente de `privatización’ de las exhumaciones, que delega esta responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las instituciones estatales y conlleva dificultades metodológicas, de homologación y oficialización de la verdad. Los reclamos de los familiares para dar sepultura a sus seres queridos son urgentes», añade Pablo de Greiff.

Asimismo, el Relator constata «una gran distancia entre las posiciones de la mayor parte de las instituciones del Estado por un lado y por otro las víctimas y asociaciones con quienes estuvo en contacto. Las autoridades parecen indicar que, en la medida de lo posible, las demandas de las víctimas y asociaciones han sido mayoritariamente atendidas, pero muchas de ellas se sienten insuficientemente reconocidas y reparadas. Esta brecha es particularmente preocupante considerando que las expectativas expresadas por muchas víctimas no pueden caracterizarse, en general, de `desmedidas’».

A este respecto, expresa su sorpresa al escuchar por boca de representantes del Gobierno español con quienes se reunió frases como «o todos concluimos que ya estamos totalmente reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto». «La fortaleza de las instituciones democráticas no puede ser adecuadamente medida por su capacidad de dejar de lado algunos temas, sino por su capacidad de gestionarlos efectivamente, aunque sean complejos e incómodos», remarca.

En otro informe publicado a finales de julio, el Comité contra la Desaparición Forzada, también de la ONU, exigió a Madrid que «asegure que todas las desapariciones forzadas son investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido; adopte las medidas necesarias con miras a superar los obstáculos jurídicos y que las víctimas reciban reparación adecuada».