Una situación límite viven hoy los 12 presos políticos mapuche de la cárcel de Lebu. Con casi dos meses de huelga de hambre y seis días sin ingerir líquidos, los comuneros Robinson Parra, Tomas Antihuen, Cesar Millanao, Matías Leviqueo y Manuel Huichacura permanecen hospitalizados tras haber sido derivados de urgencia durante la noche del viernes y en el transcurso del sábado hasta el hospital Santa Isabel de Lebu debido a su grave estado de salud, a los que hoy se sumó Eliseo Raiman.

Por Juan Contreras Jara

Sumada a esta ya compleja situación, la vocería y familiares de los comuneros denunciaron que Gendarmería de Lebu habría dilatado el ingreso de médicos de confianza en al menos dos ocasiones, ignorando la resolución extensa 3925 del reglamento interno de a institución carcelaria, aprobada el 29 de julio a través de su director nacional Christian Alvear, relativa a la pertinencia cultural y religiosa al interior de los penales. Pese a que solicitaron el ingreso el lunes pasado, la situación recién fue regularizada el jueves.

Aunque el documento resuelve autorizar "el ingreso a los establecimientos penitenciarios de aquellos médicos pertenecientes a los pueblos originarios o su equivalente a quien ejerce dicha función de sanación, de acuerdo a como es reconocida en su cosmovisión, y que sea de confianza de las personas privadas de libertad, para que puedan realizar las prestaciones de salud correspondientes, cuando ello fuere necesario, así como el ingreso de medicinas tradicionales, sin perjuicio de que dicho ingreso pueda ser negado o restringido, por motivos fundados, los que deben ser informados por escrito", tramitaron éste por cuatro días.

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Auka Castro, vocero de los huelguistas fustigó que "dilataron todo y nosotros seguimos todos los conductos que pedía Gendarmeria, elevando solicitudes y haciendo las gestiones pertinentes, pero llegábamos hasta el director regional de Gendarmeria, pero él decía que necesitaba la aprobación del Dir. Nacional y ahí se tiraban la pelota. Estuvimos muchos días así".

Lo grave es que luego de la revisión que pudo efectuarle el grupo medico este jueves a los comuneros, su vocería comunicó entre otros que existió un brote de Covid-19 en el módulo de los huelguistas con un total de diez gendarmes que dieron positivo al examen PCR y que tres de los 12 comuneros estarían con síntomas asociados a un posible contagio.

Además de ello, los huelguistas expresaron durante su revisión que a pesar a haber estado bajo cuadros de arritmias cardíacas, taquicardias, disneas, cefalea y hematuria no pudieron recibir atención médica previamente, debido a la negativa de Gendarmeria por permitir el ingreso del equipo de salud de su confianza. Ambas situaciones, expresa Auka Castro, no fueron debidamente informadas en sus fichas médicas.

Desde su vocería fustigaron que «ellos ocultaron que había habido un brote de Covid-19. Habían ocultado que habían presos que tenían síntomas, siendo que a ellos les hacen un monitoreo diario. Además ocultaron que los gendarmes que dieron positivo habían estado en el módulo de los comuneros".

Al igual que los presos políticos mapuche de Angol, los comuneros en Lebu comenzaron una huelga seca el pasado lunes, asegurando además el pliegue paulatino de todos ellos a la drástica medida, situación que se fue concretando durante la semana recién pasada y que tiene hoy a ocho de los 12 huelguistas sin ingerir líquidos.

Los comuneros Oscar Pilquiman y Guillermo Camus también trasladados en primera instancia hasta el hospital Sta. Isabel de Lebu, serán devueltos al penal por decisión personal en las próximas horas.

Familiares de los presos políticos mapuche en huelga de hambre en las afueras de la cárcel de Lebu | Aukin

Contexto actual: Situación limite

Actualmente son 27 los presos políticos mapuche que se mantienen en ayuno indefinido, 11 de ellos en huelga líquida y 16 en huelga seca en las cárceles de Temuco, Lebu y Angol. La demanda sigue siendo la misma, que el Gobierno de Sebastián Piñera aplique lo contenido en el Convenio 169 de la OIT, relativo al encarcelamiento de personas pertenecientes a pueblos originarios y la preferencia que deben dar los Estados por alternativas a este (Art. 10.2).

En el marco de la última reunión sostenida entre el Gobierno y la vocería de los presos políticos mapuche de Angol, el pasado miércoles en Collipulli, no existió avance. Pese a que el convenio lleva ratificado más de 10 años por Chile, el ministro de Justicia y DDHH, Hernán Larraín, negó la posibilidad de cambios inmediatos de medidas cautelares y de traslados hasta Centros de Estudio y Trabajo (CET) según corresponda a cada comunero, pese a la reglamentación vigente del Convenio 169 de la OIT en materia carcelaria y pueblo indígenas.

Actualmente la situación en Angol y Lebu sigue agravándose. En la Provincia de Malleco los ocho comuneros están actualmente hospitalizados y en riesgo vital, sumando 119 días en huelga de hambre. Por otro lado, se espera que en las próximas horas continúe el traslado de más huelguistas hasta el hospital lebulense, las familias aún mantienen el campamento instalado a  un costado del penal.