La Contraloría General de la República comunicó que 242 municipalidades han entregado licencias de conducir a 3.432 deudores de pensiones de alimentos desde noviembre de 2022 a septiembre de 2024. Fue el 70% del total de los 345 municipios a nivel de nacional que contravino el artículo 33 de la Ley 21.389, en muchos casos, favoreciendo a funcionarios, autoridades comunales o sus familiares.

Aniceto Hevia

Desde el establecimiento del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos el año 2002 se han establecido diversos mecanismos de coacción para su cancelación, entre los cuales está el impedimento de obtener o renovar licencias de conducir a quienes figuren en esta nómina. Como adelantábamos, en el mencionado cuerpo legal se indica:

«La municipalidad competente para expedir una licencia de conducir o su duplicado […] deberá consultar en línea al Servicio [de Registro Civil] si el solicitante se encuentra inscrito en el Registro en calidad de deudor de alimentos. Si aparece con inscripción vigente en el Registro, lo informará al solicitante y no dará curso a la solicitud.

En caso de incumplimiento de las obligaciones previstas en el inciso precedente, el personal respectivo incurrirá en responsabilidad disciplinaria, la que será sancionada con multa, a beneficio fiscal, del diez al cincuenta por ciento de su remuneración.»

La Contraloría constató que 242 municipalidades contravinieron esta norma, de las cuales seis entregaron más de cien licencias de conducir: Antofagasta (172), La Granja (117), Los Espejo (115), La Serena (114), Punta Arenas (112) y Arica (111). Por otra parte, consignó que tras estos 3.432 deudores de pensiones de alimentos hay 4.706 niñas y niños a quienes se les adeuda.

La entidad también señaló que entre quienes obtuvieron licencias de conducir estando en el Registro de Deudores de Pensión Alimenticia, se cuenta un concejal, 65 funcionarios municipales con cargos de inspectores, profesionales o choferes, así como 482 familiares de funcionarios y autoridades como alcalde y directivos.

El informe del organismo contralor indica que del total de licencias de conducir otorgadas o renovadas a deudores de pensión alimenticia, 2.876 son "no profesionales"; 1.509 son "profesionales"; y 945 son "especiales".

Si bien existe una sanción para las y los funcionarios que violen esta norma (una multa entre 10% y 50% de su remuneración), su generalización parece ser insuficiente para su inhibición.