[resumen.cl] Vamos Chilenos es una maratón de televisión chilena en estos días 18 y 19 de septiembre de 2020 busca recaudar unos 40 millones de dólares estadounidenses. El proyecto de impuesto a los súper ricos planea recaudar entre 4.000 y 6.000 millones de dólares.

Ante las carencias estructurales en derechos a la salud por parte de adultos mayores, y la precariedad general de su atención de salud, agravada ahora en pandemia, este tipo de iniciativas busca reunir aportes privados.

El propio empresario de las comunicaciones y animador del evento Mario Kreutzberger (llamado Don Francisco) apuntó a que los grandes grupos económicos debiesen aportar más recursos a su campaña

La campaña comunicacional pretende recaudar 30.000 millones de pesos, equivalentes a unos 40 millones de dólares estadounidenses.

Sin embargo, un proyecto que además podría reducir la desigualdad extrema en Chile es el del llamado «Impuesto a los súper ricos»

El proyecto planea poder recaudar entre 4 mil y 6 mil millones de dólares, cobrados a alrededor de 1.500 individuos súper ricos del país, que representan aproximadamente el 0,008% de la población chilena que alcanza 19.458.310 millones de habitantes.

Comenzó el debate del proyecto de ley

La Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de diputados y diputadas inició a mediados de agosto la discusión sobre el proyecto de ley que propone el cobro único de un impuesto a los súper ricos en el contexto de la pandemia COVID-19.

La moción parlamentaria propone una modificación transitoria de la Constitución con el fin de cobrar un impuesto de 2,5% a los más ricos -cuyo patrimonio sea igual o superior a los 22 millones de dólares-, recaudación que permitiría financiar una renta básica de emergencia, en contexto de la pandemia del coronavirus que afecta al país.

La iniciativa avanza a la par de un anuncio del gobierno de modificación de impuestos a las grandes fortunas que aún no se ha hecho público, esto en el contexto de las condiciones económicas en que está el país, con cerca del 20% de la fuerza de trabajo desempleada o con contratos suspendidos por la ley de «protección» al empleo.