[resumen.cl] Un informe titulado «Minería y Covid-19» de la Red de Vigilancia del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) muestra el rol de las empresas mineras en la expansión de la pandemia en Chile y en otros países de la región.

El informe fue realizado por el OCMAL organización que se constituye formalmente en el año 2007 y tiene dentro de sus objetivos «la defensa de las comunidades y poblaciones que, ejerciendo sus actividades locales como agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, turismo, vivienda y cultura, son afectadas por los impactos de la minería en la región.»

OCMAL ha realizado un «monitoreo sobre los principales sucesos presentados durante la pandemia del COVID-19 en los territorios donde se han instalados proyectos mineros en la región latinoamericana y sus eventuales efectos en las comunidades locales » generando su primer informe en julio de 2020, el cual resulta concluyente al mostrar a la minería como causante de la propagación de la pandemia en el continente.

En cuanto a Chile y las medidas tomadas durante la pandemia en relación a la minería el informe señala que el país «declaró de forma temprana que la minería no iba a detenerse debido a las alteraciones que podría ocasionar en la economía del país, de este modo, se otorgó en primera instancia un permiso único colectivo para trabajadores mineros, concedido por el Ministerio de Minería. Tiempo después, al considerarse la actividad minera como de utilidad pública, las propias empresas comenzaron a gestionar los salvoconductos para poder transitar entre los cordones sanitarios».

También en el ámbito institucional se destaca que «se ha intentado acelerar la aprobación de proyectos a través de modificaciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), entre los que destaca la aprobación de forma virtual para realizar 350 sondajes en la cordillera de Putaendo, a cargo de la empresa minera canadiense Andes Copper».

Por su parte el informe señala que hasta el 20 de junio habían 2.776 mineros contagiados. Por su parte las ciudades mineras son algunas de las más afectadas del país destacando Antofagasta, Calama, Pozo Almonte, Tierra Amarilla, Copiapó, Los Andes y Rancagua.

Un caso que destaca el informe además fue que «el gobierno regional de Valparaíso recurrió a la militarización de Putaendo, como medida de amedrentamiento hacia la comunidad, en el marco de la aprobación de 350 sondajes mineros a pesar de las más de 2,000 solicitudes presentadas al Servicio de Evaluación Ambiental, para realizar una participación ciudadana, que finalmente fue denegada».

Entre sus conclusiones el informe señala que «las prácticas mineras en cuanto a protocolos de bioseguridad y cuidado de los trabajadores son deficientes o en realidad no se aplican». Por otro lado los y las autoras del informe afirman que «los datos arrojados, muestran que, eventualmente en aquellos países donde no se suspendieron las actividades mineras los contagios de trabajadores fueron más elevados, tal es la experiencia de Chile y Perú, lo que pone en mayor riesgo a las familias de los trabajadores y al resto de las personas que viven en sus comunidades de procedencia».

Además el informe alertó de la afectación de las mujeres por la minería, y los impactos «por COVID-19 en escenarios de alta precariedad sanitaria, donde además la presencia minera ha dejado una huella ambiental con desaparición de fuentes de agua y contaminación de suelos agrícolas».

Vea el informe aquí