Una organización que monitorea el estado de los derechos indígenas cuestiona los avances de la industria extractivista y las empresas que despojan territorios ancestrales en el Sur del país. Sólo en Neuquén hay 347 mapuches judicializados por defender su tierra.

Petroleras, mineras y estancieros avanzan sobre pueblos indígenas y lo realizan con la complicidad del Poder Judicial y político. Es una de las conclusiones del Informe 2013 del Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), que analizó casos testigo de la vulneración de derechos humanos y cuantificó la criminalización en Neuquén: 347 mapuches judicializados por defender el territorio. El informe también advierte que el nuevo Código Civil implicará más desalojos y judicialización. "Se siguen perpetrando acciones estatales y privadas más propias de un contexto de colonización que de democracia", afirma el Observatorio de Derechos Humanos.

El Odhpi publica todos los años su investigación anual. Este año centró su trabajo en Chubut, Río Negro y Neuquén. "En la Patagonia se sigue identificando al despojo territorial como el principal obstáculo para la subsistencia y desarrollo de los pueblos indígenas como pueblos autónomos", afirma.

"Avanzada de la megaminería" es el título del capítulo sobre Chubut. Y destaca la presencia de la multinacional Pan American Silver en la meseta (centro) de la provincia para extraer plata y plomo. En la zona viven desde hace un siglo comunidades mapuches y tehuelches. El Odhpi recuerda que en Chubut está vigente la ley 5001 (que prohíbe la actividad), pero el gobierno provincial habilita la exploración. Explica que la minera ingresó al territorio de las comunidades, extrajo agua para exploración, prometió mejoras económicas, trasladó un cementerio indígena (junto a técnicos provinciales) y obtuvo el apoyo de las autoridades políticas para avanzar en una actividad prohibida.

"No se conocen otros casos de permisos oficiales para la preparación de actividades prohibidas. Es como si se autorizara a filmar un banco para averiguar sus mecanismos de seguridad porque lo que está prohibido es el robo, no su planificación. Esta aberración exhibe el enorme poder corrosivo institucional de este tipo de empresas", denuncia el Odhpi.

"Informe de situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en la Patagonia" es el nombre del trabajo y destaca que (con la megaminería) se vulnera el Convenio 169 de la OIT (convenio internacional que tiene rango supralegal), que obliga a la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas.

De Río Negro describe que la violación de los derechos de las comunidades son "recurrentes" y aclara que no funcionan los canales institucionales que debieran encauzar los reclamos. En cuanto a la aplicación de la ley 26.160 (aprobada en 2006, que debiera frenar las órdenes judiciales de desalojos e insta a un mapeo territorial), se relevaron 64 de las 124 comunidades y, en la actualidad, se encuentra suspendido el equipo técnico que censa las comunidades.

De Neuquén puntualiza que es "particularmente grave" la situación por la avanzada de la frontera hidrocarburífera, especialmente por los llamados hidrocarburos "no convencionales" (con el método de hidrofractura), con la explotación de la formación geológica Vaca Muerta. Explica que el gobierno nacional y el provincial "ya han reconocido que se privilegiará la actividad extractiva por sobre las comunidades. Ninguno ha tomado en cuenta la consulta, ni la participación de las comunidades mapuches". Señala como antecedente el caso de las comunidades kaxipayiñ y paynemil, que habitan territorios contaminados durante cuatro décadas por YPF y Repsol, en el yacimiento gasífero Loma La Lata.

En Neuquén recién en 2012 se firmó el convenio para la ejecución de la ley 26.160. Y puntualiza que la aplicación "sigue demorada".

El Odhpi dedica un apartado a la criminalización de la lucha indígena. Entre 2005 y 2012, al menos 347 miembros del pueblo mapuche de Neuquén enfrentaron procesos judiciales por defender el territorio.

El informe, de 97 páginas, analiza los casos de judicialización y concluye: "El Estado protege con esta política represiva y criminalizadora la propiedad privada terrateniente, las empresas extractivas y la especulación inmobiliaria y turística, a costa del respeto de los derechos humanos de los indígenas. Hay una tarea minuciosa y metódica para poner toda su estructura institucional, política y represiva para transgredir las leyes que el mismo Estado ha sancionado".

El Odhpi precisa, como casos paradigmáticos de jueces que criminalizan a indígenas, a Ivonne San Martín (jueza civil de Zapala) y a Jorge Videla (Villa La Angostura). Detalla numerosos casos de violación de derechos. Entre ellos en la comunidad Quintriqueo (Neuquén), el Lof Prafil-Calfupán (Río Negro) y la comunidad Jacinto Antileo (Chubut).

"Los antiguos atropellos se han convertido hoy en violaciones a los derechos humanos. Hay un sistema articulado que funciona al servicio del despojo y la legalización de la usurpación de las tierras indígenas", asegura el informe. Micaela Gomiz, secretaria ejecutiva del Odhpi, subrayó que la avanzada sobre los pueblos originarios se debe a "una estructura económica en la Argentina que no ha sido modificada y que es profundizada por los gobiernos que priorizan las ganancias exorbitantes de las empresas extractivas, y defienden la propiedad privada terrateniente por sobre la vida y la autonomía de las comunidades indígenas". El informe advierte que "lo más grave" es que las violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas se producen con "el impulso del gobierno, la inhibición de la Legislatura y el respaldo del Poder Judicial".

Críticas a una reforma

La reforma del Código Civil se debate desde el año pasado en el Congreso Nacional e incluye artículos referidos a los pueblos originarios. Es cuestionado por numerosas organizaciones indígenas. El Informe 2013 del Odhpi lo analiza en clave jurídica y concluye: "El proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional será promotor de desalojos indígenas y promotor de condenas penales por usurpación".

El informe hace una decena de observaciones, entre ellas puntualiza que se violó el derecho a consulta de los pueblos indígenas (establecido en convenios internacionales) y asegura que el proyecto de Código Civil contradice a la Constitución nacional al no reconocer que la posesión tradicional indígena implica propiedad.

"El proyecto de Código Civil no sólo es ilegal por ser inconstitucional, sino que es ilegítima porque el mundo indígena fue contundente en las 18 audiencias públicas que se hicieron en 2012. Si el Gobierno no toma nota de las críticas, las consecuencias para los territorios indígenas van a ser lamentables", aseguró la secretaria ejecutiva del Odhpi, Micaela Gomiz.