[resumen.cl] La iniciativa fue presentada por más de 100 medios de comunicación independientes y busca a que el Estado garantice el derecho humano y universal a la información y comunicación, el financiamiento a los medios independientes y comunitarios, la desconcentración de la propiedad de los medios en grupos económicos, así como que estos no permitan expresiones de odio, sexistas, religiosas integristas y cualquier expresión que "denigre o violente la dignidad humana".

La iniciativa popular de norma 51.270 "Luis Polo Lillo" (clic acá para patrocinar), por el derecho a la comunicación, la libertad de expresión y el reconocimiento constitucional de medios comunitarios.

Ésta fue presentada por más de 100 medios de comunicación independientes y comunitarios, entre ellas: El Ciudadano, la Asociación de Televisiones Comunitarias de Chile, revistas digitales y físicas de medio ambiente y cultura, radios comunitarias de 13 regiones del país, Señal 3 La Victoria, entre otras, así también Faride Zerán, vicerrectora de la Universidad de Chile; Roberto Márquez, del grupo Illapu; la académica María Emilia Tijoux y las y los convencionales Elsa Labraña, Francisco Caamaño, Bastián Labbé, entre otros.

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"Todas las personas tanto individual como colectivamente tienen derecho universal a la comunicación y a la información, así como el acceso a las tecnologías de información y comunicación como un derecho humano", señala la propuesta.

Busca también asegurar el financiamiento a medios independientes y comunitarios, señalando que "el avisaje y publicidad estatal será distribuido bajo la regla de los tres tercios entre los medios privados, estatales y comunitarios, con perspectiva territorial equitativa en medios regionales, provinciales y locales". Asimismo, busca avanzar y concretar hacia una prensa no sexista y que no aborde discursos que atentan contra los derechos humanos, por lo que propone prohibir "en medios de comunicación los discursos de odio, negacionistas, racistas, sexistas, religiosos integristas y en definitiva, tendientes a denigrar y violentar la dignidad humana".

Así también pretende apoyar el derecho a la información en lugares donde no hay acceso y para el segmento etario de adultos mayores, proponiendo crear "una institución estatal que garantice el acceso a papel para publicaciones periódicas impresas, de prioridad territorial equitativa. Su fabricación tendrá carácter sustentable y su distribución será territorialmente equitativa".

Respecto a uno de los grandes problemas de Chile, que es la concentración en la propiedad de los medios, señala que "No se permitirá el monopolio u oligopolio, de manera directa o indirecta, en la propiedad de los medios de comunicación y en el uso del espectro radioeléctrico y digital. Es incompatible la propiedad sobre medios y empresas consideradas por la constitución como estratégicas, en miras de evitar la concentración económica".

La iniciativa popular de norma recoge elemento de las Constituciones como la de Bolivia, Ecuador, España y México.