Las asociaciones socioambientales denunciaron que la instalación de torres de alta tensión y de separadores eléctricos en Hualqui no pasó por la correcta Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), además de contar con una escasa participación ciudadana.

Por Leonardo Carrera Zambrano

El proyecto de instalación de una carretera eléctrica y una seccionadora en Hualqui generó rechazo entre los vecinos/as de la comuna, quienes se organizaron en colectivos socioambientales para frenar la instalación de las torres de alta tensión.

Lidia Gainza, representante de la Coordinadora Interregional Libres de Alta Tensión, acusó que "Mataquito S.A.", la empresa de capital español a cargo de la carretera eléctrica que cruzará desde la región del Maule hasta el Biobío, fraccionó su proyecto en dos, instalando una seccionadora en Hualqui sin un anticipado anuncio de participación ciudadana.

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Gainza aseguró que "la seccionadora instalada en Hualqui, si bien es una construcción muy dependiente del proyecto principal de carretera eléctrica, se construyó sin consultar a los vecinos ni dar información a la comunidad para el tardío comienzo de la consulta ciudadana". Pese a que presentaron la denuncia ante la Superintendencia de Medioambiente, desde la institución aclararon que la consulta ciudadana se realizaría de todas formas, pese a las irregularidades.

Por este motivo, el proyecto ha despertado el rechazo de una serie de coordinadoras y colectivos socioambientales, desde donde expresan que la instalación de la carretera eléctrica tendrá un efecto negativo en la economía local, las zonas rurales, el turismo, la salud y el ecosistema del lugar, buscando expulsar el proyecto de Mataquito S.A. de la comuna.

Francisco Astorga, abogado por la ONG de Defensa Ambiental que lleva adelante el caso contra Mataquito S.A., acotó a Resumen que "el proyecto de carretera eléctrica se encuentra en evaluación de impacto ambiental por el SEA, asegurando que -el organismo- no está reconociendo que en el trazado se encuentran colegios, casas no identificadas, sitios patrimoniales y comunidades indígenas, atentando así contra sus sitios sagrados".

Las coordinadoras socioambientales movilizadas contra dicho proyecto mantienen el llamado a la ciudadanía para sumarse a la iniciativa y suspender lo que sería una participación ciudadana no informada mediante una denuncia colectiva.