Por Juan Contreras Jara / resumen.cl

El pasado sábado 29 de septiembre, miembros de Gendarmería de Chile agredieron a familiares de presos políticos e integrantes de distintas comunidades mapuche de la provincia de Malleco, mientras estos se disponían a realizar una visita masiva a los presos políticos mapuche, recluidos en el Centro de Detención Penitenciaria (CDP) de Angol. Producto de la violencia desatada por los funcionarios de Gendarmería en contra de ancianas, ancianos y niñas, dichas comunidades presentarán la próxima semana una querella criminal contra los responsables del episodio.

Según señalan los comuneros de la zona, la visita masiva, programada con dos meses de anticipación y que había cumplido con todos los conductos regulares, fue súbitamente cancelada por Gendarmería. Eran al menos cuatrocientas las personas que se disponían a visitar a los presos políticos mapuche en dicha cárcel, con quienes además realizarían un Llellipun en el gimnasio del mismo centro penitenciario.

En primera instancia, Gendarmería comunicó a través de su director provincial que solo permitirían el ingreso a la cárcel de Angol a doscientas personas debido a una orden directa de la gobernación de Malleco. Mientras los werkenes de las comunidades mapuche de la zona intentaban dialogar y pedir explicaciones frente a la sorpresiva decisión, piquetes de Gendarmería los terminaron sacando literalmente a patadas del gimnasio, situación que desató la violencia al interior y a las afueras del CDP de Angol.

Por otra parte, los presos políticos mapuche recluidos en el penal, fueron golpeados estando reducidos y esposados, frente a sus esposas, hijos e hijas. De hecho, una menor de cuatro años de edad habría quedado atrapada entre el gas de las lacrimógenas y los balines de goma disparados por los gendarmes, situación hasta ahora negada por los funcionarios estatales y por el alcaide del centro de reclusión, Fernando Olivares.

La violencia también se vivió a las afueras del CDP de Angol, donde Gendarmería habría disparado balines de goma desde la cárcel hacia afuera de la cárcel, donde se encontraban ancianos, niños, familiares de los PPM y autoridades mapuche de las distintas comunidades que acudieron a la masiva visita. Producto de esta situación, hubo personas con impactos de balines en el rostro, quienes aún siguen acudiendo a centros médicos para realizarse tratamientos. A esto se agrega las lesiones a personas en su cuerpo y cabeza debido a los golpes dados con las lumas de servicio.

Desde las comunidades mapuche en resistencia de la provincia de Malleco, expresaron que no dejarán que esta situación quede en la impunidad, por lo que presentarán la próxima semana una querella criminal dirigida específicamente en contra del alcaide del CDP de Angol, Fernando Olivares, quien habría desconocido absolutamente los acuerdos tomados en torno a esta visita masiva, entre las autoridades penitenciarias y las mapuche, dos meses antes. Es más, Olivares está siendo acusado de haber disparado el mismo en contra de familiares y PPM al interior del penal.

Rodrigo Curipán, werkén de la comunidad Rankilko, comentó que "el sábado pasado estuvimos reunidos con los PPM que están recluidos en la cárcel de Angol, para constatar en qué situación se encontraban, luego de todos los golpes y la represión en su contra. Luego de esto, decidimos presentar esta querella dirigida con el alcaide de la cárcel de Angol y contra el Director Provincial de Gendarmería, porque ambos estuvieron presentes ese día".

Curipán fue enfático al indica que se trata de una situación grave, que no se puede dejar pasar.

El vocero denunció además que mediante llamadas telefónicas se ha amedrentado a familiares, específicamente, a las esposas de cuatro presos políticos mapuche recluidos en el CDP de Angol. "Se les dice que estarían perdiendo beneficios a raíz de lo ocurrido el 29, se hacen pasar por Serviu, por la gobernación de Malleco. Se les dice que por haber participado ellos de lo ocurrido en la cárcel, no podrán obtener ciertos beneficios sociales, aunque ellos no tienen ninguno de estos ni están postulando a nada, eso es lo extraño".

Estos llamados, efectuados el lunes siguiente a ocurridos los hechos, fueron acompañados de visitas a los domicilios de las familias de los PPM por parte de personeros de las mismas instituciones gubernamentales sostienen los denunciantes. "Esta persecución no puede seguir tolerándose, porque hay una persecución no solo política judicial, sino que también política de las instituciones del estado, quienes amenazan." enfatizó Curipán.

Desde las comunidades mapuche en resistencia de la provincia de Malleco, expresaron que la querella tiene como finalidad que se persiga la responsabilidad penal y además que haya una investigación en que se visualicen los videos del gimnasio al momento en que Gendarmería comenzaría a disparar, momentos en que había niños al interior del lugar.

Apuntan además a que Gendarmería no tomó las medidas para resguardar la integridad física y psicológica de los niños y califican como tortura los golpes que recibieron los presos políticos en el gimnasio mientras estaban reducidos y esposados.