[resumen.cl] Esta semana fue ingresada en la Corte de Apelaciones de Valdivia una nueva solicitud de desafuero del ya desaforado parlamentario RN por Chillán, Rosauro Martínez Labbé. El recurso judicial fue interpuesto por los abogados querellantes representantes de los familiares de las víctimas en la causa Neltume 81 (causa rol 1675-2003), que sustancia la ministra en visita Emma Díaz Yévenes, de la Corte valdiviana.
La referida causa, investiga los sucesos acaecidos en la cordillera de Valdivia, específicamente en la zona montañosa de Neltume, entre junio y diciembre de 1981, en donde resultaron muertos 9 integrantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) producto de acciones represivas llevadas a cabo por efectivos del ejército, de la CNI y carabineros.
Una de las unidades del ejército que tuvo participación en estos hechos era dirigida por el entonces capitán Rosauro Martínez; esta unidad era la Compañía de Comandos N° 8, asentada en Llancahue, Valdivia, dependiente de la comandancia de la IV División del ejército, también asentada en Valdivia.
En mayo de 2014, el entonces diputado, fue desaforado por la Corte de Valdivia para ser investigado por su participación en los sucesos de Remeco Alto, ocurridos el 20 de septiembre de 1981, donde resultaron asesinadas tres de las nueve víctimas. El desafuero fue ratificado en junio del 2014 por la unanimidad del pleno de la Corte Suprema. Luego, en septiembre de ese año, la ministra Emma Díaz sometió a proceso a Rosauro Martínez por su responsabilidad en los homicidios calificados de José Eugenio Monsalve Sandoval, Patricio Alejandro Calfuquir Henríquez y Próspero del Carmen Guzmán Soto; procesamiento que, en su momento, fue ratificado por la Corte.
La solicitud de desafuero ahora ingresada está fundada en lograr que el requerido sea indagado y procesado por su participación y responsabilidad en la ejecución de otras cuatro víctimas de los sucesos acaecidos en la zona cordillera de Valdivia en septiembre del año 1981. El desafuero aprobado el año 2014 sólo permite investigar al acusado por los sucesos de Remeco Alto; jurídicamente no puede ser indagado por otros hechos, mientras se prolongue su período de parlamentario (el fuero tiene demasiadas ventajas y privilegios, por algo ciertos criminales escogen el parlamento como parapeto).
El recurso, que fue acogido a trámite por la Corte, intenta se investigue la participación de Rosauro Martínez en los hechos que terminaron con el asesinato de Raúl Rodrigo Obregón Torres, ocurrido el 13 de septiembre de 1981, de Pedro Juan Yáñez Palacios, el 16 de septiembre, y en las ejecuciones de René Eduardo Bravo Aguilera y Julio César Riffo Figueroa, cometidas el 21 de septiembre. Estos dos últimos habían sido detenidos por carabineros a fines de agosto de ese año en la localidad de Malalhue, cerca de la ruta panamericana (carretera 5 Sur); luego de ser salvajemente torturados por los esbirros del Sicar, de CNI y del ejército, fueron ejecutados en la cordillera de Neltume.
Según revelan fuentes de familiares de las víctimas, Rosauro Martínez tuvo activa participación en estos hechos criminales pero hace dos o tres años los abogados no tenían aún los medios de prueba suficientes como para solicitar el desafuero por estos otros casos o por todos los casos. Sí existían para juzgarlo por los sucesos de Remeco Alto. Sin embargo, como es de presumir, fue el hecho de saberlo desaforado y procesado lo que permitió que surgieran nuevos testimonios, nuevos medios de prueba, desde miembros de la tropa y soldados rasos que hasta hace poco no se atrevían a hablar por temor a represalias.
Como se sabe, Rosauro Martínez ha seguido recibiendo la dieta parlamentaria (el sueldo) como si nada. A pesar de estar desaforado y, más aún, procesado por tres homicidios calificados, tiene el descaro de seguir gozando de una renta millonaria pagada por el estado (es otro de los privilegios que los "honorables" sinvergüenzas se aseguran de no perder nunca).