[resumen.cl] 31 días de movilización para mejorar sus condiciones laborales -tanto en materia de seguridad como de asignación de turnos y aumentos salariales- llevan los trabajadores portuarios eventuales de Valparaíso, mientras la Empresa TPS (Terminal Pacífico Sur), cuya propiedad mayoritaria pertenece a la familia Von Appen, ha demostrado una intransigencia que no sólo mantiene activo el conflicto, sino que ha profundizado su radicalización. Los trabajadores anunciaron con boicotear el tradición espectáculo pirotécnico de año nuevo de no tener respuesta satisfactoria para la fecha.

Es posible ocupar el concepto intransigencia por parte del grupo Von Appen -familia ligada al nazismo hasta la Segunda Guerra Mundial- no sólo por negarse a escuchar a los trabajadores que quieren terminar con condiciones de precarización (pagos por turnos) que en muchos casos llevan 20 años, sino porque se han restado de cualquier instancia de diálogo ofrecida por agentes mediadores.

Un ejemplo de aquello fue lo ocurrido el 21 de noviembre, cuando el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, puso a la alcaldía para una reunión entre las partes para una cita que efectivamente se concretó, pero con la ausencia de representantes de la empresa que decidieron ausentarse. Sin embargo, ese mismo día «los ejecutivos de las concesionarias y de EPV se reunieron en paralelo con el Intendente Martínez, quien el 23 de noviembre replicó un encuentro similar, pero con los representantes de los estibadores movilizados.» según consigna el sitio Portal Portuario.

Un asunto interesante es que, como ha ocurrido en anteriores movilizaciones portuarias, trabajadores de otros puertos del país han tenido jornadas de paralización en solidaridad.

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Por su parte, hasta el momento el Estado se ha limitado a aplicar su rol de mantener el orden público: presencia policial constante de Fuerzas Especiales de Carabineros, abuso de gases lacrimógenos que afectan a comerciantes y transeúntes del Plan, pero además la Intendencia ha interpuesto querellas a los manifestantes, una de ellas en contra del trabajador Gustavo Vega, a quien se le acusó de provocar lesiones a un teniente de Carabineros, hecho los trabajadores califican como un montaje.

Es necesario señalar que el hecho de mayor gravedad ocurrió el 29 de noviembre, cuando tres desconocidos portadores de armas de fuego abordaron al dirigente sindical de Uniport, Francisco Báez e intentaron subirlo a un auto sin patente mientras le decían «No weís más en el puerto porque tenemos un hoyo con tu nombre hecho ya»

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Finalmente, cabe recordar que hasta ahora la empresa se ha limitado a ofrecer a los trabajadores «que no hayan participado en hechos de violencia» un préstamo de $350.000 y una giftcard de $200.000, junto a los beneficios habituales de fin de año, postura que los trabajadores movilizados califican como una burla del concesionario al no satisfacer las necesidades económicas de los trabajadores ni tampoco considerar otras demandas como son mesas de trabajo, la no existencia de listas negras y mejoras en las condiciones laborales.