Jordano Santander, uno de los casos más emblemáticos de presos políticos en el contexto del Estallido Social, fue indultado por el presidente Boric. Fue condenado a 7 años de cárcel por homicidio frustrado en contra de un funcionario de la Policía de Investigaciones, en lo que se conoce como el «Caso PDI», un proceso lleno de contradicciones, donde una de las pruebas fue un testimonio del detective que señaló que vio en sus ojos «una mirada homicida» y donde fue víctima de una sesión de tortura en un cuartel de la PDI.

Por Alejandro Baeza

En la madrugada del 2 de marzo de 2020, Jordano Santander fue detenido luego de participar en una manifestación en el contexto del Estallido Social, una de las últimas protestas antes del inicio de la pandemia. Dos días después de su detención, fue formalizado bajo la Ley de Seguridad Interior del Estado por supuestamente haber participado en un atentado contra un cuartel de la PDI, quedando por una prisión preventiva que fue estirada como suele realizar el Ministerio Público cuando quiere realizar una sanción antes de un juicio.

Recién el 13 de abril de 2021 se realizó el juicio, celebrado en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio, en el que Jordano Santander y otras tres personas, fueron imputados por daños calificados, receptación y homicidio frustrado a funcionario policial en servicio.

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En su acusación particular, la «víctima», el detective Hugo Gutiérrez, sostuvo que «el día martes 03 de marzo de 2020 alrededor de las 08:15, los imputados que transitaban a bordo del vehículo marca Toyota modelo Yaris (…) fueron controlados por personal de PDI, con señales audibles y visibles, baliza y sirena, entre ellos, el detective HUGO GUTIÉRREZ HERRERA, quien se ubicó frente al vehículo de los imputados, solicitando a viva voz que se detuvieran, momento en el cual el conductor JORDANO JESÚS SANTANDER RIQUELME, procedió a embestirlo con ánimo homicida, con conocimiento de su calidad de funcionario policial puesto que el detective vestía ropas corporativas, logrando esquivarlo el Detective GUTIÉRREZ, impactando entonces al vehículo policial y luego darse a la fuga, siendo finalmente detenidos».

El testimonio sólo fue respaldado por otros tres funcionarios de la PDI. Estos policías presentaron inconsistencias en sus declaraciones sobre los hechos, al punto de que el supuesto choque o embestida no pudo ser acreditado por  Fiscalía, por lo que finalmente Jordano sólo fue condenado tomando en consideración una supuesta mirada con «ánimo homicida», como declaró Gutiérrez. Por su parte, tanto Jordano como sus acompañantes desmintieron en todo momento que los funcionarios portaran uniformes o distintivos, así como que hubiesen señales en cuanto a que se trataba de un procedimiento policial. «Nosotros pensamos que nos quería robar el auto» declaró incluso Santander.

El testimonio de un PDI sosteniendo que vio en la mirada de Jordano una mirada homicida bastó para que fuera condenado a 7 años de cárcel. Además, fue condenado a otros 540 días por dañar parte de los ventanales del cuartel de la PDI -donde posteriormente fue torturado en compañía de los otros tres presos políticos del «Caso PDI»- y la mampara de la Fiscalía de San Antonio. Sumado a estas, una pena de 300 días por receptación.

Las denuncias de tortura fueron respaldadas con partes médicos y una querella por apremios ilegítimos emprendida por su defensa y el INDH, precisamente en contra de Hugo Gutiérrez y las y los funcionarios policiales que lo detuvieron.

«Esto demuestra una vez más el trato desigual que existe entre las personas civiles respecto de la justicia y los funcionarios policiales que cometieron delitos en la revuelta, que no ha sido procesados», consignó a RESUMEN en junio de 2021, Betsabé Carrasco, abogada defensora de Jordano Santander, quien también lleva a cabo un proceso contra los policías por las torturas.

En el periodo que Jordano estuvo preso, no tuvo acceso a beneficios carcelarios ya que al ser aplicada la Ley de Seguridad Interior del Estado, estaba en una categoría de «terrorista».

Además, fue víctima de inumerables hostigamientos al interior del CCP San Antonio. El último de estos, un allanamiento a su módulo el lunes 28 de noviembre, donde perdió gran parte de sus pertenencias. «Tener a tu pareja tanto tiempo presa, no hay bolsillo que sustenta la cárcel, he tenido que trabajar el triple» señaló a RESUMEN entonces Tania Parada, pareja de Jordano.