En el salón de honor de la Municipalidad penquista se realizó, en la tarde de este miércoles, la presentación del libro «Los crímenes que estremecieron a Chile», editado por Ceibo. 

En lugar, Resumen conversó con Jorge Escalante, uno de los autores del libro junto con Nancy Guzmán, Javier Rebolledo y Pedro Vega. Consultado por cuál es la necesidad de continuar investigando sobre la manera en que ocurrieron los crímenes durante la dictadura militar, el periodista respondió que, «si bien para una franja de la sociedad chilena, este tema resulta odioso, la memoria histórica se impone como un bien superior, porque permite a las nuevas generaciones saber lo que ocurrió». Específicamente, este libro trata a cerca de los crímenes que tuvieron mayor repercusión nacional e internacional en la época, como el asesinato de Victor Jara, la Caravana de la Muerte, las operaciones Cóndor y Colombo. 

Ante la pregunta de cuál podría ser el juicio del público respecto a la respuesta judicial ante el terrorismo de Estado, Jorge plantea que parte importante de las fuentes de este libro están en los expedientes judiciales de causas que permanecen abiertas con 18, 15 o 10 años de antiguedad, demostrando una gran lentitud en la impartición de justicia. 

Con respecto a ésto, hace un tiempo el periodista escrbió la columna «Un sútil correazo» que desembocó en otra, llamada Un «Correazo más fuerte«, como respuesta al intento de Jorge Correa Sutil de negar e invalidar lo que ahí se decía respecto a su labor en la subsertaría del ministerio del Interior, dónde «prohibía a los abogados de ese programa (de Derechos Humanos del Ministerio de Interior) pedir procesamientos en contra de militares que habían participado en el exterminio y torturas de opositores. Les prohibía que alegaran en los estrados de tribunales para oponerse a las libertades provisionales de los principales asesinos de la DINA y la CNI, que ya se encontraban procesados y como tales cumplían arresto por orden del juez a la espera de una sentencia. Lo mismo ocurría respecto de los criminales de Colonia Dignidad.» 

Teniendo en consideración este relato, se le pregunta de qué modo los gobiernos concertacionistas intentaron negar y trabar la investigación judicial respecto al terrorismo de Estado. Jorge Escalante responde que «durante los 4 gobiernos de la Concertación se le dejó este problema a los tribunales de justicia… perfectamente se pudo haber fortalecido el programa del Ministerio de Interior, poniendo más abogados y recursos, pero no fue así. El problema con Correa Sutil radica en que él fue una de las personas que se opuso a que este programa avanzara y tomara iniciativas, y los abogados de este programa son testigos de ello».

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