El ministro de Seguridad, Luis Cordero, confirmó que Martín de los Santos Lehmann, imputado por lesiones graves contra el trabajador Guillermo Oyarzún, se encuentra fuera de Chile y ya hay una orden de captura internacional. El imputado salió impunemente del país mientras cumplía una cautelar de arresto domiciliario en una cabaña en Pichilemu pese a la gravedad del delito que se le imputa,
Martín de los Santos Lehmann, imputado por lesiones graves contra Guillermo Oyarzún, conserje de 70 años que recibió una brutal golpiza en su trabajo en un edificio en Vitacura, está no cumplirá la cautelar de prisión preventiva dictada ayer por la jueza Cecilia Villanueva del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, pues escapó del país. Informaciones especulaban que se encontraría en Brasil, lo que fue confirmado esta mañana por el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
Cabe precisar que a De Los Santos Lehmann le permitieron no presentarse al Centro de Justicia para la audiencia de revisión de medidas cautelares, de la que participó de forma telemática. En esa instancia, insultó a la magistrada y la acusó de armar un «show mediático» y que él era un empresario que «daba trabajo», por lo que debía tratársele de forma deferente.
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Por su lado, el abogado del trabajador agredido, Felipe Silva, afirmó tras la audiencia que se emitió una orden de detención contra el imputado, con el objetivo de que quedara a disposición del penal correspondiente para cumplir su prisión preventiva. Sin embargo, al llegar a la cabaña de Pichilemu donde supuestamente cumplía su arresto domiciliario, se dieron cuenta que no se encontraba en el domicilio hace días.
Según la representación del conserje lesionado, Martín de Los Santos Lehmann arriesga una pena superior a cinco años de presidio por el delito de lesiones graves. A ello se sumaría la agravante por la edad de la víctima y otros dos cargos: golpes a funcionarios policiales y amenazas.
Llama la atención cómo fue aplicada la cautelar favorita de la prensa, la prisión preventiva, para delitos tan graves como suele ser en montones de otros casos de investigaciones que afectan a imputados de otro estrato socioeconómico, incluso ante delitos menores que éste.