Pese a que en octubre de 2020 el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella contra el cabo 2do de la Armada, Ernesto Osorio, por su supuesta participación en la quema de la iglesia San Francisco de Borja en Santiago, la acción judicial podría quedar suspendida por decisión del mismo tribunal.
Por Juan Contreras Jara
Ernesto Osorio, por entonces funcionario de la base aeronaval de Concón, fue detenido el 18 de octubre de 2020 en cercanías de la iglesia San Francisco de Borja por efectivos policiales, cuando éste armaba una barricada.
La querella contra Osorio fue presentada por la Comisión Chilena de DDHH, que en primera instancia apuntaba a dilucidar porque del actuar del funcionario de las FFAA que se habría infiltrado en la manifestación y contribuido a los desórdenes públicos de esta. La acción perseguía el delito de incendio agravado pero con la decisión del juzgado santiaguino quedaría en nada.
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A diferencia de las y los presos políticos del Estallido Social, contra quienes Fiscalía solicitó en todo momento la cautelar de prisión preventiva, el ahora ex cabo 2do de la Armada quedó sólo con firma bimensual luego de su detención el pasado 18 de octubre, lo que demuestra la rotunda disparidad en el criterio de los tribunales dependiendo de si el detenido es o no un agente del Estado.
Hay que acotar que Osorio fue detenido portando una resortera, una mascarilla y lentes de protección, lo que ejemplifica nuevamente la disparidad judicial, debido a que ese mismo tipo de implementos fue exhibido por Carabineros como pruebas al momento de ejecutar la Operación Cavancha en Iquique y acusar de asociación ilícita a 17 personas en marzo pasado.
Nueve meses después de su detención, Osorio podría quedar incluso con su hoja de antecedentes intacta, debido a la suspensión de su proceso judicial por parte del Juzgado de Garantía de Santiago.