El golpe de Estado del 11 septiembre de 1973 interrumpió la larga marcha del movimiento popular chileno que, desde comienzos del siglo XX, luchaba por construir el socialismo. Efectivamente, desde sus orígenes en las mancomunales obreras y en las sociedades en resistencia, pasando por el Partido Obrero Socialista (POS), el Partido Comunista (PC), la Federación Obrera de Chile (FOCH) y el Partido Socialista (PS), hasta llegar a los procesos de radicalización de la década de 1950 y 1960 y, en especial con el triunfo de la Unidad Popular, el movimiento popular explicitó un programa de profundas transformaciones revolucionarias que apuntaban a nacionalizar las riquezas básicas y los centros financieros, a profundizar la reforma agraria, a transferir al Estado y al control obrero los principales centros industriales, a ampliar las coberturas sociales en materia habitacional, sanitaria y educativa y a convertir a los trabajadores y el pueblo en protagonistas de su propia historia.

Por CLASE*

La burguesía y el conjunto de las fuerzas reaccionarias, apoyadas por el imperialismo norteamericano, conspiraron sistemáticamente en contra del gobierno de la Unidad Popular. Los documentos de las agencias de seguridad de EE.UU., desclasificados hasta la fecha, ponen en evidencia que el gobierno norteamericano (liderado en esa época por Richard Nixon), proporcionó ingentes recursos económicos a la Democracia Cristiana (DC), al Partido Nacional (PN), al Frente Nacionalista Patria y Libertad (FNPL), al movimiento gremialista, al periódico El Mercurio y a las organizaciones patronales (en especial a los camioneros), para que llevaran a cabo un amplio abanico de acciones desestabilizadoras: Atentados terroristas, movilizaciones antigubernamentales, acusaciones constitucionales contra las autoridades de gobierno, acaparamiento de recursos básicos y especulación en el mercado negro, difusión de información falsa o tendenciosa y actividad sediciosa en las unidades militares.

Fue desde esas instancias que se pretendió impedir que Salvador Allende asumiera el gobierno en noviembre de 1970. Expresión de ello fue el atentado terrorista, del 22 de octubre de 1970, que le costó la vida al Comandante en Jefe del Ejército, René Schneider (fallecido el 25 de octubre a consecuencia de sus heridas). Fueron las asociaciones patronales, los partidos reaccionarios y el imperialismo norteamericano, los que estimularon la maniobra insurreccional de octubre de 1972, que pretendió, mediante el bloqueo a la distribución de alimentos, provocar la caída del gobierno popular. Fueron estos mismos sectores, los que, inhabilitados para destituir constitucionalmente al Presidente Allende, golpearon las puertas de los cuarteles militares a objeto que los mandos y oficiales reaccionarios derribaran al gobierno de la Unidad Popular. En Chile no hubo un quiebre de la institucionalidad democrática. En Chile, los reaccionarios, civiles y militares, unidos al imperialismo norteamericano, protagonizaron un golpe de Estado, que debía clausurar el proyecto socialista en Chile.

Clausurar este proyecto histórico no era tarea fácil, por eso se hizo a sangre y fuego. Efectivamente, los reaccionarios bombardearon el Palacio de La Moneda y la residencia presidencial ubicada en calle Tomás Moro (Santiago de Chile), cercaron los barrios industriales, allanaron las poblaciones más combativas, silenciaron los medios de comunicación adscritos a la Unidad Popular, tomaron el control de los edificios públicos y de las principales vías de comunicación y asaltaron las sedes de los partidos políticos de izquierda, de la Central Única de Trabajadores (CUT) y los campus universitarios. Miles de personas fueron detenidas, sometidas a tratos crueles y denigrantes y cientos fueron asesinados y sus cadáveres quedaron expuestos en la vía pública, caminos, lagos y ríos. Los focos de resistencia al golpe de Estado, en el Palacio de La Moneda, en los cordones industriales Cerrillos-Maipú y San Joaquín, en la población La Legua, en la subcomisaria de Carabineros de Antofagasta, en Laguna del Maule, en Chillán y en Neltume, fueron rápidamente aislados, neutralizados y sus combatientes aniquilados o capturados. A partir de este momento, la represión se transformó en un recurso recurrente de la dictadura.

Mientras en las poblaciones obreras se multiplicaban los allanamientos y las detenciones, en las zonas rurales, bandas de latifundistas armados, acompañados de carabineros y militares se dedicaban a la caza de trabajadores rurales y comuneros mapuche. Recintos deportivos, unidades militares y policiales, cárceles habituales, embarcaciones de la Armada y de empresas navieras (como la Compañía Sudamericana de Vapores), se convirtieron en centros de reclusión y tortura. Simultáneamente, la dictadura decretó el estado de guerra interno (DL N° 5/1973), dispuso la clausura del Congreso Nacional y la vacancia de los cargos de senadores y diputados (Bando N° 29/1973), canceló la personalidad jurídica y prohibió el funcionamiento de la CUT (DL N° 12 /1973) y decretó la ilicitud y disolución de los partidos políticos de izquierda (DL N° 77/1973).

Todo el estado de derecho burgués fue demolido rápida y sistemáticamente. Al amparo de la represión, los patrones tomaban revancha sobre sus trabajadores, multiplicándose los despidos, la disolución o intervención de los sindicatos y la reducción drástica de los salarios. De la misma manera, mientras la violencia represiva azolaba a los barrios obreros, en los barrios burgueses se festejaba con euforia. Estas fueron las condiciones políticas que permitieron que, a partir de 1974 el grupo de intelectuales monetaristas, liderados por Jorge Cauas y Sergio de Castro ("Chicago Boys") y amparados por la Armada de Chile, tomaran el control de los ministerios de Hacienda y Economía, así como de ODEPLAN, y se dieran a la tarea de llevar cabo el proceso de reestructuración del capitalismo en lógica neoliberal.

Al mismo tiempo, los antiguos líderes de la oposición al gobierno de la Unidad Popular, como Sergio Onofre Jarpa, en representación de la Comisión Política del Partido Nacional, justificaban el accionar de los golpistas enfatizando que éstas habían impedido la entronización de la "dictadura marxista" (Declaración del Partido Nacional, 14 de septiembre de 1973). A su vez, el democratacristiano Eduardo Frei Montalva (carta a Mariano Rumor, Presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, 8 de noviembre de 1973), se esmeraba en representar ante la opinión pública internacional, que el golpe de Estado era "legítimo". Por su parte, la Corte Suprema de Justicia, liderada por Enrique Urrutia Manzano, declaraba, el 13 de septiembre de 1973 (Oficio N° 3182 al Ministerio de Justicia), su "complacencia" por la instauración de la dictadura.

Fueron estos mismos jueces los que denegaron sistemáticamente el acceso a la justicia a los perseguidos por la dictadura. En esta misma línea, el destacado historiador Gonzalo Vial Correa, en el Libro blanco del cambio de gobierno en Chile (1973), sostenía que el golpe de Estado y la subsecuente represión contra el movimiento popular se justificaban porque los marxistas preparaban un plan de exterminio de los mandos de las FFAA y de la oposición democrática (Plan Z). Mientras que el Ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura, el almirante Ismael Huerta, exponía ante la ONU, con absoluto desparpajo, que su gobierno no violaba los derechos humanos (Discurso ante la ONU, 9 de octubre de 1973).

En este clima de represión política extendida en contra del movimiento popular, y contando con el apoyo irrestricto de las organizaciones patronales, de los partidos políticos reaccionarios y de la mayoría de los representantes de diferentes instituciones del Estado (tribunales de justicia y Contraloría General de la República), la dictadura dio los primeros pasos hacia formación de un nuevo régimen político, autoritario y excluyente. Efectivamente, bajo la presidencia nominal del jurista conservador Enrique Ortuzar Escobar, pero bajo la conducción intelectual del líder gremialista Jaime Guzmán Errázuriz, las élites reaccionarias acometieron la tarea de elaborar un nuevo texto constitucional (Acta de la Primera Sesión Comisión Constituyente, 24 de septiembre de 1973), el que sería aprobado en un espurio plebiscito en septiembre de 1980. Un texto que garantizaba que, en lo sucesivo, el movimiento popular no podría acceder al poder y, desde ahí introducir transformaciones revolucionarias que lo llevaran a la construcción del socialismo.

El golpe de Estado, en consecuencia, no solo puso fin al gobierno de la Unidad Popular; también redefinió el escenario institucional a largo plazo y sentó las bases para la reestructuración del capitalismo.

No es extraño, en consecuencia, que desde la derecha vociferante (Republicanos), hasta a los advenedizos del neoliberalismo (Frente Amplio), y pasando por los artífices históricos de la gobernabilidad burguesa (Chile Vamos y Concertación de Partidos por la Democracia), se muestren de acuerdo en la mantención del modelo económico burgués y solo discrepen respecto de matices y formalidades en lo que concierne a la institucionalidad política.

Tampoco es extraño que, con este tipo alineamientos algunos no trepiden en reiterar el discurso reaccionario de 1973 e incluso se permitan recrear en el Congreso Nacional el gesto sedicioso del 23 de agosto de ese mismo año. En esa línea algunos reivindican que el golpe de Estado fue una "gesta liberadora", otros vuelven a señalar que impidió la instalación de un gobierno totalitario y antidemocrático e incluso indican que las víctimas no fueron tantas y que la mayoría murió en enfrentamientos armados. Otros lamentan las violaciones a los derechos humanos, pero enfatizan que esos "lamentables hechos" podrían haber sido evitados si el gobierno de la UP se hubiese allanado a un acuerdo con la oposición burguesa. Incluso el actual jefe de Estado, con una evidente falta de conocimiento de la reciente producción historiográfica sobre la materia, nos invita a leer los textos de Joan Garcés (politólogo y ex consejero de Salvador Allende) y de Daniel Mansuy (politólogo adscrito a la Universidad de Los Andes, institución privada perteneciente al Opus Dei), para conocer y ponderar el período de la Unidad Popular, ya que se trata de "dos reflexiones que aportan al debate". A juicio del mandatario "Desde la izquierda debemos ser capaces de analizarlo [el período de la UP] con mucho mayor detalle y no solamente desde una perspectiva mítica" (diferentes medios de comunicación, 4 de junio de 2023).

Lo que confunde al jefe de Estado, y a buena parte del equipo que lo acompaña en las tareas de gobierno, es que si bien la Unidad Popular y el movimiento popular y revolucionario del ciclo 1970-1973, fue portador de una mística y vocación revolucionaria, que a ellos les resulta muy ajena, también se dotó de un proyecto de transformación revolucionaria, heredero de las luchas históricas de la clase trabajadora y del pueblo, que se propuso resolver las demandas históricas de justicia social y participación popular a través de la construcción del socialismo. Ello es lo que explica el golpe de Estado, la violencia represiva y la posterior reorganización de la sociedad chilena en lógica capitalista.

Chile, 10 de septiembre de 2023

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*Centro de Estudios de la Izquierda y la Clase Trabajadora (CLASE)

Integrantes de CLASE

Dr. Igor Goicovic Donoso (Universidad de Santiago de Chile)

Dra. Viviana Bravo Vargas (Universidad Alberto Hurtado)

Dra. Ivette Lozoya López (Universidad de Valparaíso)

Dr. Claudio Pérez Silva (Universidad de Santiago de Chile)

Dr. José Ignacio Ponce López (Universidad de Santiago de Chile)

Dr. Robinson Silva Hidalgo (Universidad Austral de Chile-Valdivia)