El día 15 de noviembre Iris Mireya Manquepillan Huanquil, comunicadora mapuche, integrante de la radio mapuche comunitaria Kimche Mapu (tierra de gente sabia), fue formalizada en el Juzgado de Garantía de San José de la Mariquina, por el delito de intercepción ilegal de servicios de telecomunicaciones, producto de una denuncia realizada por donGilberto Santana, Concejal de la Comuna de Lanco, militante de Renovación Nacional, y propietario de una radio comercial.

Lo anterior se suma a la situación de Marcelo Nuñez, miembro de Radio Tentación de Paine, contra quien también se sigue un proceso penal por transmisión ilegal, y esta citado a al juzgado de Garantía de San Bernardo, este viernes 2 de diciembre, y el fiscal a cargo solicita como 300 días de prisión en su grado mínimo.

La libertad de expresión y la comunicación es un derecho que pertenece a todos los pueblos del mundo; esta consagrado universalmente en el artículo 19 de la Declaración Universal de DDHH, el artículo 13 de la Convención Interamericana de DDHH y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Relatoría para la libertad de Expresión de la OEA. Además este derecho esta expresamente consagrado para los pueblos indígenas en el articulo 16 de la declaración sobre derecho de los pueblos indígenas de Naciones Unidas. Sin embargo en Chile, la comunicación y la libertad de expresión esta permitida solo para empresarios y trasnacionales.

En Chile el espacio radioeléctrico, que es un bien público, esta concentrado en pocas manos que lucran con él. Los pueblos indígenas, pobladores, trabajadores, mujeres, estudiantes, minorías sexuales, comunidades campesinas, y en general, todos menos los empresarios, deben sortear innumerables obstáculos para acceder a una concesión radioeléctrica y poder instalar una radio que represente y defienda los derechos de miles que son censurados o tergiversado por los medios masivos y comerciales de comunicación.

Producto de esta concentración del espacio radioeléctrico, y de los obstáculos técnicos y económicos que impone la ley ley 18.618 (ley de Telecomunicaciones); muchos comunicadores son perseguidos por la ARCHI, la Subtel y el Ministerio Público, gracias a la vigencia del articulo 36 B, que castiga con penas de cárcel a todos los comunicadores que valientemente deciden hacer radio y ejercer el derecho humano y universal a la comunicación, que esta por sobre cualquier normativa legal o intereses económicos.

Hacemos responsable de esta situación a los gobiernos de la Concertación y al actual Presidente, por mantener vigente el articulo 36 B y no distribuir democráticamente el espacio radioeléctrico. Las últimas modificaciones legales sobre radios comunitarias no se hacen cargo de estos problemas fundamentales para el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación y la libre expresión de los pueblos.

La Red de Medio de los Pueblos hace un llamado a defender los medios comunitarios y populares, solidarizando con todos los medios y comunicadoras y comunicadores criminalizados. También llamamos a seguir apoyando la comunicación popular, fortaleciendo los medios populares y comunitarios; y creando más medios que amplifican la voz de todos los pueblos.

La comunicación es nuestro derecho y todos y todas estamos llamados a ejercerlo y defender su ejercicio. La Red de Medio de los Pueblos solidariza con Radio Kimche Mapu y Tentación, y compromete todas sus capacidades y esfuerzos en seguir luchando por que la comunicación no sea mas una mercancia, sino un derecho de todos los pueblos.

Red de Medios de los Pueblos