Las pesimistas proyecciones del comportamiento de la Covid-19 para este 2021 nos adelantan un nuevo año con restricciones sanitarias mientras aún esperamos los resultados de al menos 12 vacunas que se encuentran en la fase de pruebas, donde se realizan los estudios clínicos de efectividad.

Esas buenas noticias -el avance en la efectividad de los medicamentos - contrastan con las nulas posibilidades de las farmacéuticas de cumplir con la demanda mundial de vacunas contra la Covid en un lapso de tiempo que pudiera contrarrestar actualmente el avance del coronavirus. Y por cierto, no debemos olvidar que la mayor parte de las dosis ya las tienen aseguradas los más ricos del globo, concentrados en Estados Unidos y la Unión Europea.

El centro de estudios Espacio Público en su último informe sobre el avance de la pandemia en el país señaló que probablemente "enfrentemos un otoño y un comienzo del invierno […] con el riesgo de que una segunda ola de contagios y decesos, tal como la observada en Europa".

En su informe, además, analizan la efectividad de las cuarentenas localizadas o "dinámicas" a partir del estudio Effectiveness of Localized Lockdowns in the SARS-CoV-2 Pandemic, que concluye de su baja efectividad para el control de la pandemia en el país, planteando en resumen que "en áreas con alta interdependencia, como el Gran Santiago y probablemente en conurbaciones como el Gran Valparaíso o el Gran Concepción, cuanto mayor sea la proporción de comunas vecinas en cuarentena, mayor será la eficacia para controlar la transmisión del virus."
Es decir, cuarentenas totales y estrictas serían necesarias para controlar la transmisión del virus, pues en las zonas conurbadas hay constantes escapes de una comuna a otra -en el caso del Gran Concepción para ir al trabajo, a otro supermercado, al campo, a la playa-. Algo obvio, de sentido común.

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Sin embargo, tampoco debiese ser un modelo a imitar la cuarentena total de los hermanos argentinos. Allende los Andes se ha vivido una de las cuarentenas más estrictas y largas del mundo, pero a la "latinoamericana", es decir, con altísimos índices de movilidad y poco respeto de las normas sanitarias, lo que ha desembocado también en un ostensible aumento de contagios y fallecidos por la Covid.

Lo que sí es imitable de nuestros vecinos son normativas de otra naturaleza política que parecen extrañas al mundo neoliberal de nuestras élites, pero necesarias en un nuevo Chile. Frente a las aberraciones como la "ley de protección al empleo" mediante la cual el Gobierno permitió a los empresarios desentenderse de sus trabajadores en la pandemia, haciéndolos vivir de su seguro de cesantía individual, Argentina cuenta con una normativa que prohíbe los despidos en tiempos de pandemia. Asimismo, imitando al hermano pueblo peruano que pudo retirar su dinero de las AFP, las chilenas y chilenos pudimos también hacer retiro de nuestros fondos de pensión, frente al completo abandono por parte del Estado chileno a los trabajadores y trabajadoras que vieron mermados o perdidos sus ingresos o salarios. Así también, debiéramos copiar el modelo uruguayo de inversión pública, que ha destinado durante los últimos 10 años un 20% del PIB en su sistema de salud. Cabe señalar que Chile gasta aproximadamente un 8% del PIB en salud y sólo cerca del 4% llega a recintos públicos, el resto va al sector privado, sin dejar de considerar que gran parte de las chilenas y chilenos debemos poner de nuestro propio bolsillo a la hora de nuestra atención. Negocio redondo: la aritmética del saqueo.

Un escenario de 2021 con una pandemia desatada, fuera de control, es algo bastante probable. Para controlarla se necesitan medidas sanitarias adecuadas y extremas, pero no absurdas, como el toque de queda aún más temprano, que ha fomentado las aglomeraciones en las calles y el transporte público. Una situación dramática que viven hace meses los habitantes del Gran Concepción.

Por otra parte, cabe preguntarse por una relación virtuosa entre restringir las libertades de movimiento y el fortalecimiento de la salud pública. Ambas estrategias se pueden complementar y potenciar, no obstante la primera ha sido utilizada a discreción por un gobierno autoritario como el de Piñera a partir del Estallido Social, contribuyendo a agravar aún más la situación, en vez de hacer más sobrellevable la catástrofe sanitaria. Para nadie es un misterio la utilización de la pandemia con fines políticos, lo que no debe hacernos pensar tampoco que el virus no existe o que representa poco peligro.

No es posible, por tanto, proyectar un 2021 sin una renta básica universal y suficiente para el pueblo chileno que le permita afrontar una pandemia que se ha llevado más de 21 mil personas. El Ingreso Familiar de Emergencia, esa mezquina política pública del gobierno de Piñera, debe ser un ingreso permanente y cercano a los 500 mil pesos para aquellas personas que están desempleadas o no tienen ingresos debido a la pandemia.

En medio de una crisis económica que ha hecho descender el crecimiento económico del país, debemos prepararnos para enfrentar el debate de un impuesto a las grandes fortunas. Así como los trasandinos aprobaron hace unos días el impuesto a los súper ricos, Chile debe enfrentarse a esta ineludible tarea que podría significar, al fin, un gravamen fiscal a los eternos beneficiados y a la vez, una base para una política de emergencia sanitaria para quienes han sido más afectados por la pandemia y el vírico sistema neoliberal.

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