Una situación irregular se evidenció en los colegios de Quilpué Gea N°2 y Saint Lawrence con el despido y suspensión de contrato a cinco docentes y 35 asistentes de la educación. En el primer caso se acogió la ley de «Protección al Empleo», y el segundo establecimiento invocó el Código del Trabajo (Articulo 161) en su causal de necesidades de la empresa. En medio de la crisis sanitaria y social que ya muestra sus efectos, estos hechos vendrían a marcar un grave precedente en el sector educativo configurando un escenario de cesantía y prácticas irregulares que lanzan hacia la incertidumbre a toda una comunidad.

Por Valentina Luza

En el caso del primer colegio GEA N*2 constó de la suspensión específica de contrato a cinco docentes y 35 asistentes de la educación justificándose en el no pago de la colegiatura, por el cual no se podían sostener los sueldos. Sin embargo, desde los dirigentes apuntan hacia la Ley de subvenciones que estaría siendo entregada como si existiera una asistencia completa por parte de los alumnos, con fondos destinados al pago de Docentes y Asistentes de la Educación, tal como la fija la normativa legal. A su vez, ésta también se invoca cuando las empresas están con pérdida o riesgo de funcionamiento, lo cual dista de la realidad al seguir en modalidades online.

En el segundo caso del colegio Saint Lawrence se procedió al despido de asistentes de la educación acogiéndose al Código del Trabajo (Articulo 161) que contempla necesidades de la empresa. Ahora bien, el sello de necesidad de la empresa se debe comprobar que después no existirá tal, y en vuelta de clases presenciales se volverá a requerir de asistentes de la educación.

En esta misma línea, el argumento por parte de la sostenedora es que existe una nueva "reestructuración y racionalización de recursos de las Subvenciones Escolares" para enfrentar la pandemia. Sin embargo, desde las dirigencias desmienten esta situación "Este colegio no tiene copago, se financia íntegramente por la subvención del Estado, no están teniendo perdidas respecto a ingresos que se pudiese justificar. El año escolar está en curso, por lo tanto, los presupuestos de los colegios están fijados desde principio de año" evidenciando la irregularidad de la situación.

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En tanto, la solicitud de los empleadores fue acogida por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) un hecho que sorprende, puesto que no se han trasparentados los motivos de esta decisión. Esta entidad junto la Dirección del Trabajo, están siendo interpeladas ante su complicidad en un grave precedente que puede desembocar en la repetición de la medida al existir un visto bueno por parte de la institucionalidad.

Las Federaciones en conjunto a dirigentes del Colegio de profesores, están solicitando el pronunciamiento del Ministro Raúl Figueroa para que aclare que los colegios están en funcionamiento por lo tanto no se justificaría ningún recorte presupuestal, ni tampoco acogerse a la Ley de Protección al Empleo. Si bien están suspendidas las clases presenciales, se está manteniendo en funcionamiento de los colegios de forma remota. Además de recordar que cuando el Ministerio de Educación comunicó las medidas, aseguro que ante la Ley de Subvenciones el sector educativo estaría asegurado con los fondos, una discordancia que ahora produce malestar en los docentes.

"Necesitamos que el Ministerio de una señal clara para que otros sostenedores no aprovechen este precedente para instalar la cesantía en los trabajadores y trabajadoras de la educación. Cuando ya sabemos que, a nivel nacional, está la situación bastante critica. Nosotros seguimos funcionando con todas las dificultades y precariedad, tratando de entregar las herramientas de educación. Si debilitan un eslabón, están debilitando el resguardo al derecho a la educación de todos" soslaya la dirigenta de Federación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la educación, Alejandra Lizana.

Desde parte de la comunidad, el primer llamado es a denunciar este tipo de medidas, junto con alertar y organizar a todos los trabajadores de la educación. A su vez, se interpela la urgente necesidad de una revocación de la decisión, aclaración por parte del gobierno y el Mineduc que rectifique el impedimento de suspensiones y despidos en contexto de pandemia. Ante el miedo de la incipiente crisis laboral que azota a gran parte del país, está la posibilidad de que los efectos lleguen también al sector educativo, dejando a más trabajadores en la incertidumbre y hambruna.