Tras el castigo ordenado por Gendarmería, que implicó el traslado de seis presos políticos mapuche de Angol, desde su defensa han hecho hincapié en la vulneración de acuerdos internacionales en materia de Derechos Humanos y en la presunta ilegalidad del procedimiento, que no incluyó la notificación ni a sus abogados ni familia, situación que motivó la acción judicial.

Por Juan Contreras Jara

Un recurso de amparo presentó la defensa de los presos políticos mapuche que el pasado 7 de mayo fueron trasladados desde la cárcel de Angol, según indican, de forma «ilegal» a penales en Rancagua, Concepción y Puerto Montt. Lo anterior, luego de los incidentes entre los gendarmes y comuneros, quienes resultaron heridos tras ser atacados con perdigones. 

«Aquí hay una decisión arbitraria e ilegal en cuanto al actuar de Gendarmería, principalmente en el modo que se dio este traslado: clandestinamente, sin notificar a la defensa, sin informar al tribunal y sin cumplir con requisitos de bases, que es que el tribunal debe autorizar el traslado previo informe técnico», explicó el abogado Rodrigo Pizarro sobre el recurso de amparo.

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La acción judicial surge de los hechos ocurridos el pasado 7 de junio, día que correspondía la visita de las familias y comunidades mapuche en resistencia de la provincia de Malleco a la cárcel de Angol. Es tras la negativa de dicha visita, sin previo aviso, que se generaron los hechos de violencia que terminaron con comuneros heridos de diversa consideración, uno de ellos con perdigones en la cara. Los funcionarios acusaron un supuesto intento de secuestro, lo que gatilló el traslado de seis de los 17 presos políticos, sin notificar al tribunal ni a la defensa.

Es en este contexto que se gesta el recurso presentado en favor de los presos políticos, amparado en la vulneración de las garantías «del artículo 19, N° 7 de la Constitución, del Convenio 169 de la OIT (Art. 8,9 y 10)». 

La acción judicial persigue la devolución de los seis comuneros repartidos en penales que quedan a cientos de kilómetros de sus familias hasta Angol, específicamente al módulo F, de presos políticos mapuche. Esto, debido «al desarraigo familiar, comunitario y social respecto de estos traslados. También solicitamos informes para ver las condiciones de privación de libertad en estos otros centros de cumplimiento penitenciario, los que no tienen los espacios para desenvolverse en la cultura mapuche», concluyó Pizarro.