Durante la mañana de este lunes, se desarrolla en el ex Congreso de la República, uno de los eventos de mayor impacto democrático de la historia post dictatorial chilena; la entrega de una propuesta de nueva Constitución. El documento, redactado y discutido durante un año, fue entregado esta jornada al presidente Gabriel Boric y será votado en un plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, generando así la posibilidad real de dejar atrás la carta magna de Pinochet, escrita durante una dictadura cívico militar.

Por Macarena Montes

El pasado 28 de junio, la Convención Constitucional celebró la última votación del pleno, donde fueron aprobadas la mayoría de las normas de la Comisión de Armonización, a través de su sesión N°110, luego de casi un año de discusión democrática, diametralmente distinto al proceso constitucional de 1980, realizado en dictadura, en medio de sistemáticas violaciones a los Derechos Humanos.

A través de la redacción de 388 artículos, discutidos de forma democrática, la Convención Constitucional viene a entregar un texto armonizado y finalizado a Boric, que cuenta con una serie de mejoras o avances en materia medioambiental, de educación, de derechos sexuales y reproductivos, de trato y reconocimiento a los pueblos originarios, entre otros.

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Si bien las críticas al nuevo texto constitucional podrían apuntar y con razón, a la limitación en distintos aspectos como seguridad social, soberanía estatal sobre la explotación de recursos como el cobre, entre otros, esta nueva propuesta es la única que contó con la participación efectiva de mujeres, pueblos originarios y disidencias sexuales.

Las cartas magnas que anteceden a esta propuesta de Nueva Constitución fueron escritas a puertas cerradas y principalmente por hombres pertenecientes a las elites económicas y políticas de Chile, muestra de ello fue la redacción de la primera carta magna de nuestro país, promulgada en 1818. 

La propuesta de Nueva carta magna no solo es la primera de corte paritario del mundo, sino que es el resultado de un proceso de alzamiento popular sin precedentes en la historia de nuestro país. Porque el verdadero poder constituyente inició en las calles, incluso antes del 18 de octubre de 2019.

Lo anterior debe servir como antecedente al Gobierno, para avanzar en la liberación y cese de persecución política que hoy pesa contra quienes propiciaron, desde la protesta social, la posibilidad de estar ante la entrega de una Nueva Constitución, dejando atrás el lastre pinochetista de una carta fundamental escrita mientras se violaban sistemáticamente los Derechos Humanos de la población.