El pasado jueves se anunció la pregunta y la fecha del referedún catalán, mostrando una fotografía de un amplio acuerdo parlamentario y social. Con el respaldo de cerca del 70% del Parlament, la fórmula escogida muestra un claro movimiento posibilista que permite aunar fuerzas en torno a la pregunta, ya que en ella se sitúan sectores soberanistas, independentistas declarados, federalistas o confederalistas.

Se presenta una pregunta clara y explícita, y se da un margen de tiempo adecuado para ir solucionando las cuestiones técnicas de la consulta.

El llamamiento a la negociación se ha encontrado con el rechazo de las principales fuerzas políticas del estado español, que no quieren permitir que la sociedad catalana ejerza su derecho a decidir, mostrando a Europa y al mundo unas posturas que reflejan un evidente déficit democrático.

A partir de aquí, todo parece indicar que desde las fuerzas convocantes sólo se contempla un escenario, la realización de la consulta en los términos pactados por la importante mayoría parlamentaria. Es decir, y haciendo un juego de palabras, se celebrará sí o sí Y para ello se han comenzado a desarrollar múltiples iniciativas: Comenzando por una proposición de ley en el Parlament que se aprobará en breve para enviarla al Congreso con la petición que se transfieran las competencias de referendums en base al artículo 150.2 de la constitución española. En principio lo activa el Parlament pero si la Mesa lo bloquea los grupos catalanes del Congreso español lo activaran con su derecho a iniciativa legislativa. La previsión es que el Congreso lo tumbe.

A nivel internacional, desde hace un tiempo se ha creado un grupo de trabajo para analizar otras experiencias similares. Así, hay una comisión de estudio en Suiza analizando sistemas de consulta populares para la articulación de la consulta catalana, y también se ha visitado Quebec y Escocia, para conocer en profundidad algunos aspectos de los referendums allí convocados.

También se está recopilando un censo electoral propio desde el Govern, al margen del que controla el Estado, para tener autonomía a la hora de celebrar la consulta. Paralelamente se está tramitando la Ley de Consultas que daría amparo a la consulta desde la legalidad catalana eb caso de que la legalidad española no lo permita. Hay un debate sobre si conviene aprobarla en el primer trimestre para que estado español la impugne y bloquee en el Tribunal Constitucional y abrir así lo más pronto posible la confrontación democrática con el estado español o aprobarla en la última fase y no dejar demasiado tiempo de reacción al estado antes del 9 de noviembre. En todo este proceso se prevee mantener la unidad del bloque soberanista (87disputados de 135) y que se sumen algunos díscolos del PSC (90 parlamentarios son dos terceras partes, mayoría cualificada constituyente).

Por otro lado, se intentará acelerar algunas estructuras de estado estratégicas para el momento de la consulta, especialmente la Agencia Tributaria propia, así como un importante despliegue de la diplomacia a nivel internacional.

Los próximos acontecimientos que marcarán ese escenario catalán están a la vuelta de la esquina y en ocasiones dan margen a la especulación. El primero y más próximo es la aprobación de presupuestos. Ya se da por descontado que ICV y CUP no los votarán pero está pactado que esa postura no significa la ruptura del bloque del derecho a decidir. También se especula sobra la probable entrada de ERC en el gobierno. Aún no se han establecido los contactos, pero es posible que a principios de año se entablen negociaciones para tener un gobierno fuerte que prepare la consulta o la confrontación. Hay quien está planteando también un gobierno de unidad nacional pero no parece que esa sea la fórmula que ICV y CUP estén barajando en estos momentos.

Hay además la incógnita en torno a la candidatura europea, que será el primer escenario electoral antes de la consulta. CDC quiere acuerdo nacional con ERC porque en las encuesta el partido republicano arrasa. Pero los socios de Uniò no lo quiere y ERC tiene otras vías de negociación abiertas también en estos momentos. Por su parte, desde la CUP no se ve claro un frente electoral con ERC si ésta entra finalmente en el gobierno. Todavía veremos algunos movimientos más en las próximas semanas en torno a este tema.

De cara a la consulta, que es la base en que trabajan todas las fuerzas políticas mencionadas, y a la que esperan que se sumen sectores importantes del PSC, descontentos con la postura oficial que mantiene el partido, la fotografía se va aclarando.

CiU, ERC y CUP harán campaña por el doble SI (Independencia pura y dura). CUP a pesar de ser crítica con el hecho de una doble consulta, participará sin duda en el bloque claramente partidario de la independencia, ICV-EUiA se sitúa en "Si" a un estado propio inicial que seria independiente a no ser que haya una propuesta federal desde el estado español, una viabilidad remota vista la cerrazón que muestran tanto PSOE como PP. Por su parte las fuerzas como PP o Ciutadans rechazan la mera celebración de la consulta popular y se agarran a su "ilegalidad" para no participar, conscientes tal vez del sopapo electoral que recibirá su postura y que se reflejará en las urnas de manera democrática.

En cuanto al PSC, hay muchos indicios que apuntan que camina hacia su ruptura interna, con una parte que se iría hacia los sectores de ICV y los soberanistas y otra parte que se aliará con el unionismo y con Madrid.

Los escenarios de colapso también están presentes en esta nueva etapa que se ya se ha abierto. Si se bloquea la consulta en el Constitucional, y seguramente se añada la amenaza y extorsión con el cierre de transferencias de presupuestos, se abre definitivamente el escenario de confrontación democrática.

En ese sentido, se abrirá una vía de tensionamiento democrático con movimientos de insumisión y gran movilización ciudadana de cara a la próxima Diada.

Y sería muy probable que todo desembocara en unas elecciones parlamentarias avanzadas de corte plebiscitario con un punto común de declaración de independencia, que podría ser en el propio 2014 o en 2015 con las municipales.

La única forma de parar desde el estado el proceso es abrir un proceso de reforma constitucional y negociación con Catalunya que podría hacer cambiar la posición de CiU e ICV, pero a la vista de las reacciones centralistas parece difícil.

Más bien, se puede producir la suspensión de la autonomía. Y si llega el caso, hay consenso que en este caso extremo se haga frente con un gobierno de unidad esta vez sí con todas las fuerzas nacionales. Un gobierno que actuaría en insumisión a la legalidad española, que no se reconocería, ya que se considera que el hecho que la Generalitat fuera restaurada antes de la aprobación de la Constitución legitima la continuidad del Govern más allá de lo que plantee el gobierno español. Y en ese contexto, con toda probabilidad, el Parlament realizaría una declaración unilateral de independencia.

Y por otro lado, se buscaría la protección internacional en caso de medidas de fuerza y una campaña internacional por el reconocimiento de la independencia del Estado catalán.

Y a partir de ahí "cualquier cosa", nos señala un reputado periodista catalán. Pero no se puede olvidar que si CiU, parte del PSC e ICV se han sumado al proceso es porque éste emana de un fuerte movimiento popular que presiona y que ya ha cerrado filas en torno a la consulta (ACN, Ayuntamientos por la Independencia, y 'mnium han comenzado ya la campaña por el doble SI), y CCOO, UGT y la pequeña y mediana empresa presionan para que se realice la consulta. La presión de la gran patronal es fuerte pero CiU ya ha travesado el Rubicón y no podrá echar el freno si el estado español bloquea el proceso.

La imposición y la anormalidad democrática parecen que son las únicas armas con que cuenta el estado español a la hora de respetar y aplicar las normas democráticas, y sobre todo a la hora de permitir que el pueblo catalán muestre su voluntad de futuro.
Txente Rekondo. Analista Internacional