Darío Núñez / resumen.cl

Esta pandemia que invade a la humanidad y azota a nuestro país, ha dejado claro que la derecha chilena, infelizmente instalada en el gobierno, está dedicada a proteger no sólo los intereses de los empresarios y los propios, también intentan proteger a los agentes criminales que actuaron a su servicio durante la dictadura (y durante toda su existencia) y que cumplen condenas penales como autores de delitos de lesa humanidad.

Las decenas de agentes criminales que permanecen presos en penales de Alta Seguridad y en penales de lujo como Punta Peuco, son los que menos peligro corren de sufrir contagio del coronavirus covid19, precisamente porque esos recintos penitenciarios cuentan con condiciones óptimas de espacio y de sanidad para no estar ante situaciones extremas, como ocurre en la casi totalidad de los otros recintos carcelarios y penitenciarios del país.

Sin embargo, aduciendo que los criminales condenados corren serio peligro de contagio, un grupo de senadores de derecha introdujo anoche un recurso ante el Tribunal Constitucional para exigir que los condenados por estos delitos que sean mayores de 70 años puedan cumplir la condena en sus domicilios. Es decir, por simple matemática etaria, la casi totalidad de estos criminales debieran ser beneficiados con impunidad, o libertad domiciliaria, o remisión, o el resquicio que quieran ponerle amparados en las medidas preventivas que el país está tomando respecto del corona virus.

La iniciativa leguleya fue presentada ante el inefable Tribunal Constitucional, el instrumento dictatorial que utiliza la derecha cada vez que quiere imponer sus arbitrios, cada vez que quiere impedir que algo que afecte sus intereses se concrete, cada vez que quiere salvaguardar sus dominios, recurre a este organismo que, dada su composición, le da a la derecha y los fachos las garantías de salirse con la suya. Este tipo de institucionalidad y esta forma de imponer los atropellos es otra de los fundamentos que amerita y exige terminar de una buena vez con la constitución dictatorial para poner término a estas injusticias.

Los patrocinadores de esta repugnante iniciativa son los senadores de la derecha UDI (Jacqueline van Ryselberghe, Ena von Baer, Juan Coloma, Alejandro García, Víctor Pérez), de la derecha RN (Francisco Chahuán, Rodrigo Galilea, José García y Juan Castro) y de la derecha independiente (Kenneth Pugh y Carmen Aravena). El libelo es una homilía de 29 páginas ingresada en horas de la noche del martes al TC por el abogado defensor de criminales Maximiliano Murath, asiduo recurrente ante este aparato legal donde acude para dilatar juicios y ejercer una permanente labor "legal" de obstrucción a la justicia.

Los beneficiarios de este recurso interpuesto por la derecha ante el TC busca favorecer a asesinos como Miguel Krasnoff Marchenko, Pedro Espinoza Bravo, Raúl Iturriaga Newman, Ricardo Lawrence Mires, Fernando Torres Silva, Carlos López Tapia, entre otros de los principales jerarcas y ejecutores criminales integrantes de los aparatos represivos de la dictadura.