Darío Nuñez / resumen.cl

Desde hace unos meses viene desarrollándose una sórdida campaña por imponer más beneficios y favores para los criminales condenados por delitos de lesa humanidad. Esta campaña ha sido sostenida por medios de prensa empresariales y, cuando no, por los infaltables políticos al servicio de los poderes fácticos.

Un nuevo paso en esta campaña lo dio el diario El Mercurio en la edición del pasado domingo 7 de agosto. El mencionado medio, bajo la forma de inserto, publicó un injerto propio de su vena ideológica expresada en una absurda carta de familiares de criminales integrantes de los aparatos represivos de la dictadura militar, algunos de los cuales se encuentran cumpliendo condenas, otros procesados, otros inculpados, por delitos de lesa humanidad cometidos durante el período de imperio del terror dictatorial.

La absurda carta mercurial va dirigida, por supuesto, a la presidenta Bachelet y sus aliados en la clase política chilena, pidiendo con total descaro que apliquen impunidad para sus parientes involucrados en la comisión de delitos de derechos humanos. Al manoseado y falaz discurso de no seguir pegados en asuntos que pasaron hace más de 40 años, se suma ahora el ominoso argumento esgrimido por Cheyre y copiado por la carta mercurial de que todos eran jóvenes oficiales y suboficiales, meros subalternos sirvientes de la patria que han debido soportar procesos de larga duración. Agregan además, el argumento insidioso de que sus parientes están enfermos y ancianos y por ello debieran ser beneficiados con garantías de impunidad.

Es una desvergüenza. Esos mismos individuos, ahora enfermos o no, ahora ancianos o no, no trepidaron en vulnerar los derechos y la vida de seres humanos de todas las edades, de todos los géneros, de todas las condiciones. Hombres y mujeres ya mayores, niños y niñas de todas las edades de la infancia, hombre y mujeres jóvenes y adultos, hombres y mujeres lisiados o enfermos, fueron por igual vejados, torturados, asesinados, hechos desaparecer, por esos individuos que ahora pretenden inspirar lástima y claman compasión recurriendo a aquellos que se han preocupado de comprar o tener bajo su dominio, sea por medios de la corrupción o por medio de la complicidad ideológica. Esos mismos individuos criminales, en los casos en que han sido inculpados en alguna causa de delitos de derechos humanos, han tenido derecho a un juicio justo y acceso a defensa legal, y en los casos en que han sido condenados han gozado de condiciones de privilegio; condiciones de privilegio que incluyen el hecho de que el Estado y sus instituciones de origen les han conservado sus prebendas y grados y hasta financiado sus defensas (a través de mecanismos de cooperación "voluntaria" de los actuales integrantes de esas instituciones). Esos mismos individuos criminales no han tenido nunca la voluntad de tener gestos humanitarios con los familiares de la víctimas, revelando la verdad de sus asesinatos, revelando la verdad de que hicieron con los cuerpos de los ejecutados, revelando la verdad que permita a las familias víctimas cerrar la herida abierta por la pérdida del ser querido, prolongada por la desaparición, perpetuada por la falta de una justicia, digna de llamarse como tal. Nunca un gesto de cooperar con las causas judiciales, nunca un ánimo de aclarar las cosas, nunca un ánimo de asumir sus responsabilidades; por el contrario, los individuos que pertenecieron a los aparatos represivos de la dictadura (y luego de ella, siguieron "sirviendo" en los aparatos de inteligencia de las diversas ramas de las fuerzas armadas y policiales, algunos hasta llegar a las más altas investiduras) han desarrollado una continua actitud de obstrucción a la justicia. Peor aún, no solo los individuos, sino que las instituciones de las fuerzas armas y policiales, no han tenido tampoco la disposición y voluntad de cooperar con el esclarecimiento de la verdad y el establecimiento de la justicia; se han dedicado a brindar protección de todo tipo a los criminales, a mantener las prebendas y privilegios, a obstruir sistemática y reiteradamente la labor de la justicia, a negar toda información que se les solicita y que por simple imperio de la ley debieran entregar a tribunales o a la ciudadanía; pero, por el contrario, y tal vez por sentirse dueños de un poder omnímodo, sólo mediante la obligación impuesta por resoluciones de tribunales superiores se han visto obligados a entregar alguna información. Las mentadas mesas de diálogo, informes y mesas de expertos, no han sido más que distracciones y métodos disimulados de perdurar en una práctica de encubrimiento y protección.

Desvergüenza, además, porque sus insensibles parientes, en los pocos casos en que han debido pagar con prisión por sus responsabilidades en los delitos cometidos, han gozado de condiciones y situaciones de privilegio carcelarias que no tiene ningún reo en el resto de los penales del país. Recién hace unos años se puso término al Penal Cordillera, aquel recinto hotel de lujo de que disponían los criminales "recluidos" que ostentaban altos mandos en las hordas represivas. Aún hoy, Punta Peuco sigue siendo un resort y prebenda inadmisible y es una más de las claras influencias y complicidades que los poderes ocultos pero fácticos han logrado imponer a una descompuesta clase política. Los gobernantes, cómplices de sus propias trampas, no han tenido ni la voluntad ni la capacidad de terminar con estos privilegios.

Los medios de prensa pro dictadura, como El Mercurio, no solo fueron cómplices y encubridores de los crímenes, sino que hoy pretenden orquestar estas campañas pro impunidad de sus sirvientes aliados. Campaña de impunidad que nunca han dejado de hacer pero que en el último tiempo se ha visto incrementada recurriendo a artimañas y argumentos falaces, como siempre, amparados en la vulnerabilidad de una clase política comprada y sometida.

El discurso de que los hechos de que se trata pasaron hace más de 40 años es una falacia mercurial más. Discurso falaz porque la dictadura terminó formalmente hace 25 años, y estuvo matando, torturando y reprimiendo hasta dejar de ejercer el gobierno, pero siguieron conservando un poder y capacidad represiva que mantuvieron intacta; la dictadura y su poder siguieron cometiendo asesinatos aun después de marzo de 1991, siguieron haciendo demostraciones de fuerza, siguieron impidiendo cualquier forma de ejercer justicia contra sus agentes criminales, siguieron construyendo redes de protección y sistemas de impunidad. Redes y sistemas de impunidad que no solo se expresaron en la complicidad y pusilanimidad de los tribunales de justicia, sino también en la compra de voluntades de la clase política que empezó a forjarse como administradora fiel del modelo dictatorial y protectora por acción y omisión de los delitos de la dictadura. Esta alianza comienza con la infamia de "justicia en la medida de lo posible" instalada por el primer gobierno concertacionista de Patricio Aylwin, pasando por el salvataje grosero que hace del tirano preso en Londres el tercer gobierno concertacionista, y llevada al extremo inmundo de la corrupción mediante la venta de servicios políticos al yerno del tirano, en una verdadera actitud de prostitución política.

Por lo demás, la labor de los tribunales de justicia en materia de derechos humanos, solo dejó de ser cómplice y evasiva, cuando el tirano Pinochet cayó preso en Londres porque estaba siendo juzgado en otros países por delitos de lesa humanidad cometidos en Chile sobre ciudadanos extranjeros. La justicia de verdad, en derechos humanos, empezó a investigar, a trabajar y juzgar sólo después de este episodio londinense; y lo hizo a regañadientes y forzada, además, por las resoluciones de la Corte Interamericana de Justicia que obligó al estado chileno a dejar de escudarse en la infame ley de amnistía y en otros exabruptos dictatoriales para evadir la responsabilidad de investigar y juzgar delitos de lesa humanidad. A regañadientes, también, hace unos la Corte Suprema realizó una simbólica autocrítica; tan simbólica que desde entonces se han incrementado la aplicación de resquicios y subterfugios legales para disfrazar sus afanes y veleidades ideológicas pro impunidad; las condenas ridículamente bajas (como los innumerables casos en donde aplican condenas de 541 días con el beneficio de la libertad vigilada), el abuso del resquicio de aplicar la media prescripción para reducir el rango de condenas posibles, el otorgamiento de beneficios carcelarios que (por convenios internacionales) no se debieran aplicar a condenados por delitos de lesa humanidad. Las excepciones honrosas también existen en este mundo de justicia a la fuerza.

A toda esta trama, de un verdadero sistema estructurado para evadir la labor y la responsabilidad legal, se suma esta nueva arremetida por lograr aun más garantías y beneficios, que no son otra cosa, que tratar de obtener impunidad a toda costa. Un gobierno que ha sido incapaz de resolver las cuestiones básicas de reformas que se comprometió en su programa, que ha sido dejado al descubierto en su ineptitud e inconsecuencia, no puede prestarse para servir de puente hacia la reinstalación de la impunidad como sistema de conducta, no puede pretender conservar sus míseras posiciones de poder y construir miserables alianzas con la derecha y el conjunto de una descompuesta (y corrupta) clase política, jugando con la lucha librada durante décadas por los familiares de las víctimas, o jugando con la dignidad de las víctimas. No puede tolerarse ya tanta maniobra y descaro para favorecer a criminales. Resulta evidente que la lucha por la verdad, la justicia, la reparación moral, sigue teniendo aún un largo camino por recorrer, y solo se puede recorrer con movilización y lucha, como lo ha demostrado esta historia de más de 40 años.