Por Jaime Morales

Desde la detención del funcionario del Ejército de Chile, Marcos Díaz Ibacache, en la marcha del 8M en Santiago, producto de que fue encontrado portando un arma cortapunzante y amenazar a una manifestante, es que nuevamente surgen dudas respecto al rol que están tomando las instituciones militares en asuntos civiles. Esto se vuelve aún más problemático, puesto que el mismo Ejército de Chile, a través de un comunicado, señala que Díaz Ibacache se «encontraba efectuando labores de seguridad militar con la finalidad de anticipar posibles ataques a cuarteles ubicados en la zona».

¿Qué quiere decir aquello? En otras palabras el funcionario del Ejército se encontraba en la manifestación realizando labores de inteligencia. Es más, así lo señaló el abogado defensor de Díaz Ibacache, Gonzalo Rodríguez. Y si bien, el comunicado de la institución castrense indica que el objetivo era la defensa de sus propios inmuebles, no deja de estar alejado a la función que hasta hoy deben cumplir las instituciones de inteligencia militar en nuestro país: la vigilacia y resguardo de amenazas externas. Esto hace que, a pesar de que se argumente la defensa de su propia infraestructura, las acciones militares no pueden salir de dichos establecimientos, y mucho menos ocupar personal de inteligencia dentro de manifestaciones de carácter civil.

Sin embargo, éste operar puede ser más preocupante si consideramos que en la agenda represiva del tambaleante gobierno de Sebastián Piñera se encuentran dos proyectos que pueden permitir y facilitar aun más la injerencia militar en asuntos civiles.

El primero de ellos es el proyecto que resguarda infraestructuras críticas. Iniciativa que además de fallar en definir con claridad cuáles serían estas infraestructuras, permite el accionar militar en el establecimiento del orden público. Se trata de una suerte de «estado de emergencia de facto», más fácil de declarar, y que puede abordar casi todo el territorio si consideramos torres de alta tensión, copas de agua, etc.

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El segundo proyecto, y aun más polémico, es el de la modernización del sistema de inteligencia nacional, que también se encuentra en discusión en el Congreso. Éste permitiría, además de que la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) pueda reclutar agentes infiltrados de otras ramas de inteligencia, que estos organismos de inteligencia militares suministren a la ANI «información residual» de sus quehaceres, que involucren temas de seguridad interna.

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A raíz de lo acontecido en la marcha del 8M en Santiago ¿Cuánta de esa «información residual» será realmente residual? A la vista de que ya se encuentran agentes militares infiltrados en manifestaciones de carácter civil, por lo que se podrían encontrar ya recabando información propia la cual pueda ser traspasada a otras entidades como la ANI. Es parte de una duda razonable, a partir de los hechos recientemente ocurridos, que darle mayores atribuciones y facultades a las instituciones de inteligencia militar puede ser un enorme error si se mira desde el punto de vista del estado de derecho y las libertades civiles, puesto que todo indica que incluso siendo limitadas, ya están excediendo sus atribuciones, mediante la excusa de defender su propia infraestructura. ¿Qué pasará cuando esas mismas instituciones militares deban resguardar infraestructura crítica, utilizarán sus aparatos de inteligencia para recabar información bajo la excusa del cumplimiento de dicho mandato? ¿Cuán residual será la «información residual», que de ser aprobada en el Congreso la reforma a la inteligencia, entregará la inteligencia militar a la ANI?

Algo es claro, a raíz de nuestra historia reciente, los militares en Chile no deben volver a involucrarse en asuntos internos y civiles, y menos con sus agencias de inteligencia.