Luego de una semana de intensa movilización ciudadana y tras un acuerdo con el gobierno se dio por finalizada la crisis por el gas en Magallanes.
La movilización social, liderada por la Asamblea Ciudadana, que incluyó la paralización total de actividades, bloqueo de carreteras y accesos (puertos, aeropuertos, pasos fronterizos), barricadas y diversas manifestaciones callejeras, logró poner en jaque a las autoridades locales e hicieron entrar en histeria a las autoridades del gobierno central.
Culminada la crisis y establecidos los compromisos, los medios empresariales de comunicación se lanzaron en un desaforado intento por hacernos creer que la solución del conflicto era un gran triunfo del gobierno piñerista. Parecía que los gobernantes habían conseguido lo que se proponían. Pero la realidad distaba bastante de los afanes triunfalistas de esos medios expertos en mentir y engañar.
Lo cierto es que la ciudadanía magallánica logró frenar las ínfulas privatizadoras del gobierno de Piñera y sus gerentes. El primer paso del gobierno buscaba crear condiciones para profundizar el proceso privatizador de ENAP; ese era el fin de subir el precio del gas en un 16,8 % y el cambio en las reglas de los subsidios por consumo a que los magallánicos tenían acceso. Ese primer paso del gobierno terminó en un fracaso digno de tener en cuenta.
Veamos. El acuerdo final señala: fijar un alza de un 3% del precio del gas, en base al IPC del 2010, a partir del 1 de febrero próximo; las 18.000 familias más necesitadas recibirán una compensación por esta alza durante todo el 2011; otras 15.000 familias recibirán compensaciones de hasta un 3% durante 8 meses; los 3000 subsidios que se otorgaban por consumo a los sectores más vulnerables verán aumentado su monto de $105.000 a $ 108.000; se establecerá una mesa de trabajo entre el gobierno y la comunidad local para discutir propuestas de un nuevo sistema de regulación tarifaria del gas en la zona austral. Estas propuestas deben dar paso a un proyecto de ley que el gobierno llevará al parlamento con carácter de urgencia para que sea aprobado por el congreso antes del 30 de septiembre. Si no hay ley al 1 de octubre de 2011, regirá el alza del 16,8% fijado con anterioridad por el ejecutivo.
La Asamblea Ciudadana que se constituyó en Punta Arenas y Magallanes para enfrentar el conflicto se mantuvo firme en sus posiciones. El gobierno inventó a Golborne como biministro e investido como Ministro de Energía fue enviado a la zona austral a solucionar la crisis. Junto con esta medida de marketing político, a través del Ministro Hinzpeter, anunció el incremento de la actividad represiva contra los manifestantes y la aplicación de la ley de seguridad interior del estado contra los líderes de la movilización magallánica. ¡Vaya novedad! Cualquier disidencia se reprime y castiga: ese es el concepto de libertad y democracia que tienen nuestros gobernantes.
No bastó con la presencia del niño mimado del gobierno ni las amenazas de Hinzpeter y Ubilla para aplacar a los alzados del sur. El gobierno tuvo que echar pié atrás en sus pretensiones y ceder a la presión y decisión de las masas magallánicas.
Más allá de ciertos detalles técnicos de las compensaciones y subsidios, los gerentes de palacio debieron conformarse con aceptar un alza de precios de un 3 % del precio del gas, que más que nada sirve para mantener las apariencias de que se hace la voluntad de los gobernantes. Del 16,8% al 3% parece que hay una gran diferencia. Y esa diferencia es a favor de los magallánicos, decir lo contrario es show o mentira.
El gobierno se vio obligado a enviar al congreso sus propuestas alcistas y privatizadoras respecto de ENAP y probar vía parlamento imponer los cambios para Magallanes. De la decisión de imponer a rajatabla la voluntad empresarial gobernante a tener que ir al parlamento a discutir y negociar, parece que hay una gran diferencia. Y esa diferencia es también a favor de los magallánicos, pero sobre todo mérito de los magallánicos.
Ahora viene lo más difícil. Es cierto que el gobierno perdió en esta pasada pero eso no significa que haya dejado de lado sus propósitos. Tan solo deberá seguir otro camino para tratar de imponer sus fines empresariales. En el último punto del acuerdo (ese que dice que si no hay ley al 1 de octubre) está la trampita porque ahí se encierra el lobby y el chantaje.
En el parlamento el gobierno de los gerentes jugará sus cartas y ahí confía en el contubernio político con los parlamentarios concertacionistas, que de oposición tienen bien poco y de popular nada, para lograr su fin. La derecha confía en que la convivencia y concomitancia de la concertación con el empresariado, el llamado lobby, será terreno suficiente para conseguir torcer la voluntad de los magallánicos. Y si eso no resulta suficiente, ejercerán el rol de chantajear a los parlamentarios para que aprueben cualquier bazofia de ley empresarial con la excusa de que, si no lo hacen, los magallánicos serán los perjudicados. Ese método y ese discurso ya lo hemos visto y sufrido un montón de veces, la última fue cuando la imposición del mísero reajuste a los empleados fiscales.
Viene lo más difícil no solo para los magallánicos porque lo que ocurra con los ciudadanos australes no está ajeno a la suerte del resto de los chilenos, sobre todo de los chilenos trabajadores y pobres. Lo que ocurra en la mesa de trabajo y estudio de propuestas dependerá de la representatividad real que tengan los sectores más afectados e interesados en una solución justa. Hasta ahora, los miembros de la Asamblea Ciudadana han dado muestras de independencia y coherencia en sus posiciones; confiemos en que seguirán en esa senda.
Lo que ocurra luego en el parlamento no depende solo de los magallánicos, depende también del resto de las organizaciones sociales y gremiales del país para que hagan suya esta causa de los sureños porque en realidad afecta la vida, directa y futura, de todos nosotros. Debemos estar atentos y vigilantes del rol que los parlamentarios de oposición deben jugar en esta cuestión. Alguna vez que estén del lado del pueblo no sería nada malo. Pero esta conducta hay que exigirla, no solo por el derecho que tienen los magallánicos a una calidad y costo de la vida dignos de poder sobrellevar, sino que todos los chilenos.
Lo más importante de todo esto es que los magallánicos nos han dado una gran lección. La unidad de fuerzas, la claridad de objetivos, la firmeza de las acciones, fueron la herramienta que permitió revertir una historia que ya parecía cocinada a fuego lento por la estrategia gobernante. Cuando esos factores se conjugan, como en este caso, queda demostrado que la prepotencia, el despotismo y el abuso pueden ser derrotados por las masas que lo sufren.
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