Chile hoy inmerso en una crisis política, económica, social y sanitaria de letras mayúsculas y próximo a una de las votaciones más importantes de nuestra historia contemporánea, la elección de constituyentes, que pretende cambiar lo hasta ahora consolidado por un Estado neoliberal y subsidiario, nos lleva a reflexionar cómo se llegó a lo que estamos viviendo y el inmenso desafío y responsabilidad que tenemos como sociedad chilena para crear nuestra propia historia descolonizada desde nuestras mentes.

Por Patricia Fuentes Pacheco

En mayo de 2020 mundialmente se informaba la situación que vivían miles de seres humanos carenciados en satisfacer las necesidades mínimas para no morir de hambre por falta de recursos económicos y ayudas directas monetarias que complementaran las restricciones y cuarentenas impulsadas por un gobierno oligárquico y elitista.

Las llamadas protestas del hambre que caracterizaban una población que prefería morir de Covid-19 a morir por falta de alimentos. Visibilizando el desinterés y desconexión de las élites políticas y económicas con el vulgo, esa muchedumbre compuesta por rotos, bandoleros y delincuentes invisibilizados por el 20% de ese otro Chile de las comunas más ricas del país concentradas en la zona oriente de la Región Metropolitana que administra y gestiona focalizando los excedentes  de las riquezas del país.

Entendidas estas como los factores productivos (capital, tierra y fuerza laboral), esa misma fuerza laboral desvalorada que clamaba a un gobierno ciego, sordo y mudo encabezado por Sebastián Piñera Echeñique ayuda directa de recursos económicos para alcanzar los mínimos necesarios de subsistencia alimentaria, los mismos que se negaba a entregar de manera concreta, real y suficiente a una población que pedía ayuda al igual que hoy.

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Para todos es sabido que la pandemia ha sido costeada a través del ahorro forzoso del sistema de capitalización individual a través de tres reformas constitucionales siendo esta última una de las más exasperantes para la población producto de la tozudez del gobierno al solicitar al Tribunal Constitucional (TC) fallar el proyecto aprobado mayoritariamente por el parlamento, sin embargo, el TC rechazó acoger a trámite tal requerimiento por siete votos contra tres.

De esta forma, según información de Ciedess son 5.587.654[1] las personas que han solicitado a sus respectivas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) sus recursos capitalizados para salvar su situación actual y sobre dos millones novecientas mil sus fondos individuales presentan saldo cero, es decir, una vez más el gobierno deja en la indefensión a las y los trabajadores. Independientemente que a mayo del corriente se haga entrega de un bono por $200.000 a ese universo que será abonado a las cuentas individuales con saldo cero y también actuará como complemento para aquellos saldos inferiores a dicho monto (Ley 21.248, 31-03-2021).

Se podrá pensar que al menos una proporción de las y los trabajadores recibirán este bono a cargo del fisco, pero nada se ha dicho hasta ahora de los problemas de inserción laboral, informalidad laboral, formas contractuales, discriminación de género-salarial y de la creación de empleos, que es sabido ante crisis de esta envergadura la difícil recuperación de alcanzar las tasas anteriores o pleno empleo.

Cabe destacar que la Encuesta de Caracterización Socioeconómica CASEN 2020 fija el valor de la línea de la pobreza (LP) y la línea de la pobreza extrema (LPE) según el número de integrantes por hogar de acuerdo al siguiente cuadro a mayo 2020[2]:

Y por otra parte, el salario mínimo fijado por ley para idéntico período ascendió a $320.500 pesos mensuales sin considerar los descuentos previsionales (salud y pensión)[3]. Entonces, podemos decir que la fijación salarial carece del principio de suficiencia al observar que para un hogar promedio de cuatro integrantes los ingresos necesarios de subsistencia ascienden a $450.449 líquidos mensuales.

Que sumado la crisis sanitaria los indicadores estadísticos emitidos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) a través de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), presentan para el trimestre móvil Mayo-Junio-Julio 2019-2020 regresiones cuya consecuencia afecta la sociedad y la clase trabajadora que se ha visto obligada a transgredir cuarentenas sanitarias para suplir sus necesidades básicas y esenciales alimenticias, como lo muestra el cuadro 2[4]:

Es notable la caída de dichos indicadores que nos demuestra la insuficiencia de las ayudas focalizadas entregadas por el Estado evidenciando la desprotección de las y los trabajadores desocupados como porcentaje de la fuerza laboral entendida esta como toda persona en edad de trabajar (15 años y más).

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Frente a esta cuestión social cabe preguntarnos qué han realizado los gobiernos postdictatoriales para haberlo evitado o cómo influyen las élites políticas y económicas sobre un Estado de corte subsidiario que afecta la desvalorización de la fuerza laboral chilena.

Pues bien, entenderemos que todo gobierno necesita de la instauración de una institucionalidad normativa que le permita desarrollar sus ideologías y sus formas de vida y cultura como base para la construcción de una sociedad, que para el caso, la superestructura instaurada desde el golpe de Estado de 1973 caracteriza a un país y sociedad capitalista-rentista orientada  a atraer inversión extranjera y con un fuerte control de los grupos económicos oligárquicos.

Que establece una suerte de un modelo económico exitoso con altas tasas de crecimiento del producto interno bruto siendo eufemísticamente llamados Los Jaguares de América Latina, al cual nuestros vecinos debían admirar y seguir sus pragmáticas y paradigmáticas recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, o mejor dicho, las políticas monetaristas de Milton Friedman.

Modelo que se implanta hace casi cuarenta y ocho años fortaleciendo sus raíces y consolidándose en la década de los noventa y siguientes a la que llamaremos "eclipsamiento de los políticos y la política chilena", conformando la base del modelo de desarrollo neoliberal,  que expone al país a la volatilidad de los mercados internacionales y los precios de sus principales riquezas: los recursos naturales y la fuerza de trabajo.

La sociedad chilena y las y los trabajadores han entendido a través del paso del tiempo los vínculos y connivencia entre la política económica, los agentes políticos, las élites dominantes, la economía y los grupos de poder económico que ejercen presión a través de esta superestructura manifestada en el mercado laboral con políticas salariales que desvaloran la fuerza de trabajo y una persistencia en las tasas de desocupación, creación de empleos frágiles, formas contractuales que precarizan el empleo, como el tiempo parcial, y la brecha salarial de género, que más allá de la odiosa diferencia salarial y de condiciones de empleo entre hombre y mujer, muestra la relación entre desigualdad y las formas de explotación de la fuerza laboral funcional a la  forma empleada por el capitalismo para la producción y reproducción social y que, en términos generales,  utiliza la precariedad laboral de la fuerza de trabajo convertida en mercancía para su acumulación.

El mecanismo empleado para la conformación y explicación de una fuerza laboral precarizada con bajos salarios que llamaremos "pobreza laboral" y desigualdades estructurales de la sociedad chilena, ha sido la política económica de los Chicago Boys caracterizada por políticas macroeconómicas de ideología liberal basada en la libertad de mercado (que permitiría un desarrollo económico acelerado y una eficiente distribución de la riqueza), y por una reestructuración de las relaciones laborales debilitando el poder sindical y atrincherándolo a la relación empleador-trabajador.

Sobre este escenario surgen reformas laborales que dejan intacta las bases esenciales del Plan Laboral de 1979 o la revolución laboral de José Piñera Echeñique, sí, hermano del actual mandatario. Lo que explicaría este eclipsamiento de la clase política postdictatorial ante las bondades del neoliberalismo tiene su raíz en el reformismo gatopardista de los gobiernos Concertacionistas y de la Nueva Mayoría.

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Viendo así las cosas esta precarización laboral, bajos salarios y pobreza laboral tiene su causa en un modelo económico capitalista que ha privilegiado lo externo a través de una estrecha relación entre las élites y la política, liberalizando y privatizando las actividades económicas, permitiendo que la inversión extranjera y los tratados de libre comercio succione todo tipo de recursos en desmedro de una población que ha sido ignorada, menospreciada y concienciada en una sociedad de consumo donde el homos economicus y la competencia entre las personas ha sido el valor primario.

Entonces, este desbordamiento de los gobiernos postdictatoriales validaron el modelo económico reconociendo la propiedad de los medios de producción como determinante de las relaciones de dominación y subordinación sobre las que descansa la propiedad privada  desprotegiendo la fuerza laboral que vende su capacidad de trabajar expresada en un salario mínimo carente de suficiencia para solventar sus gastos necesarios de subsistencia, surgiendo así la pobreza laboral, que es definida por la Organización Mundial del Trabajo (OIT, 2015) como "la pobreza puede producirse cuando, con el propio trabajo, se es incapaz de generar ingresos suficientes para mantener un nivel mínimo de vida. Por tanto, el alcance de la pobreza puede apreciarse como resultado del funcionamiento de los mercados del trabajo".

Como síntesis podemos decir que la desregulación del mercado laboral y sus niveles de profundización y sofisticación sobre las que se ha sometido a las y los trabajadores producto de los enfoques y objetivos de los diferentes gobiernos, descansan en la variedad de organizaciones sindicales (división interna) sin derecho a negociar colectivamente que implica una nula capacidad de actuar como contrapoder del empresariado, es decir, el Plan Laboral de 1979 es funcional a la economía de libre mercado centrada en el crecimiento económico, la competencia, el patriarcado, la equivalencia entre remuneración y producción y el pleno empleo, neutralizando las demandas laborales, concibiendo al mercado laboral como un ente autorregulador, donde la mano invisible del mercado es el máxime de las relaciones laborales.

De ahí la importancia  que las elecciones de constituyentes alcancen una amplia mayoría de representantes de la soberanía popular, (independientes), donde reside el poder verdadero para cambiar la historia, es por eso que este domingo 16 de mayo de 2021, el vulgo despreciado por las élites chilenas se presente a votar y actúe como clase para vencer el tercio y tener la oportunidad de cambiar lo hasta ahora vivido.

Referencias

[1] Información de La tercera y Pulso, 12 mayo 2021.

[2] CASEN presenta los valores en pesos chilenos efectivo.

[3]  Al salario mínimo mensual se debe descontar los porcentajes de salud 7% y AFP que fluctúan entre un 10% y 12% mensual.

[4] Tasa de Desocupación: Mide el número de personas desocupadas expresadas como porcentaje de la fuerza de trabajo. Desocupado es toda persona en edad de trabajar que no estaban ocupados durante la semana de referencia, que habían llevado actividad de búsqueda de un puesto de trabajo durante las últimas cuatro semanas (incluida la de referencia) y que estaban disponibles para trabajar en las próximas dos semanas; Tasa de Ocupación: Los ocupados son todas las personas en edad de

Fotografía principal: Meganoticias