A través de un reportaje publicado por Radio Bio Bio se logró difundir una situación denunciada por el Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Servicio Nacional de Menores (SINTRASUB SENAME), la cual da cuenta de un convenio establecido entre este ente y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) oficializado a finales de febrero de 2020.
Por Javier Arroyo Olea / resumen.cl
Haciendo referencia a las bases institucionales de ambos organismos, el convenio se orienta -declara el documento- hacia el "intercambio de información y aunar esfuerzos para realizar un trabajo conjunto, a fin de contribuir al logro de una mejor y más eficiente gestión en el cumplimiento de las funciones privativas que la ley les encomienda a ambas instituciones". En este contexto, se han presentado diversas posturas respecto al convenio en cuestión, donde ya se han comenzado procedimientos por parte de organismos para dejar sin efecto dicha relación.
Con una duración y vigencia indefinida, el convenio establece una alianza estratégica entre los organismos en cuestión que, además de apoyar el logro de los objetivos institucionales y aspectos de capacitación, facilitaría el acceso por parte de la ANI a información que posea el SENAME y sea entendida como «relevante» para la producción de inteligencia. Asimismo, se establecería una asistencia hacia el SENAME respecto a la protección de sus sistemas de información crítica.
Para llevar a cabo estas acciones de intercambio de información, los organismos utilizarían enlaces formales de cada institución, reuniones de trabajo y los servicios tecnológicos que se estimen pertinentes. De esta forma, cada institución designaría a una persona como «coordinador general» para establecer los lazos de comunicación y acciones necesarias.
Las reacciones fueron diversas y amplias en lo que respecta al desarrollo de este convenio. Por una parte, el SINTRASUB SENAME hizo pública una declaración donde exigieron el rechazo y dejar sin efecto el acuerdo entre ambas instituciones, además de la destitución de Susana Tonda -actual Directora Nacional del SENAME- no solo por esta situación, sino que también por «el silencio cómplice mostrado ante las numerosas violaciones a derechos humanos de NNJ desde la revuelta popular de Octubre de 2019».
Te puede interesar: Marcha No Más SENAME fue reprimida con un herido a bala y encerronas de Carabineros en Plaza Perú y U. de Concepción
Por otro lado, la Defensoría de la Niñez interpuso este miércoles 22 de abril un recurso de protección contra el convenio entre los organismos. Entendiéndolo como expresión de la desconexión que existe entre el SENAME y las orientaciones de protección hacia niños, niñas y jóvenes (NNJ), Patricia Muñoz -Defensora de la Niñez-, en conversación con el medio Cooperativa, declaró que no se encuentra un asidero legal del convenio considerando, entre otras cosas, que "los objetivos de la ANI están radicados precisamente en la generación de inteligencia y en la generación de investigaciones que tienen que ver a la protección de la soberanía del Estado, al combate del terrorismo, situaciones que no se vislumbran de qué manera podrían ser concordantes la información contenida».
Paralelamente, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) a través de su director nacional, Sergio Micco, hizo público a través de su cuenta de Twitter un oficio hacia el SENAME y el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, el cual tiene como objetivo que se den a conocer los fundamentos de un convenio entre las respectivas instituciones. De esta forma Micco expuso que, como Instituto, «nos preguntamos desde ya qué tiene que ver el interés superior de un niño con una Agencia Nacional de Inteligencia», refiriéndose a NNJ que se encuentran, justamente, bajo custodia y cuidado del Estado y de los cuales podría afectar gravemente su derecho a privacidad.
Por su parte Jorge Jaraquemada, presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), invitó a repensar el convenio debido a que pudiera afectar garantías constitucionales de NNJ, considerando -entre otras cosas- la consciencia que pueden tener estos sobres los riesgos, garantías y derechos que se ven involucrados.
Dentro de este marco de discusión, Gonzalo Blumel, en calidad de ministro del Interior, del que depende la ANI, defendió el convenio en base a la normalidad que significa que organismos del Estado establezcan acuerdos de colaboración entre sí, mientras que el SENAME, a través de un comunicado de prensa, planteó su "compromiso irrestricto (...) con los derechos y la protección de los niños, niñas y adolescentes, velando por su bienestar y la protección de su información", enfatizando, entre otras cosas, en que la Agencia Nacional de Inteligencia está facultada, por ley, para solicitar información a los servicios públicos y que, bajo la misma, esta debe ser entregada. Además, el convenio garantizaría, según el organismo, la confidencialidad de los datos debido a las prohibiciones legales y limitaciones existentes.
El convenio: